Los paraísos fiscales, territorios que se han convertido en el refugio de fondos y empresas patrimoniales de los magnates de todo el planeta por su baja presión fiscal, a veces inexistente en la práctica, y por las facilidades que sus registros ofrecen para ocultar la identidad de los propietarios reales de esas fortunas, acumulan activos por valor de cerca de seis billones de dólares y, según las estimaciones del FMI (Fondo Monetario Internacional), generan a las haciendas estatales unas pérdidas de más de 500.000 millones de euros cada año.

¿Cómo puede producirse ese descomunal trasiego de fortunas y ese carrusel de cambios de dueños formales de esos bienes y fondos sin que nadie se percate de ello pese a los bofetones de realidad que periódicamente suponen filtraciones como los 'papeles de Pandora' o, en su día, los de Panamá o Castellana?

Mientras las distintas autoridades globales y países van modificando sus respectivos listados de paraísos fiscales, frecuentemente a la baja, como acaba de hacer la UE, y a menudo más por motivos de carácter político y diplomático que de justicia fiscal, la facilitación de tinglados off shore para la elusión fiscal se ha convertido en una pujante industria global que sigue atrayendo a magnates y empresas  deseosos de alojamientos discretos y de tratamientos fiscales benignos para sus fortunas.

La elusión se diferencia de la evasión en que la primera se lleva a cabo sin vulnerar las leyes de los países en los que se domicilian los tinglados para pagar menos impuestos en los de residencia. Eso solo se convierte en evasión si el fisco logra probar que la finalidad de esos aparatajes es cometer un fraude tributario.

Esa querencia de los potentados por las zonas societarias de sombra y los impuestos ‘low cost’ ha generado una potente industria de ámbito global que se dedica a facilitar los tinglados jurídicos que permiten esa elusión fiscal, que tiene puertas de acceso al alcance de cualquiera y que, normalmente, operan con todas las de la ley de esos territorios, cuyos Estados se benefician de la atracción de un número elevado de pequeños contribuyentes con perfiles de grandes propietarios.

Ofrecen servicios en deseos o situaciones complicadas

Ofertas de servicios "en torno a deseos específicos, circunstancias y, en algunos casos, situaciones complicadas". De hecho, resulta sorprendente, o quizás no tanto en realidad, cómo un somero rastreo en internet permite contactar con despachos de abogados de países como Panamá, Singapur o Andorra, y de territorios como Gibraltar, que ofrecen servicios de creación de fideicomisos, una figura originariamente relacionada con la protección de herencias que con el tiempo ha mutado en la del testaferro de toda la vida, el hombre de paja que, sin serlo, figura como propietario de bienes y fondos de otros.

También resulta frecuente la presentación de redes de trabajo de ámbito internacional, con especialistas en la jurisdicción global y en las locales que pueden facilitar la elusión fiscal.

Hay despachos con líneas de negocio específicas dedicadas a asuntos fiduciarios, que presentan el fideicomiso como una figura que "permite a cualquier persona o corporación segregar un patrimonio para que sirva a fines específicos" como "planificación familiar y empresarial, (…) inversiones en distintos tipos de bienes, protección legal de activos, servir de garantía para una operación comercial de desarrollo inmobiliario u otro tipo de operaciones".

En otros casos la cartera de servicios, que incluye directamente "vehículos off shore" y "repatriación de fondos", ofrece "experiencia en las disciplinas interrelacionadas que afectan la planificación patrimonial y la protección de activos, así como la experiencia para manejar la planificación de cualquier nivel de complejidad. Independientemente del valor neto de un cliente, temas de planificación giran en torno a deseos específicos, circunstancias y, en algunos casos, situaciones complicadas". 

"Ofrecemos asesoramiento fiscal y de planificación para las jurisdicciones locales, pero también podemos proporcionar una planificación que abarque las necesidades de los clientes que tienen activos o beneficiarios en casi cualquier parte del mundo", remata la propuesta este último despacho.

Este tipo de operativas, que saltan a las pantallas con marcas como Mossak-Fonseca en los ‘papeles de Panamá’ o con Trident Trust en los ‘Pandora Papers’ son, en realidad, algo generalizado y amparado, si no promovido, por las legislaciones locales.

Una carrera "para ofrecer regímenes más abusivos"

La opacidad de figuras como el fideicomiso y la fiducia en la mayoría de los territorios con rasgos paradisíacos la convierte en "un gran riesgo para el bienestar social, por permitir la comisión de delitos como el lavado de dinero, la corrupción o la evasión fiscal", señala un estudio de la oenegé de transparencia Tax Justice, que advierte de cómo esos territorios, en una "carrera hacia la baja para ofrecer regímenes cada vez más abusivos" fomentan al socaire del fideicomiso "usos no ilegales ‘per se’, pero de dudosa legitimidad" como la planificación fiscal y la protección del patrimonio.

"No hablamos de personas de a pie sino de dueños grandes fortunas que son clientes de grandes despachos y asesorías que trabajan en varios países y que, aunque no facilitan el camino, sí ofrecen el contacto" para poner en marcha esa rueda, explica José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de los inspectores de Hacienda, que recuerda cómo "en internet hay decenas de despachos cuyas web explican los trámites que ofrecen y los honorarios por ellos".

"Los canales son distintos para sociedades y para individuos, por mucho que estos últimos también creen empresas ‘off shore", anota Susana Ruiz, responsable de Justicia Fiscal de Oxfam-Intermón.

