Las siete asociaciones de jueces y fiscales han pedido la dimisión del ministro de Justicia, Rafael Catalá, por apuntar que el juez de la Audiencia Provincial de Navarra que dictó el voto particular en la sentencia de 'La Manada', Ricardo Martínez, tiene algún "problema singular" y que "todos lo saben".

Las asociación Profesional de la Magistratura (AMP), Jueces y Juezas por la Democracia, Foro Judicial Independiente y Francisco de Vitoria junto con la Asociación de Fiscales, Unión Progresista de Fiscales y la Asociación Profesional Independiente de Fiscales firman un comunicado conjunto en el que reprochan al titular de Justicia que con sus manifestaciones esta mañana ha sembrado públicamente dudas sobre la capacidad y condición del magistrado.

"La intromisión del Ejecutivo en las labores que le corresponden exclusivamente al Consejo General del Poder Judicial (tales como la tutela o el impulso de la labor disciplinaria) y los comentarios acerca de la capacitación o no de un magistrado son una temeridad por quien ejerce como ministro de Justicia", reza el comunicado.

En su nota exponen que el "verdadero peligro" es la utilización de las resoluciones judiciales por el Ejecutivo y la "confusión intencionada" de intereses electorales con lo que debería ser su labor como miembro de un poder del Estado, esto es, "respetar y velar por el respeto del funcionamiento de las instituciones".

"Inmediata dimisión"

Por su parte, los jueces y magistrados de Navarra también han pedido la "inmediata dimisión" del ministro de Justicia por su actitud, que consideran "especialmente escandalosa".

En una nota, recuerdan que Catalá es "el único ministro reprobado en nuestra democracia" y que sabe que "el Consejo General del Poder Judicial no puede actuar en el ejercicio de la función jurisdiccional".

"Con una clara intención de confundir a la ciudadanía y movido por intereses exclusivamente políticos", afirman, "ha solicitado que se exijan responsabilidades disciplinarias e incluso ha insinuado abiertamente que el magistrado firmante del voto particular 'tiene algún problema singular que todo el mundo conoce'".

En su opinión, "estas manifestaciones que no tienen cabida en el desempeño responsable de su función como ministro de Justicia deberían provocar su inmediata dimisión".

"Respeto a las instituciones"

Afirman los jueces de navarra que "el Estado de Derecho se sustenta en el respeto a la ley y a la aplicación que de la misma llevan a cabo los jueces y magistrados que integran el poder judicial, siendo fundamental en una sociedad democrática la confianza y el respeto hacia las instituciones".

Según continúan, "como integrantes de uno de los tres poderes del Estado, las decisiones de jueces y magistrados están sometidas a la crítica pública, pero esta crítica no puede amparar las descalificaciones personales, el insulto, los actos de fuerza o las coacciones".

"Comprensible que no se entienda

A su juicio, "es comprensible que la opinión pública pueda no comprender ni compartir lo resuelto por la Audiencia Provincial".

"Es admisible e incluso deseable que surja un debate en cuanto a la regulación que el Código Penal español hace de los delitos contra la libertad sexual, de los términos que se utilizan para definir las diferentes conductas, incluso de la necesidad de adaptar el contenido de esos preceptos a la actual realidad social. Labor ésta que ha de llevar a cabo el poder legislativo de quien emanan las leyes que los jueces aplicamos", indican.

Los jueces y magistrados de Navarra añaden, no obstante, que "el legítimo ejercicio del derecho a la crítica de las resoluciones judiciales no ampara la coacción o el uso de la violencia para mostrar el desacuerdo con dichas resoluciones y mucho menos la amenaza o la difamación de quienes, en el ejercicio de sus funciones constitucionales, han dictado sentencia".

Declaraciones de Catalá

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, aseguró este lunes que en el Tribunal Superior de Justicia de Navarra y en los profesionales de la justicia en la comunidad autónoma en general, "todos saben" que el juez que dictó un voto particular en el caso de 'La Manada', Ricardo González, tiene "algún problema singular" y opina que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debió actuar "preventivamente".

"Me sorprende, sobre todo entre los miembros de la carrera que conocen el caso, que cuando todos saben que alguna persona tiene algún problema y tiene una situación singular, el Consejo no actúe y luego se produzcan resultados singulares. Eso se podría haber evitado", ha señalado en declaraciones a Cope.