"¿Qué gastos podemos unificar o reducir fusionando pequeños municipios? Los alcaldes y los concejales no cobran del ayuntamiento, los funcionarios de salario elevado, como los secretarios, están mancomunados entre varios pueblos y hay que seguir prestando servicios a los núcleos: recogida de basura, suministro de agua potable, controles de su calidad, saneamiento", plantea Miguel Gracia, presidente de la Comisión para el Reto Demográfico de la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) y de la Diputación de Huesca.

La aprobación en referéndum de la unión de los municipios pacenses de Don Benito y Villanueva de la Serena, en realidad dos ciudades de tamaño medio en torno a las que se concentra uno de los principales polos de actividad agroalimentaria del país y cuyo censo de 63.112 habitantes supera al de siete capitales de provincia como Ávila, Cuenca, Huesca, Segovia, Soria, Teruel y Zamora, ha reavivado el debate sobre la conveniencia de reducir la cifra de 8.131 municipios de España por la vía de la fusión de ayuntamientos y sobre el argumento de que eso iba a generar magros ahorros al Estado.

La reducción del gasto iba a ser de más de 16.000 millones de euros anuales, llegó a defender el extinto partido UPyD, aunque lo cierto es que ahora, doce años después de esos cálculos, en España hay 19 municipios más que entonces, algo que da prueba de la escasa receptividad que ese tipo de propuestas encuentran en el mundo rural por varios motivos entre los que destaca su escaso impacto económico.

"No vemos ningún ahorro en la fusión de municipios. Hay una idea equivocada", señala Gracia, cuya tesis sintoniza con los resultados de un estudio de la Universidad de Extremadura sobre el caso pacense, ya que centra los eventuales ahorros del nuevo municipio en la gestión de tres servicios como la recogida de basura y el abastecimiento y el saneamiento de agua al mismo tiempo que, al pasar unidos de 50.000 habitantes y según informó El Periódico de Extremadura, la financiación procedente de la Participación en los Ingresos Tributarios del Estado aumentaría en 1,4 millones anuales sobre la que ahora reciben los dos ayuntamientos por separado.

Ni una ni otra partida serían relevantes cuando la unión afectara a varios de los casi 5.000 municipios de menos de mil habitantes, en los que reside menos de un millón y medio de personas. Salen a menos de 300 vecinos por municipio, a menudo distribuidos en varios núcleos que sus ayuntamientos deben atender.

Municipios con más de una decena de pueblos

"Nunca se ha hablado de eliminar pueblos", señalan fuentes de la FEMP, que destacan cómo, por el contrario, "el reto está en igualar los derechos de quienes viven en el medio rural y en el urbano, en garantizar que todos disfruten de los mismos derechos", incluidos los del acceso a las infraestructuras digitales.

"Los núcleos hay que mantenerlos vivos. La presencia de gente en el territorio es un factor de sostenibilidad. No podemos renunciar a eso", sostiene Gracia, que conoce de primera mano cómo es la gestión de ese tipo de municipios como alcalde de Arén, en el Pirineo, con 318 habitantes repartidos en diez núcleos más el principal.

Ese tipo de estructuras municipales son, en cualquier caso, más propias de la mitad norte del país que de la meridional, en las que la población tiende a concentrarse, salvo excepciones como las de algunas zonas de La Mancha, en un número de núcleos menor y de mayor tamaño.

En la práctica, lo que sí resulta frecuente tanto en unos como en otros es la concentración de centros de servicios como ambulatorios, escuelas, institutos y geriátricos públicos en las cabeceras de comarca, una planificación que obliga a las entidades locales a asumir elevadas facturas en transporte de niños y de adultos y que, al mismo tiempo, convive con la prestación mancomunada de otros servicios como la recogida de basuras o, en la enseñanza, los CRA o Centros Rurales Agrupados en los que varios pequeños ‘coles’ locales comparten al profesorado especializado en materias como idiomas, educación física, música o informática.

Solo cuatro fusiones en cuarenta años

La fusión de municipios ha sido frecuente en los dos últimos siglos en España, donde un informe del Ministerio de Administraciones Públicas contabiliza 4.000 extinciones, con sus consiguientes incorporaciones a otros, entre 1842 y 2008.

