Las grandes compañías del sector siderúrgico gallego tienen dos líneas en común. En primer lugar, pertenecen a una primera generación industrial que perece con el tiempo para dar paso a la transición energética, con graves consecuencias para la renta, empleados y despoblación. Y en segundo, muchas de estas agrupaciones, como la central térmica de Meirama en Cerceda (A Coruña), la fábrica de aluminio de Alcoa en San Cibrao (Lugo), Ferroatlántica (A Coruña) y Endesa en As Pontes (A Coruña), fueron impulsadas durante la dictadura de Francisco Franco. Medio siglo después, la industria más contaminante de Galicia dice adiós.

El sector industrial en Galicia genera el 18,5% del Producto Interior Bruto (PIB) y el 16,1% de empleo según el informe Una perspectiva económica de la situación industrial de España. Los datos de este ámbito estratégico cayeron en 2019. Galicia cerró el año como la tercera comunidad en la que más bajó la producción industrial (-3,9%) debido a la crisis, especialmente, de la multinacional estadounidense Alcoa y el grupo de Ferroatlántica, cuyos grupos disminuyeron su actividad por la caída de producción de la industria electrointensiva.

As Pontes y la descarbonización

En la década de los 40, la Empresa Nacional Calvo Sotelo (Encaso) construyó en As Pontes (A Coruña) la mayor central térmica de toda España para obtener combustibles a partir de materias primas del territorio gallego y abordó un complejo carboquímico, de donde se pudo extraer lignito. En 1972, todo esto pasó a formar parte de la entonces empresa Nacional de Electricidad (Endesa). En la década de los 90 consiguieron los mejores ritmos de explotación según informa el grupo creando 3.000 puestos de trabajo directos e indirectos.

Treinta años después, Endesa solicitó el cierre del complejo eléctrico. La razón: el elevado precio del CO2 que debe pagar para compensar la contaminación que provoca la quema del carbón y la caída del precio del gas. Se espera que el interruptor de la planta se apague a mediados del año 2021 por la falta de competitividad. Mientras tanto, continúan realizando pruebas con varias mezclas de combustibles para substituir los megavatios de la central de carbón por otros de energías renovables. De esta manera, les permitiría una "viabilidad técnica, medioambiental y económica", trazando un plan que permita minimizar el impacto en el empleo, de ahí a que su plantilla reclame una "transición justa" para los trabajadores.

Alcoa y el precio de la energía

Es el caso más conocido por las constantes movilizaciones de sus empleados. Alcoa se instaló en 1961 en Galicia. La multinacional anunció en mayo de este año un despido colectivo que afectaría a 534 personas, lo que puede desembocar en un cierre total de la planta de aluminio. Las causas de la caída de este gigante industrial han sido los elevados costes de la energía y el bajo precio del aluminio primario, los cuales provocaron pérdidas que se prevé que continúen. En palabras del presidente, Álvaro Dorado, la situación es "insostenible". En 2018 la compañía ya contempló cerrar el año con números rojos con pérdidas de hasta 20 millones de euros, más de 110 millones en los dos últimos años.

"No hay una apuesta decidida a intervenir en la fábrica. No hay una política energética seria, parece que vamos a afrontarla con la transformación energética", explica el secretario general de industria de CCOO, Víctor Ledo. "Somos conscientes de que estos sectores se tienen que reinventar, pero tienen que consolidarse proyectos serios y creíbles, pero la Xunta y el Gobierno no se toma esto en serio".

Así las cosas, el grupo británico GFC Alliance (Liberty) mostró su interés por la planta, pero según denuncia Alcoa, "pone en riesgo el proceso de la venta". Liberty pretende tomar el control de todas las fábricas, pero Alcoa no quiere vender la refinería de alúmina porque obtiene beneficios de ella. La multinacional estadounidense ya tiene en sus manos una propuesta de términos y condiciones para la venta, y el plazo para sellar el acuerdo termina el 27 de septiembre. A la par, pide al Gobierno la aprobación del Estatuto del Consumidor Electrointensivo, medios para abaratar el coste eléctrico y evitar deslocalizaciones.

