El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu, en el auto dictado hoy para investigar el agujero de Bankia, reclama a las siete cajas que se fusionaron en la entidad los datos de los créditos concedidos, directa o indirectamente, a miembros de sus Consejos de Administración y directivos, así como a partidos y grupos políticos con representación en los ayuntamientos y asambleas de comunidades autónomas que hayan participado en el proceso electoral de la correspondiente caja de ahorros.

El magistrado, que ha imputado a Rodrigo Rato y a otros 32 consejeros de Bankia y su entidad matriz, el BFA, también quiere indagar en el escandaloso asunto de las indemnizaciones y prejubilaciones otorgadas a los ex directivos. Para ello, solicita a las mismas siete entidades los planes de prejubilación o cualquier otro sistema de previsión para los directivos, junto al importe desglosado de las aportaciones a pagos por indemnizaciones por cese, seguros de jubilación o pensiones, así como retribuciones de cualquier naturaleza abonadas a los consejeros y directivos.

La petición de esta documentación se dirige a Caja Madrid, Bancaja, Caja Insular de Canarias, Caja de Avila, Caixa Laietana, Caja Segovia y Caja Rioja. El juez acota la petición a los movimientos realizados desde el 1 de enero de 2008 hasta la actualidad.

El juez pide a las seis cajas toda la documentación recopilada desde el 1 de enero de 2008

En relación a la primera de las peticiones, el juez pide a cada una de estas siete cajas de ahorro que comuniquen todas las operaciones de crédito, aval o garantía que hicieron, directa o indirectamente, en favor de miembros de su Consejo de Administración, de su Comisión de Control, personal directivo, familiares en primer grado, y empresas o entidades que controlen. Y lo mismo respecto de partidos y grupos políticos con representación en las corporaciones locales y asambleas legislativas autonómicas que hayan participado en el proceso electoral de la correspondiente caja. Y añade que deben especificar el estado actual de esos créditos.

Por otro lado, el juez reclama a Bankia copia de las actas de las reuniones de su Consejo de Admnistración celebradas desde el 3 de diciembre de 2010 (fecha de constitución de su matriz, el Banco Financiero y de Ahorros) hasta la actualidad, y copias de las actas, documentos o informes que justificaron las sucesivas peticiones de ayuda al FROB –se le concedieron 4.465 millones de euros inicialmente, y ha pedido otros 19.000 millones-.

Andreu exige saber si han existido cláusulas de blindaje en casos de despido, renuncia o jubilación

 Asimismo, reclama a estas cajas que comuniquen, si desde el 1 de enero de 2008, han existido o existen cláusulas de blindaje o garantía para casos de despido, renuncia o jubilación a favor del personal clave de dirección y miembros del Consejo de Administración, debiendo remitir copia de las mismas. 

A la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se le reclama la resolución motivada por la que se aprobó la salida a Bolsa de Bankia, a pesar de que la misma no cumplía con el requisito de disponer de cuentas anuales auditadas los tres últimos ejercicios. Asimismo,el documento que contenga toda la información que Bankia haya puesto a disposición del público durante los 12 meses precedentes.

El juez se dirige, además, a las sociedades rectoras de las Bolsas de Madrid, Barcelona, Valencia y Bilbao, para que manden las copias del expediente originado por la admisión a negociación de las acciones de Bankia en los distintos mercados.

UPyD pagará 20.000 euros de fianza para ejercer de parte acusadora en el proceso

 Al Banco de España, le solicita el plan de capitalización de Bankia de 31 de enero de 2012, y otros informes, al igual que pide varios datos al FROB, como los acuerdos de suscripción de participaciones preferentes convertibles por 4.465 millones de euros, y los informes referentes a la petición de otros 19.000 millones adicionales. Solicita a este último organismo también copia de los informes cuatrimestrales que la Comisión Rectora del FROB tiene obligación de elevar sobre su gestión al ministro de Economía y Competitividad.

El juez exige una fianza de 20.000 euros a UPyD para ejercer como parte acusadora en el procedimiento. Contra el auto cabe recurso de reforma ante el propio Juzgado Central de Instrucción número 4 en el plazo de tres días, o recurso de apelación directamente ante la la Sala de lo Penal de la Audiencia en cinco días.  

Fuentes de Bankia señalaron a Público.es que está a plena disposición de la justicia y que colaborará con todo aquello que le sea reclamado por el juez Andreu, titular del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia, encargado del caso.