El senador y expresidente de la Deputación de Ourense Manuel Baltar rehusó comparecer este martes ante la magistrada del Tribunal Supremo que instruye contra él la causa por un delito contra la seguridad vial, tras ser denunciado por la Guardia Civil de Tráfico a principios de este año por conducir por autovía el vehículo oficial de la Deputación a 215 km/h.

Antes de ser designado senador el verano pasado, Baltar ya había intentado aplazar en dos ocasiones su declaración en el juzgado de Instrucción. En esta ocasión ha alegado ante la magistrada de la Sala de lo Penal Ana Ferrer que su abogado se encontraba indispuesto, informa Ana María Pascual. La jueza ha aceptado aplazar su comparecencia, que tiene carácter voluntario, al próximo día 19.

El Partido Popular nombró senador por designación autonómica a Baltar el pasado agosto tras su renuncia a la presidencia de la Deputación, forzada por los numerosos escándalos que trascendieron tras la denuncia de la Guardia Civil.

Entre ellos, que tanto el vehículo oficial que él mismo conducía en exclusiva como el del extenso parque móvil del que dotó a la Deputación durante sus casi 12 años de mandato acumulaban muchas más multas, que se abonaban con dinero público porque el organismo evitaba identificar a las personas que los conducían y que deberían haber sido sancionadas.

Mordidas

Su dimisión también estuvo forzada por los audios y mensajes publicados por Público en los que su hermano admitía que ambos cobraban mordidas de empresas adjudicatarias de obras de la institución, y que la Fiscalía de Ourense investiga por si de ellos pudieran derivarse indicios de delito.

Pese a esa investigación y a su imputación por un delito contra la seguridad vial, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no sólo ha protegido a Baltar dotándole a dedo de la protección que le proporciona el aforamiento -fue elegido por la mayoría popular en el Parlamento de Galicia-, sino que le ha ascendido y promocionado en el grupo parlamentario en la Cámara Alta.

Desde octubre pasado, el que también fue hasta el mes pasado presidente del PP ourensano forma parte de la Diputación Permanente del Senado, y desde la semana pasada es presidente de su Comisión de Despoblación y Reto Demográfico.

Una decisión sorprendente si se tiene en cuenta que durante su etapa al frente de la Deputación su  provincia se convirtió en la que más población perdió de todo el Estado.

La condición sobrevenida de senador con la que Feijóo le premió permitió a Baltar eludir el banquillo de un juzgado convencional, en el que sí se habría sentado hace meses cualquier otro ciudadano que hubiera sido acusado del mismo delito que se le imputa a él.

Suplicatorio

De esa forma, la jueza tuvo que trasladar el expediente al Tribunal Supremo, donde la magistrada Ferrer ha decidido seguir con el proceso tras estudiar el preceptivo informe que encargó a la Fiscalía, y que, si así lo considera tras su declaración, enviará al Senado el suplicatorio para poder juzgarlo. 

El Código Penal español castiga con penas de entre tres y seis meses de cárcel; multas de entre seis y doce meses; retirada de carné por entre uno y cuatro años, y cumplimiento de servicios a la comunidad por entre uno y tres meses, a quienes conduzcan a más de 200 km/h en tramos limitados a 120, el máximo permitido en autovías y autopistas.

Aunque Baltar atribuyó su infracción a "un despiste", lo cierto es que menos de una hora antes de cazarlo a 215 km/h, Tráfico le había detectado circulando a 173 km/h a 143 kilómetros de allí. Es decir, que sin tener en cuenta las paradas que hubiera podido realizar durante ese trayecto y que en el mismo hay varias zonas limitadas a 100 km/h y a 80 km/h, condujo por ese tramo a casi 160 km/h de media.

Si fuera acusado de conducción temeraria o si la jueza considerara que su pilotaje puso en peligro la vida o la integridad de otras personas, Baltar se enfrentaría a penas de entre seis meses y dos años de cárcel y hasta seis años de retirada de carné.

"Falta de ejemplaridad"

El artículo 51 de los estatutos del Partido Popular establece que sus órganos directivos están obligados a investigar y en su caso abrir expediente cuando tengan "conocimiento de la falta de ejemplaridad en el comportamiento de un afiliado o cargo de representación institucional del partido".

A partir de ese expediente, añade el texto, el Comité de Garantías del partido puede decidir la suspensión de funciones de su alto cargo, su suspensión cautelar de militancia e incluso su expulsión.

Según fuentes del PP consultadas por Público, en el caso de Baltar y pese a la trascendencia pública de los hechos por los que está siendo procesado por el Supremo, no se ha abierto información alguna.