La Sección Quinta de la Audiencia de Valencia ha acordado la libertad para los seis condenados en el caso Emarsa para los que las acusaciones han pedido prisión en las "vistillas", al no apreciar riesgo de fuga.

La Sala les impone, como medidas cautelares, la prohibición de salir del territorio nacional, la retirada del pasaporte y la obligación de comparecer dos veces al mes — los días 1 y 15— en sede judicial, ha informado el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).

Los condenados del caso Emarsa con penas de prisión más altas han comparecido ante la Sección Quinta de la Audiencia de Valencia. Todos los citados en esta jornada tienen penas superiores a los seis años de cárcel.

Se trata de Vicente Ros, condenado a 6 años y seis meses de cárcel, y Enrique Sena, pena de 6 años y un día, ambos relacionados con Notec; el exgerente de la Epsar José Juan Morenilla, 9 años; el exvicepresidente 'popular' de la Diputación de Valencia, exalcalde de Manises y expresidente de Emarsa Enrique Crespo, 10 años; el exdirector financiero de la entidad Enrique Arnal, 8 años y seis meses, y, finalmente, el exgerente, Esteban Cuesta, condenado a 12 años y medio de prisión.

Por su parte, el séptimo de los citados a las vistillas de esta jornada, el exinformático Sebastián García Martínez 'Chanín', —condenado a 7 años y seis meses— también se ha presentado, pero su comparecencia se ha pospuesto porque su abogado no ha podido estar presente.

La comparecencia de prisión u otras medidas cautelares para el condenado Sebastián García se pospone al 5 de julio a petición de su letrado, según las mismas fuentes.

Lo que se ha conocido como el caso Emarsa se refiere al saqueo de 24 millones de euros en la depuradora de Pinedo (Valencia).

Los principales responsables de la empresa pública que gestionó la depuradora de la pedanía valenciana de Pinedo articularon un sistema fraudulento de facturación con el que lograron el desvío de 23,5 millones de euros de dinero público. Para ello se concertaron con varios empresarios que emitían facturas por servicios no prestados o por un importe muy superior al coste real. De este modo, incorporaron a su patrimonio o al de familiares y amigos el dinero defraudado.