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El futuro de las pensiones La lista de morosos con  la Seguridad Social incluirá a 1.100 deudores con deudas superiores al millón de euros

La deuda total con la Tesorería General de la Seguridad Social de todos los deudores asciende a 4.476 millones de euros.

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Una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social. E.P.

El director general de la Tesorería General de la Seguridad Social, Javier Aibar, ha anunciado este lunes que la lista de deudores con la Seguridad Social que publicará el Ministerio de Trabajo integrará a unos 1.100 morosos, en su mayoría empresas, con una deuda superior a un millón de euros y, al igual que en la lista de deudores que publica Hacienda, estos serán informados previamente a la publicación del listado.

Aibar indicó que el Gobierno prevé incluir en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año la modificación de la Ley General de la Seguridad Social que permitirá la publicación de la lista de morosos con la Seguridad Social.

Los deudores son en su mayoría empresas, porque "casi no hay deudores de más de un millón de euros que sean autónomos". Además, según ha anunciado Aibar, hasta el momento a todos los deudores con la Seguridad Social se les ha comunicado por vía de apremio que deben dinero. "Están advertidos con todas las garantías que recoge la norma recaudatoria", ha dejado claro.

En un encuentro con los medios, Aibar ha señalado también que si no se aprueban los Presupuestos, existe la posibilidad de que la modificación de la Ley para permitir la cobertura legal para dar publicidad de los grandes deudores al sistema de Seguridad Social se haga por decreto ley.

La deuda total con la Tesorería General de la Seguridad Social de todos los deudores, incluidos estos 1.100 que se integrarán en la lista, asciende a 4.476 millones de euros

Aibar ha destacado también que la tasa de morosidad ha alcanzado un porcentaje "muy positivo". Así, en diciembre de 2017 se situó en el 1,07% y ha afirmado que está previsto que cierre el año en el 1%, esto, según Aibar, significa que de cada 100 euros que deben ser ingresados por vía voluntaria, sólo un euro es necesario tratarlo en vía de apremio.

"Este es un porcentaje muy positivo que difícilmente mejorará", ha recalcado, tras hacer hincapié en que "índice en el control que realiza la Tesorería sobre el fraude y la morosidad".

Asimismo, ha recalcado que la recaudación desde que se puso en marcha el sistema de liquidación en cuantía ha mejorado. Además, ha afirmado que la morosidad ha alcanzado un nivel muy similar a los mejores datos de la década pasada y ha dejado claro que "va a ser muy difícil disminuir el 1% de esa morosidad".

También ha destacado que la mejora de salarios ha permitido la mejora de la tasa media de cotización. "Este comportamiento de la recaudación permite afirmar que por primera vez se va a conseguir una ejecución presupuestaria del 100%", ha añadido.

Aplazamientos

Hasta septiembre, el número de aplazamientos autorizados ha aumentado un 4,85%, hasta los 68.578 aplazamientos, pero, en cambio, el importe aplazado ha disminuido un 18,8%, hasta los 616,9 millones de euros. En total, la deuda vigente por aplazamientos asciende a 1.162,7 millones de euros.

Esto, según Aibar, se debe a que las empresas necesitan aplazar menos cantidades anualmente y debido al control de los incumplimientos de los aplazamientos, "las empresa se ven obligadas a negociar, pero con menores cantidades, esos aplazamientos".

En concreto, hasta septiembre, el sector público acapara el menor número de aplazamientos, con un total de 89 aplazamientos y un importe de 25,5 millones de euros, mientras que el sector privado ha registrado un total de 68.489 aplazamientos concedidos por un importe de 591,3 millones.

Respecto a los procedimientos concursales iniciados por la Tesorería General de la Seguridad, Aibar ha señalado que hasta septiembre de este año se han iniciado 2.811, cifra que "aumentará hasta finales de año, pero que con toda seguridad va a ser menor a la registrada el año pasado, que fue de 4.051 millones". El importe del crédito reclamado hasta septiembre ascendió a 127 millones de euros, cifra que, según Aibar, también será previsiblemente inferior a la que se registró en 2017.