“Salvo que la Administración ofrezca una solución”, las dos únicas clínicas abortistas de Aragón suspenderán parcialmente su actividad por culpa de los impagos del Gobierno autonómico (PP), que les debe 800.000 euros. Así lo ha denunciado hoy la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), que asegura que esta decisión afectará a “las más de 2.000 mujeres que abortan anualmente en el territorio aragonés”.

Según la Acai, los responsables de las clínicas Actur y Almozara han intentado negociar esta decisión con la Consejería de Salud de Aragón, pero la administración “no solo no ha solventado la deuda, sino que tampoco la ha presupuestado en sus partidas económicas para el ejercicio 2012”. Debido a ello, ambos centros han decidido formalizar “la suspensión parcial de los acuerdos contractuales con la Administración”, según informó la asociación en un comunicado.

Las clínicas sí atenderán los supuestos de anomalías fetales

Así, a partir del 3 de mayo, “las mujeres que interrumpan su gestación antes de la semana 14 por voluntad propia deberán abonar el precio de la prestación. Sin embargo, ambos centros han decidido continuar atendiendo los abortos que respondan al supuesto de patología fetal (artículo 15 de la Ley del Aborto), “con cargo al Servicio Aragonés de Salud, si éste lo acepta”, especificaron desde Acai.

Aun así, la plataforma aseguró que todavía mantiene la esperanza de llegar a un acuerdo con el Gobierno de la Comunidad, “con el objetivo de no agravar la difícil situación que atraviesan las mujeres que acuden a los centros”. Asimismo, recordó al Ejecutivo de Luisa Fernanda Rudi que “la Ley obliga a todos los gobiernos autonómicos a facilitar el servicio y a garantizar la gratuidad de la prestación”.

Varias asociaciones recuerdan que la Ley obliga a financiar el aborto

En la misma línea se expresó también la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (Fadsp), que calificó esta situación de “inaceptable”. “Desde la Fadsp venimos señalando que existe una actitud ideológica de algunas comunidades de no financiar la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) y excluirlo en la práctica, mediante el impago sistemático a las clínicas concertadas, de las prestaciones sanitarias financiadas”, denunciaron.

Sanidad asegura que la prestación 'sigue estando garantizada'

Por su parte, el departamento de Ana Mato quiso apaciguar los ánimos y aseguró a Efe que el aborto voluntario es “una prestación que sigue estando garantizada”. “Si no lo hacen las clínicas privadas, con las que había concierto, lo tendrán que hacer los hospitales públicos”, aseguraron fuentes del Ministerio de Sanidad. “No hay ningún problema”, concluyeron.

En cambio, la secretaria federal de Igualdad del PSOE, Purificación Causapié, ha anunciado que pedirá la comparecencia “con urgencia”  de Mato en el Congreso para que dé explicaciones sobre esta situación que se da en “algunas comunidades”, no sólo en Aragón.

El PSOE pedirá la comparecencia de Mato en el Congreso“En estos momentos, las deudas que diversos gobiernos autonómicos tienen contraídas con las clínicas están asfixiando económicamente a los centros, abocándolos al cierre, lo que supondría dejar sin el recurso de aborto a más de 100.000 mujeres en nuestro país”, aseguró también Acai.

“Parece que el proyecto anunciado por [el ministro de Justicia, Alberto Ruiz] Gallardón para eliminar el derecho a decidir sobre su maternidad lo están haciendo efectivo ya algunos gobiernos del PP, aunque con ello están incumpliendo la ley”, opinó Causapié.

Por ello, la oposición tiene previsto preguntarle a la ministra “si está pensando en sacar la IVE de la cartera básica de servicios sanitarios”; una medida que supondría, según Causapié, un retroceso de “más de 30 años” para las mujeres españolas.