Hablar de la monarquía en el Congreso es hablar de vetos. A pesar de la amplia representación de fuerzas republicanas en esta legislatura (la mayor en la historia reciente), el manto de la opacidad sigue cubriendo cualquier asunto relacionado con la Casa Real que se acerca a los leones de la Cámara Baja. "Inadmitido a trámite en términos absolutos". Y así, hasta en 18 ocasiones. Esta cifra hace alusión a las comisiones de investigación registradas desde marzo de 2020, cuando echó a rodar el actual mandato, hasta la fecha.

Detrás de cada escándalo que ha salpicado al rey emérito y, por ende, a la Casa Real, ha habido una solicitud de investigación en la Cámara Baja, pero también una negativa. Unidas Podemos, ERC, PNV, EH Bildu, Junts, PDeCAT, CUP, Más País, Compromís y BNG han pedido en reiteradas ocasiones arrojar luz sobre la fortuna que Juan Carlos I fraguó con la venta de armas a países árabes, el presunto uso fraudulento de tarjetas black por parte de miembros de la Familia Real, la donación de casi 90 millones de euros que el padre de Felipe VI recibió del entorno del entonces rey de Arabia Saudí o las posibles comisiones ilegales del AVE a La Meca, entre otras cuestiones.

Todas estas peticiones se han topado con los votos en contra de PSOE, PP y Vox (solo Unidas Podemos ha votado a favor) en la Mesa del Congreso, por lo que no han llegado ni a debatirse en la Junta de portavoces. A este filtro parlamentario tampoco han llegado las varias solicitudes de comparecencia del presidente del Gobierno y algunos de sus ministros, e incluso del actual rey y de su padre para explicar, por ejemplo, las regularizaciones fiscales del emérito o la vacunación de las infantas Elena y Cristina en Abu Dabi.

"No se puede seguir sosteniendo una institución que no responde ante la soberanía popular y que se encuentra por encima de la ley manteniendo situaciones como tener un jefe del Estado que tiene reconocido la condición de 'irresponsable' para poder ser rey", manifiesta a Público el diputado de Unidas Podemos, Rafa Mayoral.

Los vetos a estas solicitudes, justificadas bajo la premisa de que el Parlamento no tiene entre sus funciones la de controlar al jefe del Estado, han llevado a algunas formaciones a utilizar fórmulas encubiertas para poder realizar preguntas en este sentido en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, es decir, sin mencionar el nombre de los miembros de la Familia Real en el enunciado.

"Desgraciadamente, y se ha demostrado a lo largo de esta legislatura, cada vez que se ha intentado alguna iniciativa en relación a la monarquía, ha quedado bloqueada por la Mesa. En el corto plazo vemos difícil que haya cambios significativos. De hecho, vemos mucho más fácil imaginar una Catalunya independiente y una Euskadi independiente que un Estado español republicano.
¿En el futuro? Pensamos que sí, que algún día llegará el debate entorno a que se tenga que votar al jefe del Estado", apuntan desde ERC a colación del 92 aniversario de la Segunda República.

La inviolabilidad del rey no se toca

Tampoco se ha avanzado en lo relativo a la inviolabilidad del jefe de Estado, una cuestión sobre la que se puso el acento especialmente tras el carpetazo de la Fiscalía del Tribunal Supremo a las diligencias sobre la fortuna del rey emérito. Y es que, en el marco del archivo de las tres líneas de investigación, el fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón, sí consideró que algunos hechos podrían ser susceptibles de delito de no ser por la inviolabilidad que protege a Juan Carlos I, además de señalar la prescripción de los mismos.

En este sentido, el PNV ha propuesto reformar este privilegio para limitarlo a sus actos institucionales. Lo hizo primero a través de una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, "que no fue aceptada a trámite por la Mesa bajo el argumento de que era necesaria una reforma constitucional para proceder a esa modificación", tal como recuerda la formación jeltzale.

Así, aprovechando la reforma constitucional que se tramita actualmente en la Cámara Baja para sustituir el término "disminuidos" por "personas con discapacidad" en el artículo 49, el Grupo Vasco volvió a la carga y registró enmiendas para circunscribir la inviolabilidad del monarca a sus funciones institucionales, esto es, a aquellos actos que realice en representación de la Corona. "Sin embargo, parece que tampoco esta vía va a ser aceptada por el PSOE", reprochan desde el PNV.

Y es que, los socialistas y el PP acordaron ceñir la reforma de la Carta Magna, para la que se requiere una mayoría de tres quintos, a eliminar la palabra "disminuido". Por su parte, Unidas Podemos mostró su disposición a centrar la modificación constitucional en este único tema "a pesar de que haya otros asuntos encima de la mesa" que el espacio confederal "también vería con buenos ojos".

"Es evidente que este asunto no está en la agenda de este Gobierno, bipartito y autocalificado como progresista. En todo caso, debería ser la propia Zarzuela la primera interesada en dar pasos para la reforma de la inviolabilidad, como parte de la pretendida modernización que dicen estar llevando a cabo en la monarquía española bajo la figura de Felipe VI. Sobre todo, por interés y decoro de la propia institución que representa y como respuesta a los distintos escándalos que ha protagonizado su padre, Juan Carlos I", añaden fuentes del PNV.

El PSOE, un partido con "valores republicanos"

Las formaciones representadas en el Congreso que abogan por un sistema republicano o al menos cuestionan la monarquía española miran siempre de reojo al PSOE. Y es que, en su 40 Congreso Federal celebrado en octubre de 2021, la formación capitaneada por Pedro Sánchez volvió a rechazar la pretensión de Juventudes Socialistas de cambiar el modelo de Estado por una República y celebrar un referéndum al respecto al mismo tiempo que se reafirmó "de forma clara y contundente en los valores republicanos y democráticos que ha defendido a lo largo de toda su historia, a la vez que confirma su lealtad al pacto constitucional de 1978".

La parte socialista del Gobierno, que ha defendido en todo momento la idoneidad de la monarquía parlamentaria, se ha esforzado por separar los escándalos de Juan Carlos I del actual monarca, Felipe VI. La reforma de la Corona anunciada por Sánchez a finales de 2020 se redujo finalmente a un real decreto pactado con la propia Casa Real (con el beneplácito del PP), que modifica algunas de las particularidades de esta institución. 

En esencia, la normativa aprobada por el Consejo de Ministros permite al Tribunal de Cuentas fiscalizar, mediante una auditoría externa, las cuentas de la Casa Real, pero deja fuera la obligatoriedad de que Felipe VI y el resto de miembros de la Familia Real publiquen su declaración de bienes. Esto es, solo están obligados a publicar sus declaraciones de bienes los altos directivos de la institución monárquica.

"Es obvio que hay un intento, tanto de varios poderes del Estado como de la propia Casa Real, de apartarse del legado del emérito para reformular una nueva institución, pero la impunidad y falta de transparencia sigue ahí por muchos intentos que se hagan", declara a Público el diputado de EH Bildu Jon Iñarritu. 

En este sentido, la CUP ahonda: "Como pasa en todos los asuntos relacionados con la estructura y los poderes fácticos del Estado, especialmente los que sostienen el régimen del 78, el PSOE actúa como la derecha y no cuestiona ninguno de los poderes que lo sostienen, siendo el cómplice necesario para blindar la monarquía, su corrupción y sus privilegios".