Sobre las consecuencias económicas de la pandemia hay exactamente la misma certeza que acerca de su génesis biológica y sus medios de transmisión: ninguna, ni en cuanto a su magnitud, ni en lo relativo a su duración ni en lo que respecta a su coste. Los consensos residen en que se trata de algo con una desconocida capacidad expansiva, de consecuencias tan probablemente enormes como incalculables a fecha de hoy y que requerirá una inyección de dinero público también inédita, tal y como ya apuntan los movimientos de los gobiernos y las instituciones internacionales, para mantener a flote el sistema.

Analistas y agentes sociales observan esta crisis económica como una oportunidad para afrontar una avería cuya resolución lleva años pendiente y que, tras la reincidencia posterior a 2008, entraña el riesgo de cronificarse: eliminar, o cuando menos atenuar, su dependencia del ladrillo, las playas y el motor, y también de la cadena global de suministros, y comenzar a explotar potencias como la energía renovable, la innovación del I+D+i y las industrias de los cuidados, la sanidad y los medicamentos.

¿Tiene España capacidad para afrontar ese proceso? ¿Y recursos? ¿Y herramientas? Los expertos consultados por Público coinciden en que sí es posible ese cambio de modelo y, de hecho, señalan varias vías para recorrerlo. Aunque ese proceso no comenzará antes de que el país disponga de un balance de los daños que ayude a decidir por dónde comenzar la cirugía.

Una factura de 185.000 a 320.000 millones

El Banco de España prevé una caída del 6,6% al 13,6% del PIB para este año (entre 80.000 y 160.000 millones de negocio), en función de la duración del confinamiento y lo que tarde en reanudarse la actividad, para recuperar el siguiente entre un 5,5% y un 8,5% (de 60.000 a 90.000) con un gráfico en forma de ‘V’ que tendría el segundo palo más corto.

Pese a esa salida fulgurante, y sin incluir ERTEs ni ceses de actividad, la crisis dejaría tasas de paro del 17,5% al 19,9% que se traducirían en entre 860.000 y 1,4 millones más de desempleados (2019 se cerró con un 13,79% y 3,2 millones) y una tasa de deuda pública del 109,4% al 120,3% del PIB, lo que, al estar hoy en el 95%, equivale a un aumento del endeudamiento de 185.000 a 320.000 millones de euros en año y medio.

En esa horquilla se movería la factura de la recuperación, aunque el FMI (Fondo Monetario Internacional), por su parte, pronostica una caída de la actividad intermedia (-9,6%, -115.000) y una recuperación menor (+4,5%, +50.000) y, al mismo tiempo, un mayor crecimiento del paro (20,8%, +1,6 millones) y un avance menor del endeudamiento del conjunto de las administraciones, que se elevaría al 113% del PIB, unos 230.000 millones más que ahora.

Esa cifra tiene un llamativo parecido con otras dos: los 212.808 millones de euros con los que la Agencia Tributaria marcó el año pasado un nuevo récord de recaudación y los 200.000 millones del presupuesto inicial del ‘escudo social ( )’ que prevé activar el Gobierno central para afrontar la situación, que en la práctica incluye cifras mayores como los 14.000 millones transferidos de urgencia a unas comunidades autónomas desbordadas que llevan semanas recurriendo al crédito para hacer frente a las necesidades del sistema sanitario y los servicios sociales.

Dinero público y consumo para la recuperación

¿Sería suficiente con ese dinero para reflotar el país y cambiar su modelo productivo? No lo parece. Serán necesarias, al menos, otras dos patas. Una es la aportación de una UE cuyos socios discuten entre fuertes tensiones si aplican los coronabonos u otra fórmula para socorrerse poco después de que el BCE (Banco Central Europeo) activara un curioso sistema consistente en abrirse a inyectar hasta 750.000 millones de euros a coste cero en la banca privada para que esta compre a los Estados una deuda por la que sí cobrará intereses.

La otra depende, tanto para el sector privado como en el público, de la reactivación del consumo, algo fundamental para que vuelvan los ingresos a un tejido productivo y comercial en el que la mitad de las empresas viven al día, con pérdidas o con beneficios ínfimos mientras su deuda conjunta está cerca de quintuplicar (llega al 471%) sus recursos ordinarios.

Sin embargo, ni la posición de salida de los consumidores ni sus ánimos parecen los ideales para lanzarse a comprar en un país en el que la quinta parte de los hogares subsisten bajo el umbral de la pobreza y miles de familias han necesitado ayuda para comer nada más pararse la actividad económica, y donde los ERTEs ya ‘refugian’ a más trabajadores de los que se quedaron en paro en la anterior crisis mientras las empresas cierran a un ritmo de más de 5.000 diarias en las primeras semanas del confinamiento.