Ferroatlántica en ERTE

De manera similar que Alcoa, Ferroatlántica (A Coruña) apagó varios hornos y pactó un Expediente de Regulación Temporal (ERTE) con unos 200 trabajadores porque el coste de la energía es inasumible. Aunque conocida todavía por Ferroatlántica, la compañía se denomina ahora Xallas Electricidad y Aleaciones (XEAL) con diez centrales hidráulicas en Cee y Dumbría. Las plantas de Sabón y Dumbría nacieron en 1972 y 1975 respectivamente.

Según ha informado el grupo en un comunicado, esta situación viene dada por un descenso de demanda desde principios de año y empeora con la crisis económica derivada de la covid-19, ya que sus clientes finales (las industrias de la construcción y de la automoción) han disminuido su actividad. Además, esta compañía era beneficiaria de las ayudas del Gobierno por las subastas de interrumpibilidad, pero eso ya es cosa del pasado, y en su lugar el Ejecutivo va a desenvolver el servicio de reserva estratégica de respuesta rápida.

Meirama y la transición energética

También a finales del franquismo, Lignitos de Meirama (Limeisa) se conformaba como sociedad en 1974. Actualmente propiedad de Naturgy, en 1980 la instalación de generación eléctrica se consideró la más importante del estado español y tras cuarenta años activa, la compañía presentó la solicitud de cierre en 2018 de todas sus centrales de carbón para apostar por la transición energética y renovable.

La intención es construir dos parques eólicos y un centro tecnológico de gas renovable. Un informe del Ministerio de Industria para la transición ecológica y el reto demográfico recoge cómo desaparecerá esta plantación con un coste de más de 13 millones de euros. El propósito es impulsar la inversión, atraer nuevas empresas y proyectos a la central, pero todo ello afecta a 180 puestos de trabajo, 77 de plantilla y auxiliares. Naturgy implementó un plan con "soluciones consensuadas" a través de la continuidad en los trabajos de desmantelamiento de la central o en la reubicación mediante "medidas pactadas". Su mano de obra, por el contrario, continúa movilizándose exigiendo alternativas y criticando la "falta de compromiso" por parte de la empresa.

El bandazo instantáneo de la desindustrialización

"En el momento en el que cierra una industria el impacto es automático", cuenta la profesora de Economía Aplicada de la Universidade de Santiago (USC) María Cadaval. El sector tiene empleos "por encima de la media" por las características de los trabajos y por la mano de obra altamente capacitada. Si desaparecen estas industrias, todas sus personas pasan a otros sectores productivos o emigran para buscar nuevas alternativas fuera de Galicia.

El problema radica en el futuro de esas zonas que vivían alrededor de estas industrias. "Las emisiones contaminantes que hace Galicia, si lo comparamos con el total nacional, triplica lo que correspondería según el peso de su PIB", prosigue. "Esto no se puede sostener en el tiempo, la transición es obligada". La comunidad gallega sufre la desindustrialización, pero la generación nueva basada en la transición ecológica todavía no se ha previsto con suficiente antelación para el cambio, por ello impacta de manera tan brusca en el tejido productivo del país.

Así las cosas, las expertas apuntan que Galicia tiene capital suficiente para conseguir el reto energético, pero preferentemente, debe darse a través de la interacción del sector público y del sector privado. "Seguimos insistiendo en la necesidad de participación e intervención pública en los sectores industriales o estaremos siempre en manos de las multinacionales que desde luego lo último que tienen en cuenta son las personas", apostilla Víctor Ledo, de CCOO. Por ejemplo, el naval gallego también continúa resistiéndose tras haber externalizado el proceso de construcción, perdiendo la capacidad i+d+i y competitividad a nivel internacional.

Sin embargo, en la industria gallega no todo son malas noticias. La fábrica de vehículos PSA de Vigo inició su actividad en 1958 como factoría de Citroën y más tarde de Peugeot. Es uno de los grandes cimientos de la economía gallega. Representa sobre el 30% de las exportaciones de Galicia y goza de buena salud tras afrontar el reto de los coches atmosféricos. Actualmente, disfruta de un pico de contratos, exactamente 7.500 trabajadores directos, algo que hacía años que no alcanzaba, fruto de las ventas de la furgoneta y del Peugeot 2008.