El colectivo LGTBI+ está bajo amenaza. Los grandes avances legislativos que se han conseguido en los últimos años en diversos países han desatado una ola reaccionaria que se extiende por zonas del planeta que hasta ahora se consideraban las locomotoras del cambio en la lucha por los derechos de estas personas.

Al igual que ocurre con el feminismo, esos grandes logros espolean duras respuestas de marcado sesgo ideológico que amenaza con devolver al colectivo al armario, incluso en aquellos lugares donde los avances han sido una constante a largo de las últimas décadas.

España no está a salvo de este retroceso. Así lo advierten las organizaciones LGTBI+ durante la celebración del Orgullo 2023, que se ha convertido en el más político y combativo de los últimos años.

La entrada en las instituciones del partido ultraderechista Vox, punta de lanza en nuestro país de las posturas neoconservadoras más duras, no sólo es un aviso de que se pueden revertir logros legales, sino que ha arrastrado al Partido Popular a normalizar discursos de odio contra las personas LGTBI+ y a aceptar retrocesos impensables hace sólo unos pocos años.

Hace unas semanas, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, afirmó que derogará la recientemente aprobada ley de derechos LGTBI+ y trans si llega a la Presidencia en la elecciones del 23 de julio. Además, en algunas comunidades gobernadas por el PP en coalición con la ultraderecha ya han comenzado a aplicar pactos que cambian las consejerías de Igualdad y Diversidad por la de Familia y han anunciado que modificarán o derogarán las leyes locales que protegen al colectivo LGTBI+.

Los pactos de los populares con la ultraderecha para gobernar en diversos ayuntamientos y comunidades autónomas refrendan discursos de odio como el que Vox desplegó en una inmensa lona en el centro de Madrid, en el que tiraba a la basura el feminismo, los derechos LGTBI+, la lucha contra el cambio climático o la agenda de avances sociales, entre otros. 

Europa, en la mira de la ultraderecha

Lo que ocurre en España no es una excepción. El empuje de la extrema derecha en países como Finlandia (donde los ultras del Partido de los Finlandeses han entrado en el Gobierno) amenaza recientes conquistas, como la ley de derechos trans aprobadas en enero pasado en el país nórdico. Al tiempo, el ascenso de Fratelli d'Italia, de Giorgia Meloni, ya ha dado pasos para que la filiación de los hijos de parejas lesbianas sean derogados de forma retroactiva.

Desde Amnistía Internacional advierten del ascenso de otros partidos ultraconservadores en el corazón de Europa. Es el caso de Alternativa para Alemania (AfD), que ganó el pasado 25 de junio por mayoría absoluta las elecciones comarcales de Sonneberg, en el estado de Turingia; o de la Agrupación Nacional, de Marine Le Pen, en Francia, donde su poder va en aumento. 

Esta oleada ultraconservadora podría llevar a diversos países del viejo continente a posturas más cercanas a las de Polonia, Hungría o Rusia, donde los derechos de las personas LGTBI+ y de las mujeres son restringidos y cuestionados.

"Si en España ganara una coalición de la derecha con la extrema derecha, sería alarmante no sólo para nuestro país, sino para el conjunto de la Unión Europea donde somos un referente en estos derechos", explica a Público Óscar Rodríguez, vocal de Relaciones Exteriores de la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Transexuales, Bisexuales e Intersexuaels y más (FELGTBI+).

"La sensación es que existe un retroceso real, especialmente en Europa y Estados Unidos, a pesar de ser las regiones donde más se ha avanzado en reconocimientos legales, pero donde vemos una normalización de los discursos de odio lanzados por dirigentes políticos, que hasta ahora no eran frecuentes", advierte, por su parte Carlos Sanguino, responsable de Diversidad en Amnistía Internacional.

Africa y Oriente Medio, los casos más graves

En el mundo existen 64 países que prohiben por ley las relaciones homosexuales, según la Asociación Internacional de Lesbianas, Gays, Bisexuales, Trans e Intersex (ILGA). De ellos, la mitad están en África. De los 54 países que componen el continente africano, 32 tienen leyes que penan de una u otra forma las relaciones entre personas del mismo sexo; en seis de ellos (Gambia, Sierra Leona, Sudán, Tanzania, Uganda y Namibia), se contempla la pena de muerte.

En Asia también es peligroso ser persona LGTBI+. De sus 42 países, casi la mitad (20) también prohiben las relaciones entre personas del mismo sexo, casi todos concentrados en Oriente Medio. De ellos, al menos tres (Arabia Saudí, Yemen e Irán) castigan la homosexualidad con pena de muerte y aceptan torturas como la flagelación. 

América Latina, una región de contrastes

En las últimas décadas los derechos del colectivo LGTBI+ han experimentado un gran desarrollo en algunos países latinoamericanos, pero en otros siguen estancados. Argentina, México y Colombia son ejemplos en materia legislativa. En al menos diez (Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, México y Uruguay) hay leyes que permiten el matrimonio igualitario.