Esa evidente perspectiva de caída de las rentas por el menor nivel de empleo, que tendrá consecuencias directas en el consumo y también en las cuentas públicas al tirar al alza del gasto social y a la baja de los ingresos tributarios, llega, además, cuando los hogares españoles arrastran una deuda de más de 700.000 millones de euros. Son 85.000 menos que hace seis años y una cuarta parte menos que al estallar la anterior crisis otros seis antes, sí, aunque eso no impide que siga tratándose de un lastre de calado. E inferior, en todo caso, en casi 200.000 millones al del tejido empresarial.

“Muchas pymes y microempresas no tienen acceso al crédito”

“Hay que ver de dónde veníamos. Estábamos reduciendo el nivel de endeudamiento, aunque de manera lenta”, señala Valentín Pich, presidente del Consejo General de Economistas (CGE), que, al mismo tiempo, llama la atención sobre dos aspectos clave para la reactivación de la economía: “todavía no conocemos con certeza la magnitud del desastre, ni el miedo que va a tener la gente cuando se levanten las medidas”.

“El Gobierno ha aplicado medidas para facilitar liquidez” a empresas y familias, destaca el economista Eduardo Garzón, para quien “el problema no es la deuda sino la falta de liquidez, los ingresos. Sin ellos ni hay consumo ni puede funcionar un negocio. Si te quedas sin ellos, cualquier deuda, por pequeña que sea, te atrapa, te condiciona”.

Por su parte, el responsable de Economía y Transformación Digital de Cepyme, Luis Aribayos, describe la confluencia de varios escenarios con bajos tipos de interés para el crédito privado, una reducción del endeudamiento de empresas y familias y una mejora de los resultados empresariales en los últimos años que “ha permitido sanear y guardar reservas, más en las grandes, menos en las medianas y poco en las pequeñas”; y, por otro lado, un sector público con elevados niveles de endeudamiento y déficit cuya morosidad lleva tres años creciendo (aunque los plazos son menores que los del Íbex35) y cuyo acceso a la financiación comienza a complicarse al empezar a pagar intereses.

“Si no se toman medidas, muchas pymes y microempresas no van a resistir porque no tienen acceso al crédito, y no se van a poder incorporar cuando vuelva la actividad”, anota Carmelo Ruiz, responsable de Política Industrial de UGT-FICA.

Así pues, junto al evidente desplome de los ingresos por el confinamiento y la caída de la actividad, los análisis coinciden en señalar la necesidad de dotar al tejido productivo de liquidez , de manera especial, por su debilidad, en las empresas de menor tamaño, sobre cuyos escuálidos márgenes y su fragilidad vienen alertando instituciones como el Banco de España.

Otra decisión de calado: ¿banca pública sí o no?

¿Y eso cómo se hace? Ahora mismo hay abiertas varias vías para habilitar esa financiación, tanto públicas como privadas y mixtas. Entre las primeras se encuentran la línea de 20.000 millones de créditos para pymes y autónomos abierta por el ICO y entre las segundas el préstamo bancario de toda la vida. Las terceras están la inyección de liquidez del BCE a la banca privada, de 750.000 millones, y los avales (20.000 abiertos y 80.000 pendientes) que el Gobierno ha puesto a disposición de las entidades financieras para afianzar hasta el 80% de esos préstamos al tejido productivo.

No obstante, las ayudas del ICO han dado lugar a la picaresca de algunas entidades bancarias que, al no obtener rendimientos con la canalización de esos préstamos públicos y al sufrir mermas del negocio con los avales ya que pagan intereses, condicionaban los trámites a la contratación de seguros de vida, una práctica que ha obligado a la CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) a abrir una investigación.

“El ICO lo dominan los bancos privados y sus líneas no llegan a la gran empresa”, anota Ruiz, mientras Garzón sostiene que “la banca privada no tiene sentido tal y como funciona hoy, mientras que la nacionalización de la banca daría un canal para distribuir el crédito”.

Juan Torres López, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla, abunda en esa tesis. “Nuestra economía está bancarizada”, señala, pero “el sistema financiero está cambiando. No debemos seguir dependiendo de oligopolios bancarios que no están en condiciones de atender las necesidades de microespacios y actividades de menor dimensión”. “Debería haber instituciones de crédito públicas finalistas, para financiar actividades, sectores, empresas o personas con mayor dificultad de acceso a la financiación bancaria convencional”, añade.

