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Santander recorta bajas y sube las indemnizaciones de su ERE

El banco reduce la cifra de salidas de 3.713 a 3.464 y ofrece a los voluntarios primas de 2.000 euros por trienio y hasta 30.000 euros por antigüedad, aunque las posturas con los sindicatos siguen alejadas.

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Cajero automático del Banco Santander EFE/Archivo

Banco Santander aceptó este martes, en la tercera reunión del periodo de consultas de su tercer ERE (Expediente de Regulación de Empleo) en tres años, recortar 249 de las 3.713 bajas que inicialmente preveía acometer en la plantilla, con lo que la cifra de salidas se sitúa en 3.464.

El recorte, que supone renunciar a uno de cada quince despidos y que coincide con la cifra de despedidos y prejubilados en la entidad en abril y mayo, explicaron fuentes de CGT, rebaja de uno de cada ocho a uno de cada nueve trabajadores la cifra de afectados, ya que su plantilla es de 29.948 empleados.

Las posiciones de la dirección siguen, pese a la mejora de las condiciones económicas que el banco comunicó este martes, alejadas de las que mantienen los sindicatos, que reclaman una mayor reducción de las salidas después de que el año pasado otro expediente se llevara por delante 1.100 empleos en el primer ajuste tras la compra de Popular y la absorción de su plantilla de 12.343 trabajadores.

Esa propuesta incluye las llamadas primas de voluntariedad para los menores de 54 años, que serán de 2.000 euros por trienio completado y a las que se sumarán entre 4.000 y 30.000 euros en función de los años trabajados y, para quienes tienen entre 52 y 54, otro pago de 15.000. El banco pretende cubrir el 60% de las salidas con empleados de más de 52 años.

Por debajo del ERE del año pasado

La nueva oferta de indemnizaciones se sitúa en 40 días por año trabajado, con el límite en dos años de salario, para los trabajadores de menos de 51 años que lleven quince en Santander y/o Popular. A partir de los 62, la empresa no se mueve de los veinte días por año y el tope de una anualidad que marca la reforma laboral.
Para los tramos de 52 a 54, de 55 a 57 y de 58 a 61, ofrece, respectivamente, el 60% del salario pensionable de seis ejercicios (topados en 380.000 euros), el 70% de ese concepto (o el 68% más la mitad del complemento voluntario) y el 75% (o el 72% más el 58%), en los dos últimos casos en cuotas mensuales hasta los 63 años y con el convenio especial con la Seguridad Social.

Esas condiciones de salida siguen alejadas de las que contempló el ERE de los servicios centrales ejecutado el año pasado, en el que los menores de 50 años fueron indemnizados con 40 días por año trabajado mientras los de 50 a 54 recibían el 80% del sueldo de ocho años y los de 55 a 62 alcanzaban ese mismo porcentaje hasta cumplir los 63.

Paralelamente, el banco, que la semana pasada aceptó eliminar la posibilidad de trasladar a trabajadores hasta a 400 kilómetros de sus actuales puestos de trabajo y la redujo a cien, aceptó suprimir también la movilidad geográfica entre islas.
Sin embargo, volvió a rechazar la propuesta de CGT de incluir a las mujeres embarazadas entre los colectivos protegidos frente al despido. El anterior ERE tuvo una especial incidencia entre las trabajadoras con reducción de jornada por cuidado de hijos.

Menos bajas y mayores compensaciones

Los sindicatos coinciden en reclamar una reducción del número de despidos, en primar la voluntariedad e incluso restringir las bajas a las opcionales, en rechazar los traslados por encima de los 75 kilómetro que ahora contempla el convenio y, también, en reivindicar, como mínimo, las mismas condiciones económicas del último recorte de empleo.

“Estos avances son una buena señal, pero todavía son insuficientes para garantizar la voluntariedad en las salidas”, señalan en CCOO, mientras desde UGT consideran que la nueva oferta “modifica sustancialmente” la propuesta inicial y “claramente insuficiente” del banco.

CGT, por su parte, propone elevar en medio trabajador el ratio de la plantilla media por oficina, lo que permitiría reducir 1.500 bajas y, paralelamente, “minorar la carga de trabajo y así garantizar la calidad del servicio” y evitar una “temeridad que podría suponer una fuga de clientes mal atendidos y una rebaja de los márgenes comerciales que nos volverían a llevar en un corto plazo a otro proceso” de regulación de empleo.