"Si los costes se disparan y los precios se mantienen las rentas se caen, y eso es lo que está pasando en el campo", explica Miguel Blanco, secretario general de la organización agraria COAG, cuya ejecutiva obtuvo este martes el respaldo de sus estructuras territoriales para preparar movilizaciones de protesta por la situación del sector, una convocatoria que tiene el apoyo de Asaja, que aprobó la semana pasada iniciarlas, aunque no tanto el de UPA (Unión de Pequeños Agricultores), cuyos planteamientos en torno a la nueva PAC (Política Agraria Comunitaria) difieren de los de las otras dos grandes organizaciones.

Pese a esas divergencias, que dejan en el aire la unidad de acción de las tres grandes organizaciones agrarias, en el campo comienza a resonar un rumor de motores que, salvo sorpresa, en breve se extenderá por carreteras y ciudades en forma de tractoradas.

De hecho, las tres organizaciones coinciden en la denuncia de los tres principales focos de malestar del campo: la escalada de gastos, la baja remuneración de los productos y la negativa del Gobierno y de parte del Congreso a proscribir la venta de alimentos por debajo de sus costes, una estrategia comercial que acaba pagando el agricultor. "Tenemos planteamientos distintos, pero hay unas coincidencias que deberían permitirnos ir en unidad de acción como ocurrió en las históricas movilizaciones de 2020 y con otros temas como el rechazo a la protección del lobo", señala Blanco.

"La vente tiene los mismos problemas, y no entendería que fuéramos por separado, pero en la PAC, donde podemos compartir algunas posiciones con las otras organizaciones pero también mantenemos diferencias importantes, quedan muchas cosas por decidir antes del 31 de diciembre", indica Lorenzo Ramos, secretario general de UPA, quien se muestra "sorprendido por el anuncio de las movilizaciones".

"Estamos en unidad de acción con el resto de organizaciones desde 2020", recuerda, al tiempo que hace "un llamamiento a que esa unidad siga funcionando tomando las decisiones entre todos. Las formas son importantes".
En cualquier caso, los criterios de COAG, UPA y Asaja coinciden en los otros tres focos principales de malestar entre el cuarto de millón de familias que viven de la tierra y el ganado.

¿Qué está pasando con los costes de producción?

Se han disparado, como ha ocurrido en otros sectores, como consecuencia de la escalada de precios de la electricidad, que se ha comido los escasos márgenes de las explotaciones lecheras y ha llegado a encarecer un 50% la factura del regadío desde marzo, y también del gas, que arrastra al alza el de los fertilizantes hasta el punto de que en algunas zonas de la meseta los labradores estén comenzando a prescindir de ellos en los preparativos de la siembra, o del combustible con el que funcionan tractores y bombeos, que se ha encarecido un 11% en lo que va de año.

Paralelamente, "las materias primas básicas para la alimentación animal (principalmente soja) acumulan un incremento en sus cotizaciones de más del 60% durante el último año", denuncia COAG en un comunicado. Ese encarecimiento se debe al del transporte marítimo, que coincide con un aumento de la demanda de esos productos en China tras recuperar su producción de porcino .

"En los últimos diez años el encarecimiento de los insumos ha sido del 30%", señala Blanco, que apunta a un fenómeno que también se extiende por otros ámbitos: "los oligopolios, como los de Bayer y Monsanto con las semillas y otros productos, funcionan como monopolios porque se alían".
Ramos, por su parte, llama la atención sobre cómo "las subidas de las materias primas se repercuten de manera inmediata en los precios que pagamos mientras para que se noten las bajadas hay que esperar meses".

¿Qué ocurre con los precios?

"Los costes de producción han aumentado muchísimo, pero no podemos repercutir ese encarecimiento en nuestros productos porque los agricultores no fijamos sus precios", apunta Ramos.
De hecho, el proceso de determinación de lo que se paga y se cobra por un alimento en cada uno de los eslabones de la cadena sigue siendo un misterio, aunque sí parece claro que la decisión no se toma en el origen del circuito en las granjas y los campos. De ser así, no tendría sentido: ¿iban a poner sus productore unos precios del aceite que apenas les dan para cubrir los costes de producción?

Paneles como el IPOD (Índice de Precios en Origen y Destino de los alimentos) que elabora COAG ponen de manifiesto cómo los agricultores y los ganaderos llevan más de una década recibiendo entre la cuarta y la quinta parte del dinero que los consumidores pagan por esos mismos alimentos, un prodigio inflacionista que cuestiona abiertamente que el campo se rija por las normas de mercado y en el que resulta paradigmático que este verano la tasación de la cebolla y de la patata, por ejemplo, llegara a multiplicarse por siete entre las explotaciones y los supermercados cuando su manipulación no incluye ninguna transformación o que la de la lechuga se quintuplicara.

"El precio de los alimentos se está disparando porque hay especulación ", señala Blanco, que explica cómo "la tendencia en el campo va a la baja, a no poder cubrir costes, mientras algunas empresas importan esos mismos productos a bajo precio".

En este sentido, resulta paradójico cómo los informes de coyuntura del Ministerio de Agricultura registran trayectorias bajistas en las cotizaciones de verduras y hortalizas, y también en las de las carnes más consumidas como la de cerdo y la de pollo, en origen mientras las que presentan en los registros del IPC (Índice de Precios de Consumo) resultan claramente alcistas.

A esa caída de precios en los campos y las granjas, a la que se suman operaciones como la importación de cítricos baratos que ya pueden verse en algunos supermercados antes de comenzar la campaña en España, se le añaden los cierres de la restauración y el desplome del turismo como consecuencia de las restricciones por la pandemia, que han supuesto un duro impacto para los productores de aceite, vino, cerveza, algunas carnes y determinadas hortalizas.

