El principal sindicato agropecuario francés, FNSEA, y la organización Jóvenes Agricultores han puesto contra las cuerdas a Emmanuel Macron y, de paso, han prendido la llama del malestar del campo con las políticas agrarias de la UE. 

Los jornaleros, que llevan días realizando protestas y boicoteando los productos españoles que cruzan la frontera pirenaica, preparan una llegada masiva de tractores a París para tratar de bloquear la capital gala. Una marcha que ha contagiado el desencanto a los agricultores de otros países europeos, como Bélgica, Italia o, ahora, España.

Hogueras, barricadas, caravanas kilométricas de tractores y camiones paralizados en las fronteras han atraído la atención mediática y disparado la repercusión, aunque no hay un motivo único que explique esta movilización. La crisis del sector, según las organizaciones involucradas en las protestas, es poliédrica y pone en el punto de mira al Gobierno de Francia, pero también a la Unión Europea. 

Los trabajadores del campo reivindican en su manifiesto "una remuneración justa", algo que tiene que ver con la crisis inflacionaria que sufre Europa y, por ende, con los elevados precios de producción. No en vano, los sindicatos agrarios franceses reclaman una actualización de la Ley de los Estados Generales de la Alimentación, para garantizar que agricultores y ganaderos puedan producir sin pérdidas.

Esta demanda pone sobre la mesa la dificultad de la Administración para atar en corto a los intermediarios y a las cadenas de distribución, que aprietan a los productores e imponen precios bajos para ensanchar sus márgenes de beneficios.

Baja retribución y escasez de ayudas en Francia

El profesor de Economía de la Universidad Complutense de Madrid Carlos Sánchez Mato apunta a "un cóctel perfecto" que explica el creciente malestar del campo francés. A la baja retribución de los productores se suma allí la escasez de ayudas económicas por parte del Estado durante la crisis económica derivada de la guerra de Ucrania.

En cambio, "en España, esos planteamientos [ayudas] se ponen en marcha pronto, primero con el Real Decreto Anticrisis y su posterior ampliación, que venía con muchas subvenciones para el sector agrario y pesquero", explica.

De hecho, esta es una de las causas por las que algunos colectivos agrarios franceses han bloqueado la frontera y destrozado alimentos producidos en España. El primer ministro galo, Gabriel Attal, ha aprovechado esta situación para sacudirse las culpas y señalar a los agricultores españoles por "competencia desleal", por producir más barato –las diferencias salariales son una realidad– y por disponer de menos restricciones fitosanitarias. 

"El hecho de intentar externalizar el problema en su disputa con agricultores y echar la culpa a España tiene que ver con la realidad de Europa y las diferencias que existen entre países", argumenta Sánchez Mato. "La mano de obra española es más barata, además de que existen explotaciones con trabajadores semiesclavos como Murcia, Almería o Huelva. Pero esta lógica trasciende a Europa, ya que los acuerdos comerciales con Marruecos o Mauritania dan a estos países una ventaja competitiva sobre los cultivos europeos", desarrolla.

España se suma a la ola de protestas agrarias

A pesar de que los productores españoles se han visto perjudicados por el boicot en la frontera, la realidad del campo español puede llegar a ser similar a la de Francia. Con una inflación mucho más contenida y un Estado más protector, los agricultores y ganaderos de España comparten algunos problemas con sus vecinos del norte y han convocado movilizaciones a escala regional.

A diferencia de lo ocurrido en Francia, las organizaciones agropecuarias españolas COAG, ASAJA y UPA no llaman al boicot, en este caso de productos marroquíes, sino que demandan un cambio en las políticas de la UE y exigen, según explican, que se paralicen los acuerdos comerciales con terceros países, que "agudizan" los problemas del campo, según explican.

En este caso, se reclaman medidas muy concretas: paralizar las negociaciones del tratado Mercosur, que de seguir adelante permitiría traer productos a menor coste de Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay; no ratificar los acuerdos con Nueva Zelanda; y frenar las negociaciones con Chile, Kenia, México, India y Australia.

Los convenios comerciales con países ajenos a la UE, según los agricultores españoles, suponen una competencia desleal, ya que permiten la entrada de alimentos que no han sido producidos bajo los estándares ambientales y de calidad de Europa, y que además se elaboran con una mano de obra mucho más barata. 

La PAC y el mal reparto del pastel 

Lo que une y vertebra el conjunto de las protestas que parecen expandirse por Europa es el descontento con la PAC, la política agraria comunitaria de la UE. Los manifiestos de las organizaciones españolas y los de los sindicatos franceses hacen hincapié en la necesidad de "flexibilizar" la PAC y "eliminar la burocracia". 

Celsa Peiteado, portavoz de la coalición Por Otra PAC, denuncia el mal reparto de las ayudas. "Gran parte de las subvenciones van a parar a grandes explotaciones muy intensivas, a pesar de que son las que menos lo necesitan", describe.

Según los datos de la Comisión Europea, el 80% de los fondos se los reparten el 20% de los beneficiarios. Muchos de ellos, tal y como recogió Público en una investigación, ni siquiera son empresas dedicadas a la agricultura.

"A pesar de que se han realizado reformas, el régimen del pago básico de la PAC sigue siendo igual, porque se basa en un concepto que son los derechos históricos, los cuales siguen premiando bajo la fórmula 'mayor superficie, mayor ayuda'", indica Peiteado.

Riesgo de que la ultraderecha capitalice el movimiento

Aunque el paquete de reivindicaciones contiene sesgos anticapitalistas, en la izquierda y los sindicatos de clase hay todavía cierto recelo a la hora apoyar las protestas. Esto tiene que ver, según explica Arthur Meandro, politólogo especializado en el sector agrario francés, con que el campo "suele tener un voto más de derechas". También con que existen algunas exigencias polémicas como una mayor flexibilización de los criterios ambientales que rigen la PAC. 

"En Francia este movimiento se está pareciendo bastante al inicio de los chalecos amarillos. Al principio hubo una duda en los entornos de izquierdas porque, como ocurre en España, las protestas del campo son capitalizadas por la extrema derecha", explica.

En el caso de Francia, las primeras acciones fueron convocadas desde la FNSEA, la organización que representa los intereses de la agroindustria. Sin embargo, la UGT, el principal sindicato de clase del país, ya ha apoyado las movilizaciones y "hay también muchos agricultores sin afiliación", agrega Meandro. 

En España, las organizaciones que han convocado las protestas representan diversidad ideológica, con COAG y UPA en un ala más progresista y ASAJA, más vinculada a la agroindustria. Sin embargo, los tres colectivos han mantenido siempre distancias con la ultraderecha, llegando el año pasado a desmarcarse de las movilizaciones convocadas contra el Gobierno por SOS Rural, una plataforma vinculada a Vox.