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Laboral Los empleados públicos temporales e interinos de Canarias inician una huelga

Exigen que sus puestos se conviertan en fijos, sin pasar por un concurso de oposición, después de más de 15 y 20 años trabajando.

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El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en una imagen de archivo. (Fuente: Comité de las Regiones).

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Los empleados públicos temporales e interinos del Gobierno de Canarias han iniciado este lunes una huelga para exigir que sus puestos se conviertan en fijos, sin pasar por un concurso de oposición, después de más de 15 y 20 años trabajando.

El portavoz del comité de huelga, Rafael Rodríguez, ha criticado que se les haga pasar por un concurso y tengan que demostrar después de 20 años que son capaces de llevar la función pública.

Los trabajadores se han concentrado ante las sedes de Presidencia del Gobierno en las dos capitales canarias para exigir estabilidad en sus puestos de trabajo.

Esta situación afecta a unos 11.000 trabajadores del Gobierno de Canarias, el 90 por ciento de los cuales ha secundado esta jornada de huelga, que está convocada todos los lunes y viernes, ha informado otro de los portavoces del comité, Manuel González.

Los paros están convocados por los sindicatos SepcaRafael , Intersindical y Co.bas, mayoritarios en la Administración autonómica, además de la Plataforma de empleados públicos en fraude de ley de Canarias (Pefralca).

Los sindicatos piden que se haga fijo al personal interino sin necesidad de pasar por un concurso oposición, tal como prevé el Gobierno regional.

La organizaciones sindicales consideran que se ha producido un fraude de ley, ya que el 91 por ciento de los trabajadores afectados llevan desarrollando sus funciones desde hace 14 años, y otros incluso desde hace 20 años.

González ha pedido que las negociaciones para intentar buscar una solución al conflicto las encabece el consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez y no la Dirección General de la Función Pública, a la que no le reconocen interlocución.

En su opinión, el Gobierno de Canarias «no quiere negociar» y se escuda en el pacto que en 2017 firmaron varios sindicatos y no compensa el abuso de temporalidad.

Considera que «hay soluciones legales, pero no hay voluntad política» para dar estabilidad laboral a los trabajadores.

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