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Narcotráfico en Colombia, entre la riqueza del negocio y la precariedad del campesino

Se cumplen 25 años de la muerte de Pablo Escobar, uno de los narcotraficantes más conocidos a nivel mundial. Marcó la historia de Colombia de finales del siglo XX, exportando la idea única de país productor de cocaína, a pesar de ser un territorio rico en diversidad cultural y recursos naturales.

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Cultivos de coca en Colombia. EFE/Archivo

"Pablo escobar transformó la historia de nuestro país", declara Gustavo Duncan, experto en narcotráfico y poder político. "Representó una figura que movilizó a jóvenes urbanos, fue capaz de encauzar las frustraciones sociales como justificación de lo puramente delincuencial y legitimó el narcotráfico entre muchos sectores excluidos, desafiando al Estado", matiza el también autor del libro Más que Plata o Plomo.

Sin embargo, Escobar no fue ni promotor del negocio, ni con su muerte desapareció. "Podría decirse que en Colombia ha sido una actividad recurrente durante los últimos cincuenta años", destaca Alberto Salcedo, periodista y cronista colombiano. "La droga ha sido el combustible de nuestra guerra interna porque les da fuerza económica a los grupos armados, y eso luego se traduce en compra de armas y ampliación de sus ejércitos".

Según el último informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la droga y el delito (UNODC) Monitoreo de territorios afectados por cultivos ilícitos, en 2017 la cantidad de hoja de coca cultivada en el país ascendía a 171.000 ha, un 17% más con respecto al año anterior. El mismo documento recalca que la cantidad de cultivo ha crecido en un promedio anual de un 45% desde 2013.

Una de las razones que explican este aumento recae en la ocupación de los territorios controlados por la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP), por parte de otros grupos criminales, paramilitares y disidencias. "Lo ideal hubiera sido que el Estado ocupara estas regiones", afirma Farid Benavides, ex viceministro de Política Criminal y Justicia Restaurativa en Colombia durante 2012-2013 y profesor de relaciones internacionales en Barcelona.

Esta invisibilidad del Estado y de sus infraestructuras conlleva que el campesinado continúe cultivando la coca, puesto que este tipo de economía permite tener unos ingresos en regiones donde los costos del transporte son altos, no hay vías adecuadas ni instalaciones para el almacenamiento, faltan cadenas de comercialización y el acceso al crédito es difícil.

"Lo primero que hay que decir es que una cosa es el negocio del narcotráfico y, otra muy diferente, los pequeños cultivadores de la hoja de coca que lo hacen por pura necesidad, entendida desde la visión del abandono estatal hacia el campo colombiano que lleva a un desconocimiento de la pobreza y una dejadez en materia de salud, educación, vivienda y trabajo digno", manifiesta Olga Quintero, lideresa campesina colombiana.

El informe de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y la UNODC ¿Quiénes son las familias que viven en las zonas con cultivos de coca?, establece que "al contrario de la idea de que participar en la economía de la coca es rentable para las familias campesinas, la verdad es que tienen muy baja calidad de vida y nivel de desarrollo". Y aclara que el ingreso mensual neto por la coca equivale a un 56% del salario mínimo.

El cuarto punto del acuerdo de paz firmado en noviembre de 2016 entre las FARC-EP y el gobierno colombiano, hace referencia a la solución al problema de las drogas ilícitas, a través del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS), que no solo establece una sustitución con garantías, sino la mejora de infraestructuras para poder cultivar otros productos y tener una economía rentable.

"El campesinado ha tenido y tiene la voluntad de sustituir los cultivos de uso ilícito y de eso pueden dar fe las 140.000 familias inscritas en el PNIS. Sin embargo, el Gobierno ha insistido en no cumplir con este punto", constata Quintero.

Actualmente, el proceso está estancado y las familias cocaleras han denunciado que "la Fuerza Pública está interviniendo con erradicación forzada en zonas de sustitución de cultivos de coca, en algunas de manera obligatoria y sin previo aviso", publica FIP en su informe Los primeros 100 días del presidente Iván Duque.
"Cuando una escucha en boca del Gobierno que hay que erradicar, una palabra que ya de por sí es violenta, eso indica fuerza e imposición, es decir, no escuchar al campesinado para ver que necesita y tener en cuenta sus propuestas", aclara la lideresa.

El punto cuatro también establece la solución al fenómeno de producción y comercialización del narcotráfico. "Los eslabones más bajos de la cadena son los raspachines —quienes recogen la hoja— y los campesinos que tienen el cultivo, capturarlos a ellos no tiene sentido porque es una investigación sin ningún fundamento, ya que la mayor cantidad de dinero no está ahí", afirma el ex viceministro.

