La construcción de vivienda protegida se ha paralizado por la falta de financiación. Pese a que los gobiernos central y autonómicos han apostado por la VPO para reactivar el sector, crear empleo y ofrecer vivienda asequible, promotores públicos, privados y cooperativistas dedicados a la VPO denuncian que no pueden llevar adelante sus planes desde hace unos meses porque los bancos no conceden los préstamos necesarios.

En Catalunya ,'los planes de construcción han quedado paralizados', explica la directora general de Vivienda de la Generalitat, Carme Trilla. En Asturias se han iniciado 1.472 viviendas protegidas con recursos de los propios promotores privados y de la comunidad, a la espera de que se desbloquee el préstamo con el banco. Otras promociones, en cambio, han sido paralizadas.

'No se está desarrollando el plan al ritmo previsto', señala el director general de Vivienda, Manuel González Orviz, que considera 'inaceptable la actitud de las entidades financieras' por las repercusiones que estas dificultades acarrean en el empleo y en el desarrollo de las políticas de acceso a la vivienda.

Las entidades financieras se resisten a conceder préstamos con las condiciones vigentes en los planes de Vivienda estatal (aún rigen las del anterior, de 2008-2012) o autonómicos. 'Las entidades de crédito no quieren firmar en estas condiciones las hipotecas', afirma Ramon Ruiz, director de Visoren, empresa privada de vivienda protegida de alquiler en convenio con los ayuntamientos.

La empresa gestiona 1.650 promociones en Catalunya, Asturias y la Comunidad Valenciana y este año se propone elevar 400 más en otras comunidades, pero la falta de financiación ha paralizado sus planes y los de los ayuntamientos afectados.

También las cooperativas están teniendo muchas dificultades. La de CCOO, Vitra, tiene varias promociones en marcha a la espera de que se cierre el nuevo tipo de interés para poder firmar el acuerdo con el banco. Otras que tenían previstas no se han iniciado. 'O hay pronto un acuerdo con las entidades financieras o se para todo', indica Pedro Parra Macia, consejero delegado de GPS Gestión, que gestiona Vitra.

La Empresa Gestora de Cooperativas de Vivienda (Ecovi) tiene siete promociones paralizadas en Málaga, Valladolid, Valencia, Andratx (Baleares) y Madrid. 'Es un problema grave y común en todas las comunidades. No se está financiando ningún proyecto nuevo ni de alquiler ni de compra', alerta el presidente de la asociación, Santos Muñoz. En el caso de los cooperativistas, los adjudicatarios ya han obtenido el suelo y ahorrado una gran parte por las aportaciones periódicas. 'Hay centenares de familias que han comprado la vivienda que les ha tocado por sorteo y resulta que ahora no empieza a construirse', denuncia.

El problema de los promotores y las entidades financieras va mucho más allá. La principal dificultad de la cooperativa de UGT en Catalunya, Llar Unió Catalonia, es entregar las viviendas que ya tiene finalizadas a las personas que las ganaron por sorteo.

Calcula que un 12% de los adjudicatarios no pueden acceder a sus pisos porque el banco no les concede la hipoteca. Pedro Parra Calderón, presidente de la cooperativa de UGT, critica que las entidades financieras reclaman condiciones inasumibles, como pignoraciones, o que 'los avalistas se conviertan en la práctica en prestatarios'.

En algunos casos, son fórmulas que utilizan para conseguir liquidez en su actual situación de inestabilidad. 'En Figueres (Girona), Banesto ha reclamado a nuestros adjudicatarios que sus familiares ingresen 30.000 euros en una cuenta durante cinco años, además de obligar a hacer una provisión de fondos de 7.000 euros al firmar la escritura'. Otras entidades reclaman muchos avalistas. En un caso, una caja catalana 'ha obligado a pagar 30.000 euros al adjudicatario del piso en concepto de amortización de hipoteca como condición para conceder la subrogación'.

Las comunidades autónomas están tomando medidas. Catalunya es la primera comunidad que anunció que respondería por los impagos de propietarios de vivienda protegida. Este mismo mes prevé cerrar un convenio con la banca por el que se convertirá en principal avalista y comprará la vivienda en caso de impago.

La Consejería de Vivienda de Aragón ha detectado que un 30% de los adjudicatarios de un piso protegido no pueden acceder a él al no poder pagar el 20% de entrada. El Gobierno será avalista del pago de la entrada y pretende cerrar en mayo un acuerdo con las entidades bancarias. Mientras, Asturias avala al promotor y al comprador. La Comunidad de Madrid también estudia medidas similares.