El presidente del Gobierno de Extremadura, José Antonio Monago, ha negado que la bajada del IRPF que anunció este  martes sea una 'rebelión' y  se ha mostrado 'convencido de que el señor Rajoy está totalmente de acuerdo' con la propuesta de esta comunidad una vez que 'ha estabilizado sus cuentas'.

Monago ha hablado tras el Debate Sobre el Estado de la Región y ha considerado que este anuncio de bajar impuestos 'no tendría que tener tanta repercusión', ya que lo ha hecho el Gobierno extremeño es 'actuar en el tramo autonómico' del IRPF, una vez que 'todo el pueblo extremeño' ha realizado 'un esfuerzo muy importante'. 

En su intervención, José Antonio Monago ha recordado que Extremadura era la segunda comunidad autónoma con mayor déficit y en estos momentos es la que tiene menos, 'y esto no lo ha regalado nadie', sino que 'ha sido fruto de un ajuste de más de 500 millones de euros que han tenido que soportar los ciudadanos' de la región. 

El presidente extremeño desea 'fervientemente' que el resto de las CCAA lo hagan 'conforme le vayan pudiendo acompañar los resultados'. Las comunidades gobernadas por el Partido Popular apoyan la decisión del presidente extremeño. Catalunya y Canarias, en contra, definen la bajada de impuestos de 'gesto forzado'.

El presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, se ha mostrado partidario de las rebajas de impuestos, como la anunciada por su colega de la Junta de Extremadura,  pero ha advertido que apuesta por ello 'siempre que se haga con cargo a recursos propios'. 'Como lo estamos haciendo nosotros', ha apostillado.

El presidente del Gobierno madrileño ha recalcado que está a favor de la bajada de impuestos y ha recordado que Madrid es la comunidad 'que tiene menor presión fiscal de España' porque creen 'que esa es una buena política incentivadora'.

Ignacio G0nzález advierte que Madrid será solidaria hasta que se pongan en riesgo los recursos de los madrileños

González también ha advertido de que Madrid será solidaria hasta que se ponga 'en riesgo' los recursos que necesita para financiar los servicios públicos de los madrileños.

El consejero de Hacienda de Castilla-La Mancha, Arturo Romaní, ha asegurado que cada uno sabe 'los márgenes que tiene' y que en el caso de la comunidad castellano-manchega se ha puesto el foco en 'diversos colectivos' con la aplicación de las bonificaciones fiscales. 

Romaní ha explicado que se trata de una 'rebaja selectiva' que ha ido enfocada a colectivos que merecía una 'especial protección' como las familias numerosas, los mayores, estudiantes, discapacitados, cooperativas agroalimentarias, empresarios que financian su deuda o emprendedores. 

En Cantabria, el presidente de la Comunidad, Ignacio Diego,  ha dicho que 'comparte en filosofía, y en convicción política' la decisión de Monago, que ha calificado de 'valiente', pero ha explicado que en el caso de Extremadura esta rebaja fiscal es posible por un ingreso de más de 300 millones de euros que el Gobierno extremeño ha recibido como consecuencia de una sentencia judicial favorable.

Diego ha anunciado, también, que su gobierno está estudiando 'fórmulas' que permitan o bien una reducción de impuestos o tasas o bien implementar ayudas para favorecer a las empresas y hacer 'más llevadera' a las familias su 'relación fiscal' con la Administración regional.

En Catalunya el primer secretario del Partido Socialista Catalán, Pere Navarro, ha criticado la decisión del presidente de Extremadura porque la bajada del IRPF que ha anunciado es 'injusta cuando hay ciudadanos de otros territorios que están haciendo un esfuerzo de solidaridad con Extremadura'.

Navarro ha considerado, además, que la decisión del Gobierno extremeño es un lujo que no debería permitirse ahora mismo, ya que ha argumentado que baja los impuestos con el dinero que Cataluña debería gastarse 'para hacer políticas de ayuda a las personas con más dificultades'.

Paulino Rivero, presidente del gobierno de Canarias, ha explicado que su Ejecutivo está 'en condiciones' de bajar impuestos en las islas si el Estado revisa el sistema de financiación autonómica y el archipiélago recibe los 1.000 millones de euros que, a su juicio, le 'corresponden'. Además, ha tildado la acción de Monago como 'gesto forzado' por el apoyo político de Izquierda Unida.