Sin embargo, estos datos contrastan con el elevado número de asesinatos de personas trans y LGTBI en la región. En Centroamérica, aunque no existen leyes que explícitamente prohiban la homosexualidad, el nivel de violencia y de crímenes por motivos de odio hacia el colectivo son muy elevados.

Los peores, según las organizaciones de derechos LGTBI+, son Guatemala, Honduras y El Salvador. Aunque no existen datos oficiales sobre estas agresiones y asesinatos, la alianza Sin violencia LGTBI (que agrupa a once organizaciones de diversos países) afirma que entre 2014 y 2021 cerca de 4.000 personas LGTBI+ (concretamente, 3.961) fueron asesinadas en la región.

Y un informe de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos (CIDH) estima que la esperanza de vida de las mujeres trans en el continente es de sólo 35 años.

El retroceso en EEUU 

Tras la derogación por parte del Tribunal Supremo de Estados Unidos de la mítica sentencia Roe contra Wade, que había permitido el aborto en el país, distintos estados se han lanzado a prohibir derechos de las mujeres (especialmente el aborto) y de las personas LGTBI+.

Hace unas semanas, Human Rights Campaig (HRC), la mayor organización de derechos de este colectivo en EEUU, declaró el estado de emergencia en el país, al denunciar que, entre enero y junio de este año diversos Estados han redactado más de 525 proyectos legales que atentan contra las personas LGTBI+.

Si bien no todos serán aprobadas (de momento, 70 ya entraron en vigor), HRC destaca que en solo esos seis meses se han presentado más del doble de normas contra el colectivo que en todo 2022. El avance de los grupos ultracatólicos y la cercanía de las elecciones han llevado a los Estados gobernados por el Partido Republicano a acciones sin precedentes.

Los casos más graves son Texas y Florida. Este último territorio avanza hacia legislaciones tan restrictivas sobre libertad de expresión que ha llegado a prohibir la venta de libros, y persigue a maestros y centros educativos que informan sobre diversidad, relaciones afectivas o racismo.

Por ejemplo, maestros han sido investigados o amonestados por proyectar en el aula una película animada de Disney solo porque uno de los personajes era gay, o por haber fomentado en clase debates que algún progenitor considera "ideológicos". HRC denuncia que la queja de un sólo progenitor es suficiente para abrir un expediente o despedir a un docente o a la dirección del colegio.

Para contrarrestar la acometida reaccionaria, las autoridades de Estados dirigidos por gobernadores demócratas han salido en defensa de los derechos de las mujeres y del colectivo LGTBI+. 

La libertad de expresión, en peligro

No criminalizar con leyes al colectivo LGTBI+ no significa que no se ataquen sus derechos. Si bien 64 países prohiben las relaciones homosexuales o ser persona trans, en al menos 90 existen normas legales que restringen el derecho a la libertad de expresión en relación con la diversidad sexual, de género o corporal. 

El mapa mostrado más arriba recoge sólo los países en los que hay constancia de que estas restricciones a la libertad de expresión existen y además se han aprobado en los legislativos. En otros muchos países, en los que las relaciones entre personas del mismo sexo están prohibidas, ni siquiera hay constancia de normas; son lugares donde cualquier divulgación es impensable.

El mapa también muestra países que, si bien no prohíben estas relaciones, están marcados con un color destacado porque no garantizan la libertad de expresión del colectivo. Polonia, Hungría o Rusia tiñen el mapa de discriminación. También Turquía, que hace gala de no tener leyes contra las personas LGTBI+, impone de facto una prohibición a la libertad de expresión. Desde organizaciones LGTBI+ recuerdan que cada año el gobierno de Ankara reprime duramente las manifestaciones del Orgullo, a pesar de no estar prohibidas.

Nuestro país no figura en este listado, pero las organizaciones defensoras de los derechos LGTBI+ advierten de que las derivas de algunos ayuntamientos y comunidades autónomas, que han comenzado a censurar obras de teatro o manifestaciones artísticas, podrían ser  incorporados al mapa.

Los casos emblemáticos son la cancelación de una obra de Paco Bezerra, sobre Santa Teresa de Jesús; y, más recientemente, de otra en la localidad madrileña de Valdemorillo, donde estaba prevista la presentación de una obra de Virginia Woolf  por la compañía de teatro Defondo,  y fue desprogramada tras la entrada de Vox al consistorio. 

A este se suma la negativa de ayuntamientos y comunidades autónomas a mostrar la bandera del arcoíris en sus balcones o las amenazas de prohibir manifestaciones contra la violencia machista y los derechos LGTBI+ que resuenan en distintas partes de la geografía española donde la ultraderecha ha entrado en las instituciones.