Los juzgados territoriales no quieren saber nada de las víctimas de la represión franquista. Más de ocho meses después de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, se inhibiese en favor de 43 tribunales según el recuento de los denunciantes para investigar esos delitos, tan sólo tres magistrados han aceptado la investigación. La gran mayoría ha optado por archivar la causa y sólo cuatro están pendientes de decidir qué hacer.

Los denunciantes que acudieron a la Audiencia Nacional están recibiendo un portazo similar por parte de jueces y fiscales. Según la información que han podido recopilar de las inhibiciones, el proceder usual de los jueces está siendo el siguiente. En primer término, se acepta la inhibición de Garzón. Analizado el caso, es considerado un delito común que ha prescrito puesto que fue cometido hace más de siete décadas y, por último, se archiva. La fiscalía está apoyando estas decisiones, por lo que los casos están cayendo en saco roto.

Tan sólo los juzgados de Benavente (Zamora), Palencia y Villacarrillo (Jaen) han optado por otra vía y están investigando el asesinato. En su opinión, no es un delito común, sino de desaparición forzosa, lo que obliga a esclarecer el casos hasta que se conozca todo sobre la víctima. Otros juzgados, como los leoneses de Villablino y Astorga, Ejea de los Caballeros (Aragón) o el de Bilbao están estudiando su decisión. Los juzgados de instrucción de Madrid y Zaragoza han desestimado la denuncia sin más.

Las asociaciones de víctimas del franquismo no se resignan a que la justicia les dé la espalda. El pasado 25 de junio fueron descubiertos unos restos humanos en una fosa en Santalla (Priaranza del Bierzo, León) en una excavación arqueológica a cargo de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH). El vicepresidente del colectivo, Santiago Macías, acudió a la Guardia Civil para denunciar el hallazgo. Los agentes informaron al juzgado de Ponferrada (León). A los dos días fueron extraídos los esqueletos para su identificación sin que ningún representante judicial investigara por qué cinco personas acabaron enterradas junto a un camino con un tiro en la sien.

En opinión de Macías, el juzgado incumple el artículo 340 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Esta norma obliga al juzgado a abrir instrucción 'por causa de muerte violenta o sospechosa de criminalidad, antes de proceder al enterramiento del cadáver o inmediatamente después de su exhumación [...] se identificará por medio de testigos que, a la vista del mismo, den razón satisfactoria de su conocimiento'.

Los restos de los cinco cuerpos de Santalla serán identificados por la antropóloga forense, Roxana Ferllini, contratada por la ARMH. La iniciativa privada de este colectivo, sufragada en este caso por una subvención del Ministerio de Presidencia, es la única forma que tienen los descendientes de los cinco asesinados de darles una tumba convencional. Es decir, digna.