El último escrito enviado por Alfonso Fernández Mañueco al Gobierno, en el que afirmaba que éste arremetía con "inusitada dureza una cuestión irreal", ya tiene respuesta oficial. Ha sido el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, quien le ha dirigido una carta este jueves, en la que le agradece "sinceramente" el acatamiento de los requerimientos del Gobierno y el "cumplimiento de la legalidad".

La misiva de Sánchez, a la que ha tenido acceso Público, llega después de que los dos ejecutivos hayan intercambiado duros escritos tras el anuncio de que Castilla y León planeaba poner en marcha un protocolo que obligaría a los médicos a ofrecer a las mujeres embarazadas una prueba de latido fetal o una ecografía 4D en el primer trimestre de embarazo. Una medida que es contraria a la legislación y que tenía como objetivo presionar a las mujeres que quisieran interrumpir su embarazo.

Tras agradecer los gestos que dan a entender que Castilla y León ha desistido de poner en marcha dicho protocolo, Sánchez advierte a Mañueco que el Ejecutivo "se reserva la posibilidad de actuar en defensa de sus competencias y de la legalidad vigente en materia de salud sexual y reproductiva si en algún momento llegase a materializarse por cualquier vía el anuncio de la Junta de Castilla y León".

En su escrito, Sánchez recuerda a Mañueco que la Constitución incluye entre los valores superiores la igualdad y la libertad y "reconoce como derechos fundamentales la dignidad de las personas y la igualdad entre mujeres y hombres". También que nuestro país ha ratificado tratados internacionales, como el Convenio de Estambul, que lo obligan a luchar contra "la violencia psicológica o las coacciones".

"Esto no es una mera formulación retórica, sino un mandato político y ético para quienes ejercemos responsabilidades públicas. Por lo tanto, cualquier instrumento o estrategia para el ejercicio del poder, ya sea la potestad legislativa y reglamentaria, la autonomía territorial, las relaciones entre administraciones o la firma y desarrollo de un acuerdo político deben estar guiados por estos principios y contribuir a desarrollarlos. En ningún caso cabe anularlos, rebajarlos o condicionarlos apelando a circunstancias o mayorías políticas coyunturales", añade Sánchez en el escrito.

El presidente del Gobierno recuerda en la carta, que España es un país referente en lo relativo a la igualdad de género gracias a la legislación desarrollada a lo largo de las últimas décadas para "remover las dificultades que impiden a las mujeres desarrollar con autonomía su proyecto vital, también en lo que se refiere a su decisión sobre si continuar o no con su embarazo" y que éstas cuentan con un gran respaldo social. También hace mención a que las Cortes se encuentran en la actualidad debatiendo una ampliación de dichos derechos en un texto que modificará la actual ley de derechos sexuales y reproductivos y de la interrupción voluntaria del embarazo aprobada en 2010.

"Unas Cortes Generales que hace menos de un año penalizaron el acoso y las coacciones a las mujeres a las puertas de los centros sanitarios. Si el acoso y las coacciones son inadmisibles a la entrada de dichos centros, mucho menos pueden darse, por mandato legal o indicación administrativa, dentro de los mismos", añade.

El conflicto abierto entre los dos ejecutivos saltó a la luz pública el pasado 12 de enero, cuando tras un Consejo de Gobierno de Castilla y León, su vicepresidente García-Gallardo, anunció el acuerdo del ejecutivo regional de implantar de forma inmediata un protocolo sanitario que suponía poner trabas para las mujeres que quisieran abortar. La medida fue defendida también por el Consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, y tal como afirmaron en dicha rueda de prensa, la medida cumplía con uno de los compromisos contenidos en el acuerdo de gobierno entre Vox y el Partido Popular.

Sánchez concluye su carta afirmando que confía en "que esta controversia haya quedado resuelta asegurando la plena vigencia de los derechos y la autonomía de las mujeres".