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PP y Vox tumban el decreto de Memoria Histórica en Castilla y León entre acusaciones de "resucitar el franquismo"

Los 'populares' han claudicado ante la extrema derecha y han registrado la Ley de Concordia, que equipara a todas las víctimas y no hace referencias a la dictadura.

El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), junto al vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo (i).
El presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (d), junto al vicepresidente autonómico, Juan García-Gallardo (i). Claudia Alba / Europa Press

El PP y Vox han registrado este martes en las Cortes de Castilla y León la proposición de ley autonómica de Concordia tras dos años de negociaciones. El texto derogará el actual decreto de Memoria Histórica y Democrática, aprobado durante el último gobierno de Juan Vicente Herrera (PP). La propuesta formaba parte del pacto para investir presidente a Alfonso Fernández Mañueco, que ha vuelto a claudicar ante la extrema derecha.

Los portavoces parlamentarios de PP y Vox, Raúl de la Hoz y Carlos Menéndez, han presentado en una rueda de prensa el contenido de la nueva norma. Los dos representantes han argumentado que el nuevo decreto da cumplimiento al punto del acuerdo de coalición que preveía "reivindicar" la "historia común, entendida como elemento integrador para la reconciliación". El texto no hace referencias a la dictadura y equipara a todas las víctimas del franquismo. 

"Las víctimas son víctimas, con independencia de cómo, cuándo y quién", ha expresado el portavoz de los populares en el parlamento autonómico. De la Hoz ha precisado que la futura ley tiene como objetivo "honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta 1978", es decir, desde la Segunda República —que se desarrolló en un régimen democrático— hasta el fin de la dictadura. 

El texto asegura que "las nuevas generaciones han recibido en muchas ocasiones una visión sesgada del conflicto [Guerra Civil] con la única finalidad de alimentar una división partidista en la sociedad". Los representantes de PP y Vox han sido incapaces de identificar los supuestos "sesgos" ante las preguntas de la prensa. "El nuevo decreto elimina las imposiciones ideológicas que intentan instaurar una versión oficial de la historia", ha señalado el portavoz de la extrema derecha en la comunidad.

La ley de Concordia no recoge ninguna condena expresa a lo que ocurrió entre 1936 y 1978 y suprime la palabra "dictadura" —recogida en la anterior norma— para referirse únicamente como "franquismo" al periodo comprendido entre 1939 y la llegada de la democracia. El portavoz del PP en Castilla y León ha tratado de justificarse diciendo que la condena a la "dictadura" está "implícita" en el "espíritu del texto" y ha pedido "no buscarle los tres pies al gato". 

El PSOE amenaza con impugnar la norma

El líder del PSOE en Castilla y León, Luis Tudanca, ha acusado al PP de haber "resucitado el franquismo" con la presentación del nuevo decreto. "Mañueco ha enterrado lo poco que quedaba del proyecto de derecha moderada del señor Juan Vicente Herrera. No se puede igualar a víctimas y verdugos", ha añadido el socialista. 

Tudanca ha anunciado que su partido exigirá a la Mesa de las Cortes que encargue un informe al Consejo Consultivo —donde actualmente es consejero el expresidente Herrera— para dictaminar si esta norma vulnera la legislación estatal y autonómica. Además, los socialistas pedirán al Gobierno de España que analice y, si hubiera base para ello, impugne esta legislación por vulnerar la Ley de Memoria Democrática. El exvicepresidente de la Junta, Francisco Igea (Cs), ha calificado la jornada en la que se aprobó la nueva norma como "una de las más vergonzosas" de la historia reciente de la comunidad.

Un intento de "blanquear el fascismo"

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) también ha mostrado su rechazo "frontal" a la proposición de ley de Concordia de Castilla y León. La plataforma considera que PP y Vox han presentado el nuevo decreto para "blanquear el fascismo", negando la dictadura y "ninguneando" a las víctimas. Emilio Silva, presidente de la ARMH, considera que "la censura es el eje central de la ley, un intento por seguir escondiendo la historia, mantener el honor de los verdugos y cerrar la boca a las víctimas que estuvieron calladas durante mucho tiempo". El hecho de que el decreto no incluya referencias a la "dictadura" o al golpe de Estado de 1936 supone además un intento de "amordazar la memoria de las víctimas del franquismo".

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