Lo cierto es que, tras un rescate de 73.000 millones de euros, el parón de la economía pone al Gobierno ante otro dilema: renunciar al 60% que controla en Bankia-BMN y venderlo para recuperar 9.560 millones de euros que rebajen esa factura de 73.000 a 63.500 o cimentar en esa entidad la edificación de una banca pública, una herramienta que cuenta con las bendiciones de organismos como el Banco Mundial (BM) y que sí existe en países como Alemania (NRW), Holanda (BNG Bank), Francia (Caisse des Depôts y Banque Postale) e Italia (Banco Posta).
El Gobierno de Ángela Merkel ha utilizado su banca pública, precisamente, para canalizar medio millón de euros hacia las empresas de manera directa, sin intermediación.

¿Una nueva moneda dentro del euro?

La otra vía de financiación es la internacional, sobre la que los analistas coinciden en destacar las incertidumbres que la rodean. “Va a haber dinero europeo, aunque no se sabe bien cuánto llegará, ni cuándo ni cómo”, indica Pich, mientras el economista Adrian Jofre, socio-director de la consultora beBartlett, destaca que “no está claro cuáles van a ser las condiciones de las ayudas internacionales”, ni las de la UE ni las del FMI ni las del BM.

La UE, por otro lado, no atraviesa su momento de mayor consistencia, entre las tensiones disgregadoras del área oriental y una amputación por la occidental, la de Reino Unido con el Brexit, que le obliga a recortar un 14% su presupuesto, ya que esa era la aportación neta de los británicos, justo cuando la pandemia le obliga a realizar su mayor esfuerzo financiero.

Torres lanza una propuesta de calado en este aspecto: “Creo que hay formas de recuperar capacidad de maniobra macroeconómica dentro del euro, con una moneda complementaria. Deberíamos abrir este debate”, plantea.
Es una alternativa a unas políticas monetarias con las que el BCE renuncia (cuando menos parcialmente) a su función de banco central para, en su lugar, combinar el apoyo a los Estados con el rescate del sector financiero en una pirueta que le lleva a prestar gratis a los segundos para que financien a los primeros con intereses. Son los efectos secundarios de una unión monetaria, la de Maastricht, a la que nunca se adhirieron unos británicos que, ahora, disponen de un banco central que ya ha anunciado que financiará, al menos parcialmente, los planes de reactivación de su Gobierno.

Créditos participativos y nuevos impuestos

La banca pública y las políticas monetarias se perfilan como dos de las eventuales herramientas para activar ese aplazado, y cada vez menos postergable, cambio de modelo productivo. Aunque no son las únicas, ni mucho menos.

Algunas de ellas tiene que ver con la intervención del Estado en la actividad económica. “¿Qué papel debe jugar en las políticas industriales cuando sabemos que tras la pandemia va a haber reestructuraciones de la producción a nivel mundial?”, plantea Agustín Martín, secretario general de la Federación de Industria de CCOO, ante el colapso que provocó el coronavirus en la cadena global de suministros y, también, ante planteamientos como los del liberal Emmanuel Macron en Francia, dispuesto a “convertir las ayudas a empresas en acciones” de la República.

Esa herramienta ya existe en España. Se llama crédito participativo, ha sido (y es) utilizado por el Gobierno y las comunidades autónomas para rescatar a empresas de todo tipo, sociedades anónimas deportivas incluidas, y consiste en un préstamo (o en avales) de la Administración que, en caso de impago, se convierte en acciones a nombre de esa institución, que de esa manera puede evitar que determinadas firmas estratégicas caigan en manos inadecuadas.

Jofre, por su parte, alude a otra de las puertas que abre la pandemia: crear nuevos impuestos, algo que ya se está planteando en países como Argentina, que está articulando una tasa con la que las grandes fortunas aportarán fondos para afrontar la pandemia.

Por último, Martín apela a un cambio de planteamiento para “poner en valor el trabajo real en lugar de la especulación financiera”. “Habría que darle una vuelta a la financiarización de la economía, a esa búsqueda de rendimientos para el accionista a costa de todo”, anota, mientras recomienda “girar hacia la economía real en lugar de seguir en la de casino”.

Primera parte de la serie: La pandemia sitúa a España ante su dependencia del ladrillo, la playa y el motor

Segunda parte de la serie: La pandemia desnuda a la industria española y sitúa al país ante el reto de su reconversión