La ruta ‘off shore’ para particulares

La operativa para los particulares se basa en la constitución de sociedades en paraísos fiscales a través de testaferros y fiduciarios que aparecen como sus responsables. Estas empresas adquieren las acciones (o parte de ellas) de las patrimoniales a nombre de las cuales están los activos, ya sean participaciones societarias o bienes, de quien quiere sacarlos del radar del fisco de su país, con lo que actúan como una pantalla que enmascara la propiedad real y dificulta la identificación del dueño.

Una vez armado ese tinglado, la eventual venta de los activos, ya sea una factoría, un edificio, una obra de arte o cualquier otro, o el cobro de dividendos se realizaría en ese paraíso, con menor (o ninguna) tributación y sin pagar por ello donde el bien cambia efectivamente de manos: la compraventa efectiva de una casa en España puede consistir formalmente en el traspaso de unas acciones en Panamá, una operación libre de impuestos en el primero de esos países.

El presidente de Chile, Sebastián Piñera, utilizó una operativa de este tipo para vender participaciones de una empresa minera, mientras el expremier británico Tony Blair y su esposa usaron una similar para poseer desde las Islas Vírgenes un inmueble en el centro de Londres, según han revelado los ‘Pandora Papers’.
"Las operaciones no se formalizan ni tributan donde se encuentra el activo y realmente se llevan a cabo sino donde está su dueño oficial", explica Ruiz.

Tinglados paradisíacos para empresas

"Utilizan los límites del sistema", advierte Ruiz, que señala como objetivo principal de los entramados que organizan las empresas en paraísos fiscales "la búsqueda de mecanismos que artificialmente les permitan adelgazar su base fiscal" para pagar menos impuestos.

En este caso, en el que la transparencia sobre la identidad del propietario puede no tener importancia, el tinglado parte de la domiciliación documental de una parte del negocio en territorios de baja tributación mediante la constitución de sociedades filiales que o bien suministran una parte del producto o bien son titulares de créditos o poseen las patentes o derechos de autor de esos artículos.

Eso obliga a la empresa matriz a canalizar hacia esos territorios un volumen de gastos que en el país de origen adelgaza su factura fiscal y que se convierte en mayor o menor medida en ganancias netas en los países de destino, desde donde son recuperados como dividendos de una filial que ya ha tributado allí por ellos, con lo que apenas tiene que pagar impuestos desde la sede central.

Algunos gigantes tecnológicos han mejorado esa estrategia para pasar a vender desde los paraísos fiscales en los que tienen sus sedes, y facturar y tributar en ellos, productos que, sin embargo, se encuentran en el mismo en el que reside el consumidor y a menudo han sido fabricados en él.

Dinero que desaparece en compras sin mercancía

Los gastos simulados, que son otra de las estrategias que se utilizan para sacar sumas de dinero de países con regímenes tributarios homologados y canalizarlas hacia paraísos fiscales, comienzan con el pago de una cantidad notable de dinero en un país extracomunitario por una mercancía que acaba por no ser recibida al haber desaparecido oficialmente, ya sea en un incendio o en un naufragio, cuando en realidad nunca había existido.

El dinero había ido a parar a una cuenta a nombre de una empresa con un administrador fiduciario y abierta en el país en el que se simula la compra, pero no por este último sino por el propietario real de los fondos, que a partir de ahí puede moverlos hacia otros territorios utilizando la banca online y sin que el testaferro llegue a enterarse de esas transferencias.

"Con esa operativa, que es muy difícil de desentrañar, tiene el dinero fuera de España y además puede deducirse un 25% de esa cantidad como gastos aquí en el impuesto de Sociedades, ya que los fondos realmente salieron del país", indica Mollinedo.

Billetes que no viajan y tarjetas que delatan

El traslado material del dinero está cayendo en desuso como práctica evasiva, algo que ha afectado a variaciones como los viajes aparentemente de ocio a lugares como Andorra o las islas del Canal con alijos de billetes para ingresarlos en cuentas abiertas en sus bancos y, también, al pase por el casino en el que los fondos en ‘B’ se cambian por fichas para, pasado un rato y sin haberlas apostado, volver a convertirlas en efectivo, o en transferencia a una cuenta, sin olvidarse en ningún caso de pedir el justificante que blanquea esa cantidad como ganancias del juego.

"Eso no es tan fácil. Hay quien lo hace, pero con cantidades pequeñas", apunta Ruiz. "La gente ya no viaja con maletines. Hay libertad de movimiento de capitales, y moverlos en efectivo entraña riesgos como que se lo roben o se lo intervenga la Policía", refuerza Mollinedo, que añade que "hay métodos más sencillos y que no tiene que inventar el empresario, sino que se lo facilitan".

No obstante, sigue habiendo algunas excepciones como las organizaciones de narcotraficantes, que a menudo carecen de la capacidad necesaria para blanquear las cantidades de efectivo que recaudan. Antes de la pandemia, el tráfico de drogas al menudeo movía más de veinte millones al día en España.

Lo que sí se utiliza son tarjetas de crédito vinculadas a cuentas abiertas en paraísos fiscales para gastar el dinero trasladado a ellos o generado mediante operaciones cerradas allí, algo que ha permitido a los inspectores de Hacienda esclarecer algunas tramas de defraudación.

"Detectar el fraude no es imposible, aunque tampoco es sencillo", explica Mollinedo, que destaca cómo los 1.393 millones de euros recaudados entre 2018 y 2020 por la unidad que se centra en los grandes contribuyentes, los que tienen rentas superiores al millón de euros anuales o patrimonios de más de treinta, supuso solo "el 2,9% de la lucha contra el fraude. Hace falta una decisión política para reforzarla".