¿Qué ocurre con la Ley de la Cadena Alimentaria?

Está por ver, aunque existen indicios de que va a seguir siendo legal la venta por debajo de costes, un recurso que tiendas y supermercados utilizan como gancho comercial a base de abaratar productos de demanda generalizada para atraer compradores pero que se acaba traduciendo en un recorte de los ingresos en el inicio de la cadena.

Las movilizaciones previas a la pandemia arrancaron un decreto que prohíbe ese tipo de prácticas hasta el último eslabón de la cadena de comercialización, que es la tienda. Y eso seguirá vigente al menos mientras no salga adelante la Ley de la Cadena Alimentaria, cuya votación de enmiendas fue aplazada este martes en la Comisión de Agricultura del Congreso.

Sin embargo, ni el Gobierno pone énfasis en modificar ese aspecto ni todos los grupos parlamentarios están por la labor, lo que motivó un inusual comunicado en el que organizaciones agrarias, cooperativas, industrias transformadoras y distribuidores reclamaron unidos "que se prohíba la venta a pérdidas en la nueva Ley de Cadena Alimentaria (…) por considerarse que sólo así quedará protegida la lealtad en las transacciones comerciales entre los operadores y la aportación de valor en todos los eslabones que intervienen en la cadena".

"Esa ley es muy necesaria y debe establecer que nadie puede vender por debajo de lo que cuesta producir", indica Ramos, que advierte de que con la normativa actual "si una gran superficie decide hacerlo a costa de sus beneficios puede hacerlo. Y no queremos que eso ocurra porque lo que van a hacer es repercutirlo" en sus compras.

"Destruir valor en la cadena repercute en todos los eslabones, y especialmente en el último, que es el productor", añade Blanco, que lamenta que "desgraciadamente, los costes se establecen de arriba hacia abajo".
Las organizaciones agrarias reclaman extender ese veto a la restauración o canal Horeca y a las importaciones, así como potenciar el observatorio que debe vigilar los precios para que lo haga con frecuencia y teniendo en cuenta las diferencias territoriales.

¿Cuáles son las diferencias en torno a la PAC?

Las posiciones de COAG, Asaja y UPTA, que en julio acordaron elaborar un documento de mínimos para defenderlo conjuntamente, incluyen coincidencias y diferencias derivadas de la diversidad de sus concepciones acerca de lo que debe ser una explotación agraria, discrepancias que en ocasiones también se dan entre las organizaciones territoriales y sectoriales de cada una de ellas.
Los temas fundamentales que deben cerrarse antes de que la nueva reforma  entre en vigor el 1 de enero incluyen algunos como la fijación de un techo máximo de ayudas por explotación, la implementación de mecanismos de redistribución de fondos y, el principal, quién tiene derecho a acceder a esas ayudas, que de entrada se van a ver reducidas un 9% por los recortes presupuestarios derivados del Brexit.

COAG es partidaria de centrarlas en el agricultor profesional, al que define como aquel para quien su principal ocupación y fuente de ingresos está en el campo. "En la definición del ministerio entran 600.000 personas cuando en la Seguridad Social solo hay dadas de alta 250.000", explica Blanco, que plantea: "¿quién es el perjudicado si todo el mundo las recibe? El profesional".
UPA coincide en la necesidad de situar en el centro al profesional, "aunque sin descartar otras explotaciones que lo necesitan para poder funcionar y que ayudan a mantener vivos los pueblos", señala Ramos.

Se trataría, en ambos casos y con matices, de ir eliminando la figura del ‘labrador de sofá’ y de reducir las distorsiones, en ocasiones de tintes esperpénticos , que históricamente ha tenido la aplicación de la PAC en España. "Ha venido mucho dinero pero ha estado muy mal repartido", apunta Ramos.

¿Y cuál es la postura del Ministerio de Agricultura?

El departamento que dirige Luis Planas no comparte los planteamientos de las organizaciones agrarias ni en cuanto a la venta a pérdidas ni sobre la aplicación de la PAC en España, aunque elude pronunciarse sobre el escenario que ha generado el aumento de costes y la caída de precios.

"La Ley de la Cadena lo que impide precisamente es que se puedan vender productos por debajo de los coste de producción", señalan fuentes ministeriales, que señalan que el decreto 5/2020 fue una "respuesta a las reclamaciones justas de los agricultores y ganaderos" con la que "se agilizó precisamente la modificación [de la ley] para impedir la venta a pérdidas".

"Lo que se pretende es que los productores obtengan unos precios justos, que no haya una pérdida de valor a lo largo de la cadena, y que éste este se reparta de forma equilibrada entre los distintos eslabones", anotan.

Las mismas fuentes rechazan que exista indefinición en su propuesta sobre "la figura de agricultor o ganadero activo a efectos de tener derecho a percibir ayudas de la PAC" para el Plan Estratégico español sobre esa materia, que contempla tres supuestos para acceder a los fondos europeos: estar dado de alta como autónomo, que el 25% de la renta anual proceda de la actividad agraria o ser perceptor de un mínimo de 5.000 euros de ayudas de la PAC por las explotaciones que posee.

"Esto permite acceder a ayudas a agricultores a tiempo parcial pero que producen y desempeñan una importante función social y medioambiental, manteniendo las tierras cultivadas", defienden.

Se trata, en cualquier caso, de parámetros que no encajan con los que se derivarían de una dedicación profesional al sector agrario, y si más enfocados a paliar otras problemáticas del mundo rural como la escasa redistribución de rentas o las bajas pensiones de jubilación, que a menudo tienen su principal complemento en las ayudas de la PAC.