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Tarjetas black Anticorrupción pide una vistilla para acordar medidas para Blesa, pero no para Rato

La mayoría de los condenados por las tarjetas black ha avanzado que recurrirán la sentencia ante el Supremo

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El expresidente de Caja Madrid, Miguel Blesa (i), y su sucesor y luego presidente de Bankia, Rodrigo Rato (d), en el banquillo de los acusados durante el juicio por las tarjetas black. REUTERS/Chema Moya

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado este lunes un escrito en la Audiencia Nacional en el que solicita que se convoque una vistilla para acordar medidas cautelares contra el expresidente de Caja Madrid y principal condenado por las tarjetas black Miguel Blesa, si bien no realiza ninguna petición sobre su sucesor en el cargo Rodrigo Rato, condenado a cuatro años y medio de prisión por el mismo caso.

La solicitud de Anticorrupción se conoce después de que el pasado jueves la Sala de Lo Penal hiciera pública la sentencia en la que condena a los 65 acusados a penas de cárcel que van desde los 3 meses hasta los 6 años por delito continuado de apropiación indebida debido al uso personal que hicieron con las tarjetas opacas al fisco.

Estas medidas se solicitan a la espera de que la sentencia sea firme (ya que cabe recurso contra la misma ante el Tribunal Supremo) y pueden ir desde comparecencias judiciales hasta retirada de pasaporte, prisión eludible con fianza y prisión incondicional.

Tanto Blesa como Rato (a los que el tribunal que preside la magistrada Ángela Murillo les acusó de quebrar la lealtad que la caja depositó en ellos) siguen imputados en la pieza principal del caso Bankia y tienen cuentas pendientes en sendos juzgados ordinarios de instrucción de Madrid.

En concreto, Blesa se sentará en el banquillo de los acusados después de que se abriera nuevo juicio contra él por los sobresueldos cobrados por exdirectivos de Caja Madrid mientras que Rodrigo Rato está siendo investigado por el juez Antonio Serrano-Arnal, titular del Juzgado de Instrucción número 31 de Madrid, en relación con su patrimonio.

El expresidente de Caja Madrid Miguel Blesa y la práctica totalidad de los 65 condenados, por su parte, recurrirán en casación la sentencia de la Audiencia Nacional conocida el pasado jueves, el mismo día que el exvicepresidente del Ejecutivo Rodrigo Rato anunció su intención de interponer recurso tras conocer la notificación.

La Confederación Intersindical de Crédito (CIC), personada como acusación popular en la causa, también solicitó al tribunal el pasado viernes la convocatoria de la vista (regulada en el artículo 505 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) para decretar prisión "provisional comunicada y sin fianza" para Blesa, presidente de Caja Madrid entre 1996 y 2010 y su sucesor al frente de la caja extinta y de Bankia Rodrigo Rato.

Dilapidaron los fondos de Caja Madrid

La sentencia de la Audiencia Nacional que recoge la condena de los 65 exaltos cargos y directivos de Caja Madrid y Bankia y de la que fue ponente la magistrada Teresa Palacios, fundamentó la condena a los 65 beneficiarios en el uso personal que hicieron de las visas que recibieron a su llegada a la entidad nacionalizada y a las que cargaron un total de 15 millones de euros entre 1999 y 2012.

El tribunal determinó que la práctica nacida bajo un acuerdo del Consejo de Administración del 24 de mayo de 1988 acabó derivando en un sistema con el que se dilapidó el patrimonio de Caja Madrid. En concreto reprochó a los acusados que perpetuaran en el tiempo esta práctica y no la eliminaran y que no era de recibo que estas personas "altamente cualificadas" sostuvieran abiertamente que podían hacer uso de unas tarjetas de empresa integradas en su salario.

Pese al argumentario de los acusados, el tribunal consideró probado que fueron colaboradores de una práctica oculta a los supervisores y señaló especialmente a Miguel Blesa y a Rodrigo Rato, de quienes dijo que se situaban en el "punto de partida de la distracción de fondos de la entidad. "La lealtad quebrada se hace evidente, por anteponerse los fines personales a los intereses sociales que eran los bancarios y no otros", precisa la resolución.