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La exdirectora de la CAM se lava las manos ante el juez

Declara que no tenía responsabilidades contables y que no diseñó las preferentes

ANDRÉS MUÑIZ

María Dolores Amorós, ex directora general de la quebrada CAM, no tenía responsabilidades contables en la entidad que dirigió, ni diseñó el plan de captación de participaciones preferentes, ni modificó el plan de pensiones por 15,5 millones de euros a los directivos de la entidad que se encontró ya aprobado cuando accedió al cargo. Pese a esa precariedad de atribuciones, Amorós cobraba 593.000 euros de sueldo bruto anual, que tampoco se autoasignó ella, sino que era el salario de su antecesor en el cargo, según su versión.

Esta es la síntesis de la declaración prestaba este viernes como imputada por la exdirectora de la Caja de Ahorros del Mediterráneo (CAM) ante el juez de de la Audiencia Nacional Javier Gómez Bermúdez, que investiga presuntos delitos de estafa y societarios en la nefasta gestión de la caja alicantina, que ha conducido a su desaparición, después de su intervención por el Banco de España y su venta por 1 euro al Banco Sabadell.

Amorós fue directora general adjunta de la CAM desde 2001 a 2010, cuando ascendió a directora general, hasta que el Banco de España la despidió disciplinariamente de forma fulminante en septiembre de 2011, por falsear los balances de la entidad. Cuando pasó a ocupar la Dirección General de la caja, su sueldo subió de 350.000 euros anuales a 593.040, que era lo que ganaba su antecesor, Roberto López Abad. Además, quiso asignarse una pensión vitalicia anual al dejar la CAM de 369.467 euros anuales y pidió 10 millones de euros de indemnización por despido improcedente, lo que una juez de lo Social de Alicante rechazó en marzo de 2012.

Amorós dice que no fijó un plan de pensiones de 15,5 millones de euros para los directivos

En su comparecencia de hoy ante el juez Gómez Bermúdez, Amorós se desvinculó de cualquier responsabilidad contable o de decisiones relativas a las participaciones preferentes y de las indemnizaciones a directivos (cinco de ellos se repartieron hasta 15,5 millones de euros en ese concepto cuando ella era directora general adjunta de la caja).

Según la versión que dio su abogado, Carlos Saiz, al término de la declaración, Amorós, que fue directora general ocho meses, explicó al juez que en los primeros cuatro tuvo delegadas las facultades en la Sociedad Institucional de Protección (SIP) que gestó la entidad entre 2010 y 2011 con Cajastur, Caja Extremadura, y Caja Cantabria. Y en los otros cuatro meses de gestión, estuvo supervisada por el Banco de España, que de hecho intervino el banco en julio de 2011. Antes, cuando era directora general adjunta (de 2001 a 2010), la responsabilidad era de su jefe, López Abad.

Además, la exresponsable de la CAM continuó su relato exculpatorio diciendo que no tomó ningún tipo de medida que comprometiera la solvencia o liquidez del banco, ni diseñó ningún tipo de producto financiero que generase riesgo para los clientes inversores. O sea, que tampoco es responsable de la oferta de participaciones preferentes en que cayeron miles de personas, muchos de ellos jubilados y de formación económica escasa.

Alega ante el juez que cuatro de sus ocho meses de gestión estuvo tutelada por el Banco de España

Amorós también se desvinculó de irregularidades en los planes de pensiones e indemnizaciones a los directivos, de 15,5 millones de euros pese a la situación de quiebra de la caja y su intervención por el Banco de España, al señalar que no modificó el sistema de remuneraciones que existía, y aseguró que ella no cobró ningún tipo de compensación por ese concepto.

La directora general contestó a las preguntas del juez, el fiscal Anticorrupción, sus abogados y los abogados de la CAM y del FROB, que ejerce la acusación. No respondió, por el contrario, al abogado Diego de Ramón, que representa a 500 afectados por la inversión en preferentes. Este letrado pedirá prisión para todos los imputados bajo fianza global de 12 millones de euros, aunque, según indicó hoy, el juez ha señalado que no decidirá sobre ese tipo de medidas cautelares hasta después del 19 de julio, cuando está prevista la declaración del último imputado hasta ahora en la causa, el ex director general López Abad.

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