De vez en cuando el racismo, la homofobia y la desigualdad despiertan alguna sutil polémica en el mundo del fútbol. Los debates son contados, pero esto no impide que la FIFA, cuando tiene oportunidad, saque pecho de su compromiso con "todos los derechos humanos reconocidos internacionalmente". En los estatutos, el organismo ensalza sus valores y garantiza un esfuerzo por la protección de todo tipo de libertades. Libertades que, se supone, también serán de estricto cumplimiento en el Mundial de Catar. De hecho, la propia FIFA ha firmado con el emirato una serie de acuerdos para impulsar ciertos avances en materia de tolerancia y derechos fundamentales, cuentas todavía pendientes para la potencia arábiga. El pacto se materializó en 2010, cuando se tomó la decisión de premiar a Catar con la acogida de la cita deportiva. Se planteaban reformas laborales respetuosas con los trabajadores migrantes, así como mejoras en el trato hacia las mujeres y el colectivo LGBTI, arbitrariamente perseguido. El Mundial arranca este domingo y los avances siguen sin llegar. El tiempo se acaba y pronto será tarde para prórrogas.

Los compromisos olvidados

Con este Mundial de fútbol la FIFA buscaba progreso. Se llegó a decir que la elección de Catar como destino respondía a una cuestión estratégica, capaz de contribuir al desarrollo del país y traer un soplo de aperturismo a sus férreas normas. La institución deportiva se había comprometido a meter mano en la legislación patria, para conseguir que se dejasen de violar los derechos humanos y se respetasen las libertades de los colectivos más vulnerables. Pero parece que la FIFA ha confundido costumbres con leyes, porque la falta de garantías sigue vigente en casi todos los ámbitos, cobijada bajo el infundado paraguas de la tradición.

En Catar, las mujeres continúan sometidas para casi todo a la tutela de una figura masculina. Necesitan su permiso para poder viajar, estudiar en la universidad o acceder a tratamientos médicos. Lo mismo ocurre con el colectivo LGBTI, que sobrevive sin ningún tipo de protección. La diversidad sexual es duramente reprimida, con penas de hasta siete años de prisión. No son costumbres, son leyes las que señalan a estos grupos sociales y los mantienen completamente alejados de cualquier respaldo burocrático. Ocurría antes de que la FIFA firmase ningún compromiso y sigue ocurriendo en la actualidad.

Las personas migrantes tampoco tienen prácticamente ningún derecho, pero sí un claro deber: el trabajo. Suponen más del 95% de la mano de obra del país y han estado detrás de la construcción de los estadios para la competición deportiva. Viven sometidas al sistema laboral de la kafala, que permite su explotación y las vincula legalmente con sus jerarcas. Es cierto que la FIFA ha actuado en este ámbito, llegando a conseguir que Catar, en 2018, se comprometiese con la abolición del régimen. La reforma suponía el principio del fin de la esclavitud moderna, que se extiende por la mayoría de países del Golfo Pérsico. De nuevo, otra promesa a medio cumplir.

En 2020, el emirato sacó un par de leyes para responder a las presiones, aunque sus efectos han sido minúsculos y las personas migrantes siguen teniendo muy pocas libertades. Las empresas concentran absolutamente todo el poder y controlan hasta el último movimiento de sus trabajadores. Las actuales normas aspiraban a solucionar esta sinrazón, permitiendo que la mano de obra extranjera pudiese cambiar de trabajo o abandonar el país de forma más sencilla, sin necesidad de enfrentarse a los magnates. Pero las mejoras se han debido de quedar atascadas, porque lo siguen teniendo todo muy difícil.

La FIFA se deshace en elogios

Mientras organizaciones humanitarias como Amnistía Internacional o Human Rights Watch reclaman resultados tangibles, la FIFA se muestra satisfecha con "el enorme progreso" conseguido. Durante los últimos años, el organismo ha desarrollado en Catar actividades de formación, asesoría e investigación para subsanar las fracturas que sufren los derechos humanos. De hecho, los expertos con los que trabaja, supuestamente independientes, avalan los tímidos avances. "Todavía hay desafíos, pero las autoridades cataríes merecen un gran crédito por nuestra parte. Tampoco es perfecto el mundo occidental", argumentaba Gianni Infantino, presidente de la FIFA, hace un año.

Por aquel entonces, la federación garantizaba que los cambios estarían listos antes del torneo. También decía que el Mundial de fútbol serviría como "legado" para la perseverancia de las libertades en Oriente Medio y destacaba su compromiso con la "reforma laboral", dejando la protección de las mujeres y del colectivo LGBTI completamente fuera de juego. Las autoridades de Catar aprovechan la atención mediática para recordar que su país "tiene unas normas y hay que respetarlas". También mandan recados a los posibles visitantes homosexuales, que tendrán que "evitar las muestras de afecto" en los espacios públicos. Sin duda, el progreso es cuestionable y las permutas están todavía lejos de cumplir con las exigencias sociales.

¿De quién son las responsabilidades?

Según los principios rectores de la ONU, la FIFA debe garantizar el respeto de los derechos humanos en la organización y durante la celebración del Mundial de fútbol. Esto afecta a cualquier vulneración de las libertades fundamentales que haya tenido lugar en el marco de la cita deportiva durante la última década, y también a lo que pueda suceder durante las próximas semanas en suelo catarí. Es decir, la FIFA tiene una considerable parte de la responsabilidad. En este sentido, Amnistía Internacional ha reclamado al organismo indemnizaciones para los trabajadores afectados por la falta de garantías y para las familias de las más de 6.500 personas fallecidas durante la construcción de los estadios. Pero la FIFA, en vez de asumir culpas, prefiere seguir hablando de progresos.