El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha acordado enviar a juicio al comisario jubilado José Manuel Villarejo, en prisión desde 2017, y a otras 27 personas –colaboradores y personas que le contrataron– en dos piezas del conocido como caso Tándem, las número 2 y 6, denominadas Iron y Pintor.

En sendos autos, el titular del Juzgado Central de Instrucción número 6 acuerda la apertura de juicio oral en estas dos piezas y da un plazo de diez días a los 28 acusados para que remitan sus escritos de defensa.

La pieza Iron fue la primera en la que la Fiscalía formuló recientemente acusación contra el excomisario, en prisión preventiva desde hace dos años y medio.

Un total de 57 años de cárcel le pide Anticorrupción por el encargo que hizo para el bufete de abogados Herrero & Asociados, proyecto conocido como Iron, y que consistió en espiar a un despacho rival, Balder Ip Law.

Además de a Villarejo, el instructor envía a juicio en esta causa a otras 13 personas por delitos de cohecho, tráfico de influencias, descubrimiento y revelación secretos y falsedad documento mercantil, así como a la mercantil Herrero y Asociados como persona jurídica, entre ellas el exjefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo de la Policía (UCAO) Enrique García Castaño, y a su mujer Gema Alcalá, que se enfrentan a 52 y 50 años de cárcel, respectivamente.

En su auto, el juez fija la responsabilidad civil a la que deben hacer frente los acusados en 480.000 euros por las posibles indemnizaciones a los perjudicados en esta pieza.

Acuerda también el decomiso de 302.500 euros en concepto de las dádivas percibidas por el Grupo Cenyt, empresa que gestionaba Villarejo con su socio, el abogado Rafael Redondo.

En la pieza Pintor, el juez ha acordado enviar a juicio, además de a Villarejo y a su socio, al empresario Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, y a 10 personas más por delitos de descubrimiento y revelación de secretos y extorsión en grado de conspiración.

En esta pieza se ha investigado la contratación de los servicios del excomisario por parte de Juan Muñoz, marido de la presentadora Ana Rosa Quintana, y de su hermano Fernando a principios de 2017 para conseguir información de un exsocio y de su entonces abogado con el fin de reclamar una deuda pendiente en Hacienda.

En este procedimiento, el juez fija en 220.000 la responsabilidad civil por las posibles indemnizaciones a los perjudicados, el exsocio de los hermanos Muñoz y su abogado, el juez inhabilitado Javier de Urquía.

Por estos hechos, la Fiscalía reclama ocho años de cárcel para los hermanos Muñoz y 14 años para Villarejo, su hijo y Redondo.

Según la acusación de la Fiscalía, Juan y Fernando Muñoz junto a sus abogados contrataron a Villarejo "para que les proporcionara información sensible" sobre Urquía y para ello el excomisario contó con "varios de los miembros del entramado empresarial".

Con ese objetivo, pusieron en marcha el proyecto Thew, por el que los hermanos Muñoz pagaron 20.000 euros, y de este modo Villarejo facilitó un vídeo de Urquía consumiendo cocaína y que fue grabado en Marbella en 2006 por encargo del traficante de armas Monzer Al Kassar para presionarle en un procedimiento que le afectaba.

El vídeo le fue entregado a Fernando Muñoz por su abogado Ricardo Álvarez-Ossorio y éste quedó a la espera de que los hermanos "decidieran el momento de ser utilizado".

Pese a recabar esa información, los hermanos Muñoz no llegaron a hacer uso de ella y, según destaca la Fiscalía, el pasado 12 de junio cada uno consignó 5.000 euros para hacer frente a las responsabilidades pecuniarias derivadas de estos hechos.

Por ello, la Fiscalía entiende que es aplicable a los hermanos Muñoz la atenuante de reparación del daño.