El británico John Maynard Keynes (1883-1946) está considerado uno de los economistas más brillantes e influyentes de la historia. Sus teorías (y sus prácticas: lejos de encerrarse en la torre de marfil de la academia se involucró en actividades privadas, educativas y políticas) han impregnado la política económica occidental en los últimos 75 años. Su nombre fue invocado con especial fuerza durante 2008 y 2009, cuando las dentelladas de la crisis financiera internacional obligaron a todos los países, casi sin excepción ni distinción ideológica, a asumir que el Estado, como una especie de deus ex machina, debía hacerse cargo de la situación para sacar a la economía del agujero.

Pero si uno acerca el microscopio al ejercicio de 2010 y examina lo ocurrido en política económica, bien puede decirse que la influencia de Keynes se ha desvanecido como el dibujo de un niño en la arena de la playa. Ahora, los gobiernos han dejado de invocar su nombre (John Maynard ¿qué?, preguntan los olvidadizos). En estos tiempos de tijera y sangre presupuestaria, Keynes es un tipo poco recomendable, cuyas teorías no sólo no se aplican sino que ni siquiera se discuten. El gasto público, que en años anteriores fue considerado la red imprescindible para salvar al mundo de la catástrofe, es ahora una droga destructiva. El déficit, no hace mucho bálsamo de las heridas de la recesión, es hoy un hábito maligno que hay que desterrar en el menor tiempo posible. Lo curioso es que este giro radical se ha producido también sin importar el credo ideológico. Desde los conservadores Cameron, Merkel, Sarkozy y Berlusconi hasta los socialistas Zapatero, Sócrates y Papandreu, todos comparten la convicción antikeynesiana de que es la austeridad presupuestaria la que nos va a rescatar de la crisis, y sólo Obama conserva cierta inclinación, aunque cada vez más tibia, a utilizar el gasto público como palanca de la recuperación económica.

¿Convicción antikeynesiana? Quizás sea mucho decir. En realidad, si los gobiernos europeos han abrazado la teoría de los recortes presupuestarios y del debilitamiento del Estado del bienestar es más por temor que por convicción. Las economías más débiles (España, entre ellas) tienen miedo de que los inversores de los mercados de bonos encarezcan hasta tal punto la financiación de la economía que ésta deje de funcionar, mientras que los países ricos (Alemania, claro, y no tanto Merkel como el fontanero de Hamburgo que contempla horrorizado el desaguisado de los vecinos del sur europeo) temen tener que pagar, en el sentido literal, las consecuencias de ese colapso.

El resultado de todo ello es que el grosero pragmatismo impuesto por los mercados financieros ha liquidado el debate sobre la mejor manera de salir de la crisis y ha suplantado, al menos en parte, a las teorías económicas más comunes. El año que ahora empieza, acentuará, con toda probabilidad, esta tendencia. Después de los rescates de Grecia e Irlanda, los inversores internacionales siguen vigilantes para disciplinar, en caso de necesidad, cualquier desviación de los objetivos impuestos y echar unas paladas más de tierra sobre la sepultura de las ideas de Keynes.