El Tribunal de Apelación de París, pese a confirmar que Sacyr actuó de concierto con otros accionistas españoles para hacerse con el control de Eiffage, le dio una puerta de salida del capital de la constructora francesa al anular la obligación que se le había impuesto de lanzar una opa en metálico.

Sobre el fondo, el tribunal dio la razón a la Autoridad de los Mercados Financieros de Francia (AMF), que en junio de 2007 había anulado la oferta que dos meses antes había lanzado Sacyr, mediante canje de títulos propios, sobre los dos tercios del capital que no controlaba en Eiffage.

Los jueces indicaron que la intención de las "adquisiciones sucesivas de acciones de Eiffage por Sacyr y por las otras seis empresas" identificadas de concierto con el grupo de Luis del Rivero fue una "acción colectiva organizada" que buscaba "una recomposición en beneficio propio" del consejo de administración del grupo francés que les permitiera luego realizar la fusión entre las dos empresas.

No obstante, señalaron que la AMF no debería haber incluido en la misma decisión de anulación de la oferta de Sacyr la obligación de una nueva opa, ésta en efectivo, porque haciéndolo no respetó el derecho de defensa mediante un procedimiento contradictorio.

En concreto, al utilizar el mismo dispositivo, Sacyr y las otras seis empresas -Acciones Reunidas, Arcomundo, Inmobiliaria Vano, Explotaciones Forestales Agrícolas y Pecuarias Alavesas, Ben Patricios y Portman Golf- no fueron avisadas por la AMF al superar los umbrales de participación que les imputaba, ni las invitó a presentar alegaciones sobre las infracciones que les reprochó.

La corte no negó la pertinencia de obligar a Sacyr a plantear una nueva oferta por haber infringido las reglas del mercado para hacerse con el control de una empresa que cotiza en bolsa, pero sí la forma en que lo hizo la AMF, que tendría que haber actuado "respetando el procedimiento" previsto en el código monetario y financiero, "que exige que las personas concernidas puedan presentar sus explicaciones".

El gendarme bursátil francés, aparte de insistir en que la corte le da la razón en su decisión de anular la opa de Sacyr porque había "acción de concierto" con seis de los otros 89 accionistas españoles de Eiffage, sugirió que va a dejar que sea el propio mercado, y muy en particular el grupo de Luis del Rivero, el que encuentre una salida al contencioso.

"Corresponde a Sacyr sacar las conclusiones", destacó a Efe una portavoz de la AMF, al ser preguntada sobre si el organismo va a activar un nuevo procedimiento para exigir a la constructora española una opa en metálico.

La portavoz añadió que se va a examinar en detalle la sentencia y esperar a ver "cómo reacciona el mercado", una respuesta que cobra más sentido teniendo en cuenta recientes informaciones sobre conversaciones de Sacyr con posibles compradores de su participación en Eiffage, en particular las aseguradoras AXA, AGF y CNP.

A propósito de esas negociaciones, Luis del Rivero negó hoy en Madrid haber mantenido contactos con "todas esas personas que se nos atribuye -como la Caisse des Depôts et Consignations-, lo cual no quiere decir que no los vayamos a tener ahora", y más tarde puntualizó que no está dispuesto a hacerlo con las aseguradoras.

Eiffage, aparte de hacer hincapié en que el tribunal les ha dado razón sobre el fondo al confirmar la acción de concierto, advirtió de que si Sacyr estuviera tentada de seguir en su capital, "corre el riesgo" de que la AMF lance un procedimiento, éste cumpliendo los requerimientos señalados por los jueces.

Una forma de señalar que Sacyr entonces afrontaría el desembolso de varios miles de millones de euros en efectivo, una situación más que comprometida para una empresa ya muy endeudada.

Eiffage, cuyo consejo de administración debía reunirse a mediados de abril para analizar las consecuencias de la sentencia de hoy, señaló que no le corresponde buscar compradores para la participación de Sacyr, pero que los hay que se han manifestado.

De no resolverse rápidamente el contencioso, la batalla judicial continuará el próximo 6 de mayo, con una sentencia del Tribunal de Comercio de Nanterre que debe resolver el recurso de accionistas españoles de Eiffage contra la decisión de la junta de la asamblea del grupo francés de privarles de derechos de voto.