Quintero habla de una persecución contra la población que depende económicamente de estos cultivos: "a pesar que se ha manifestado una voluntad de sustituir, se suceden constantes detenciones en las comunidades. Es una persecución intencionada".

Para velar por la ejecución de este punto, el movimiento campesino creó en enero de 2017 la Coordinadora Nacional de Cultivadores de Hoja de Coca, Amapola y Marihuana (COCCAM) que promueve en las regiones la sustitución voluntaria y el cumplimiento del PNIS. Las amenazas y los asesinatos a quienes hacen parte de este proceso, se ha convertido en el pan de cada día de las regiones cocaleras. Hay poco interés en sustituir por parte de las personas que se enriquecen de este negocio.

De país exportador a país consumidor

Otra de las razones que explicaría el incremento de los cultivos de hoja de coca es el aumento del consumo dentro del país. "Esto es consecuencia del cambio del mercado", explica Benavides. "Desde la desaparición de los carteles de Medellín y Cali, los mejicanos entraron en el territorio para controlar las rutas del narcotráfico, lo que supuso un encarecimiento de los gastos y, por lo tanto, la ganancia es mayor si el consumo es interno".

En los acuerdos de paz, también se proponen programas de prevención del consumo para tratar el tema desde la salud pública —apoyo psicosocial, sensibilización a la comunidad para prevenir la estigmatización de los consumidores—. Sin embargo, el decreto que acaba de firmar el presidente Iván Duque para sancionar a los portadores de sustancias psicoactivas conlleva una fuerte polémica, pues penaliza indirectamente el consumo que desde la Constitución de 1991 es legal, ya que favorece el principio de desarrollo de la personalidad, que es un derecho fundamental.

La evolución del narcotráfico en Colombia

Cómo Colombia se convirtió en uno de los principales países narcotraficantes tiene muchas respuestas. Una de ellas fue la guerra contra las drogas declarada por el ex presidente estadounidense Richard Nixon en los años 70 que, mediante un paquete de medidas para luchar contra las drogas psicoactivas, proporcionó ayuda militar a los países productores y exportadores.

"La guerra contra las drogas desencadenó una serie de eventos que, a la vuelta de algunos años, llevaron a la consolidación de Colombia como el principal exportador de cocaína a Estados Unidos. En 1971 comenzó a escribirse la historia contemporánea de Colombia. O, mejor, a torcerse, de manera lenta, pero definitiva, el destino de nuestro país", escriben Alejandro Gaviria y Daniel Mejía en el libro Políticas Antidroga en Colombia: éxitos, fracasos y extravíos.

Más adelante, el poder del narcotráfico recaería en los grandes carteles. Con la muerte de Pablo Escobar el cartel de Medellín cayó y, aunque se esperaba que el de Cali se incorporara silenciosamente a la sociedad, la financiación que hizo a la campaña del ex presidente Samper —Proceso 8000, primer caso fuerte contra corrupción y narcotráfico que hubo en Colombia— llevó a la presión por parte de Estados Unidos a detener a sus cabecillas. La captura del cartel de Cali produjo la fragmentación del movimiento en 'baby carteles' que además de ser liderados por los hijos de los narcotraficantes, eran más pequeños. Esta fragmentación produjo más violencia en las ciudades, ya que había más grupos que se disputaban el poder del territorio: paramilitares, criminales y guerrillas.

La negociación con los paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), que acabó en 2006, hizo que un actor regulador saliera del territorio y fuera remplazado por las nuevas bandas paramilitares o criminales (Bacrim) y la entrada de carteles mejicanos como Los Zetas. "Estos nuevos grupos se caracterizan por competir con el Estado, o a compartir con él, la gobernabilidad de la zona", destaca el profesor.

En cuanto al papel de la participación de las guerrillas en el negocio de la coca, "ha estado más vinculado al cobro de impuestos por el cuidado de cultivos, no era un cartel en el sentido de que no tenía un mercado —aunque no se descarta que tengan sus propios laboratorios—", destaca Benavides. En el caso concreto de las FARC-EP, "aunque sí hubo una conexión entre la guerrilla y el narcotráfico, tras la firma del acuerdo de paz el problema sigue vigente. De hecho, ahora hay más grupos armados".

La tendencia sigue siendo hacia la fragmentación y la creación de nuevos grupos criminales. Y quienes quedan en medio de esta dualidad entre delito e impunidad, riqueza y pobreza, son las comunidades cocaleras, que sufren no solo una guerra provocada por el abandono estatal, sino una persecución de sus líderes y lideresas que defienden el derecho a sustituir la "mata que mata".