No obstante, esos procesos tiene más que ver con la transformación de las estructuras sociales y económicas del país y con los éxodos del campo a la ciudad que con planes de inspiración austericida como los que guiaron la reforma legal de 2013, que pretendía primar las fusiones de municipios para "racionalizar sus estructuras y superar la atomización del mapa municipal" con incentivos como "el incremento de su financiación, la preferencia en la asignación de planes de cooperación local o de subvenciones, o la dispensa en la prestación de nuevos servicios obligatorios como consecuencia del aumento poblacional".

"Los municipios fusionados percibirán un aumento de la financiación en la medida en que los municipios de menor población recibirán menos financiación", añadía.

El balance a fecha de 25 de febrero, y a la espera de que Don Benito y Villanueva cierren su fusión, es de trece municipios más, que son quince nuevos en realidad tras las uniones de Oza y Cesuras en A Coruña en 2013 y de Cerdedo y Cotobade en Pontevedra en 2016, mientras Itsaso y Ezkio, en Guipúzcoa, permanecían separados cinco años, entre 2016 y 2021, cuando se fusionaron de nuevo para cumplir una sentencia del Supremo que condenaba al primero de ellos a la desaparición.

La anterior fusión, que data de 1981 y fue la de Junta de San Martín y Junta de Río, en Burgos, para dar lugar al municipio de Valle de Losa, fue la primera de la democracia. La de las localidades pacenses será la quinta.

"Aunque los cambios sí son relevantes para impedir nuevos municipios, tienen una eficacia muy limitada para reducir los municipios pequeños existentes", concluye Eloisa Carbonell, catedrática de Derecho Administrativo de la Universidad de Jaén, en un artículo publicado por el INAP (Instituto Nacional de Administración Pública) en el que se refiere a los planes del Gobierno de Mariano Rajoy para alterar la planta municipal como la "crónica de un fracaso anunciado" por su "limitado alcance" en la práctica.

"Fue una reforma precipitada, motivada por una perspectiva estrictamente económica", anota la jurista, que destaca cómo sus promotores no valoraron "otras posibles soluciones" como "la posible incorporación del municipio no sostenible económicamente a otro financieramente saneado".

Los 'paracaidistas' en los pueblos en proceso de extinción

Hay, sin embargo, dos factores, potenciados cuando se combinan, que entrañan la posibilidad de resultar más efectivos que esa ley para provocar la extinción de municipios y su absorción por los limítrofes de mayor entidad: su propia viabilidad demográfica y la de sus instituciones.

La llamada "desventaja demográfica" aboca al 44% de los pueblos de España, 3.589, a no tener más esperanza de vida que la que tienen sus actuales habitantes: morirán, salvo giro sorpresivo, con ellos, según concluye un estudio elaborado por los geógrafos Maria Zúñiga y José Antonio Guillén para la SSPA (Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa, por sus siglas en inglés).

La falta de vecinos interesados en gobernar el pueblo lleva tiempo encendiendo las alarmas de los partidos políticos: en 587 municipios solo se presentó una lista en las últimas elecciones, las de mayo de 2019, mientras que en otro medio centenar nadie llegó a presentar su candidatura, algo que, si la Diputación o la comunidad no logran armar una gestora en los tres meses siguientes, conlleva la disolución del ayuntamiento para integrar su término y su vecindario en uno de los limítrofes.

Este factor tiene una perversa variante en la figura de los 'paracaidistas', los candidatos sin arraigo, y a menudo ni siquiera vinculación, con el pueblo que los partidos presentan, normalmente en pequeñas localidades, para canalizar unos puñados de votos locales de carácter ideológico que pueden acabar resultando claves para definir los gobiernos de comarcas y diputaciones.

Sin embargo, esos candidatos se desentienden del ayuntamiento si resultan elegidos, algo que ya comienza a provocar un goteo de caóticos cuadros en los que, pese a haber sido elegidos, nadie se presenta en la práctica para dirigir el pueblo y el pleno no puede llegar a constituirse.