El Congreso de Perú destituye a Dina Boluarte como presidenta del país
La Fiscalía del país andino solicita al Poder Judicial que impida a la exmandataria la salida del país durante los próximos 36 meses.

Lima (Perú)--Actualizado a
El Congreso de Perú destituyó en la noche de este jueves de manera exprés a la presidenta, Dina Boluarte, tras aglutinar cuatro mociones de vacancia (destitución) para declarar su "permanente incapacidad moral" para enfrentar la creciente inseguridad ciudadana y el auge del crimen organizado, cuando faltan escasos seis meses para las elecciones generales de 2026.
El Legislativo peruano aprobó las cuatro mociones para sacar a Boluarte del poder con 122 votos a favor de un total de 130, una cifra muy superior a los 87 que se requerían para que la iniciativa fuese exitosa, en una sesión donde la mandataria no se presentó ante el hemiciclo para ejercer su defensa.
La primera presidenta mujer de Perú terminó así un mandato de dos años y diez meses desde que a finales de 2022 asumiese la Presidencia para suceder al izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), del que era su vicepresidenta, y se mantuviese en el poder gracias al respaldo de un grupo de fuerzas de derecha que controlan el Congreso y que ahora promovieron y apoyaron su salida.
Además, la Fiscalía de Perú ha solicitado este viernes al Poder Judicial que impida a Boluarte la salida del país durante los próximos 36 meses. El Ministerio Público ha cursado la petición ante las numerosas investigaciones abiertas en su contra por delitos de presunta corrupción y violación a los derechos humanos durante la duración de su mandato.
La prohibición para salir del país solicitada está basada en tres de las al menos once investigaciones que enfrenta la saliente mandataria. Así, pidió esta medida por un plazo de 18 meses por las investigaciones donde se le imputa negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, y por un plazo de 36 meses en la que se le indaga por supuesto lavado de dinero.
El derechista José Jerí asumió el cargo como presidente interino, ya que al no tener Boluarte vicepresidentes, asume la jefatura del Estado el presidente del Congreso. El Parlamento peruano invistió a Jerí como jefe de Estado hasta las próximas elecciones generales convocadas para abril de 2026 conforme contempla la Constitución.
Jerí, de 38 años, es presidente del Congreso de Perú desde agosto pasado, después de haber llegado al Parlamento como congresista suplente en las elecciones de 2021, en el lugar del expresidente Martín Vizcarra (2018-2020), quien había sido el parlamentario más votado pero que no pudo asumir su escaño por encontrarse inhabilitado por el Congreso.
Momentos antes, el parlamentario izquierdista José Quito planteó ante el pleno del Congreso que se censurara a la mesa directiva del Parlamento para que José Jerí no asumiera la presidencia de Perú tras la destitución de Dina Boluarte.
"Llega un momento en que la crisis se ha desbordado, se han ido demostrando las grandes falencias (carencias) institucionales, la gran ausencia del Estado para con las grandes mayorías", remarcó Quito al exponer su posición antes de decir que la destitución de Boluarte "no viene sola".
Quito agregó que, en caso de que Jerí se mantenga en el cargo y asuma la presidencia peruana, su gobierno "no se va a sostener una semana en el cargo porque serán las calles los que los saquen".
Boluarte no acudió al hemiciclo para ejercer su derecho a defensa, por lo que Jerí anunció la decisión de continuar con el proceso de destitución. "En vista de que ha sido convocada y no se ha presentado se procederá con el proceso de vacancia", remarcó.
De inmediato propuso que comience un debate de las mociones, pero un grupo de parlamentarios planteó una cuestión previa para evitar ese proceso e ir de inmediato a la votación.
Poco antes, uno de los abogados de Boluarte, Juan Carlos Portugal, anunció en la red social X que la gobernante no iba a convalidar el proceso en su contra acudiendo al Congreso.
"Un debido proceso parlamentario -cuya decisión afecta derechos constitucionales- tiene mínimas y esenciales exigencias. El derecho a la defensa, y su preparación dentro de un plazo razonable, es una de ellas", aseguró. Portugal acusó, en ese sentido, al Congreso de haber renunciado "a esta garantía" y consumar "su violación".
"Los derechos y garantías de orden constitucional y procesal, no tienen rostro. No lo convalidaremos, y por esa razón, no acudiremos al Parlamento nacional. No en estas condiciones", concluyó.
Otro de sus abogados, Joseph Campos, informó en la cadena estatal TV Perú que él le recomendó a la gobernante que no asista al Congreso porque desconocían el contenido de mociones de vacancia presentadas en su contra.
El proceso contra Boluarte
Todas las mociones de destitución presentadas contra Boluarte fueron aceptadas por no menos de 113 votos y el Parlamento también aprobó convocar de inmediato a Boluarte con 118 votos a favor, lo que supera las cuartas quintas partes de la Cámara.
El proceso fue irreversible después de recibir el respaldo de los partidos de derecha que hasta ahora sostenían a Boluarte en el poder desde que asumió la Presidencia en diciembre de 2022 y cuando solo faltan seis meses de celebrarse las elecciones generales peruanas de 2026, convocadas para el mes de abril.
Entre los promotores del proceso de destitución hubo varios partidos que han respaldado a la mandataria pero que tienen líderes con aspiraciones presidenciales, como el del ultraconservador Renovación Popular, Rafael López Aliaga, quien es el alcalde de Lima; y el del derechista Podemos Perú, del empresario José Luna.
En el transcurso de la jornada se acumularon de manera repentina y sin previo aviso hasta cuatro mociones de destitución contra Boluarte, que de un momento a otro se quedó sola tras quedarse sin el apoyo de los socios que le han permitido gobernar desde hace casi tres años a cambio de abandonar el proyecto político de su predecesor, el izquierdista Pedro Castillo (2021-2022), quien protagonizó un fallido intento de golpe de Estado frente a una posible destitución.
Boluarte deja el cargo como la presidenta más impopular de Latinoamérica, con una aprobación de apenas un 3% según varias encuestas, debido a las más de 50 muertes durante la represión a las protestas que pedían nuevas elecciones tras la destitución y encarcelamiento de Castillo, así como numerosas investigaciones por presunta corrupción.
Al consumarse su destitución, debe asumir la Presidencia de manera interina el presidente del Congreso hasta la celebración de las nuevas elecciones, con lo que se convertirá en el séptimo mandatario de Perú desde 2016, tras Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (2020-2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y Pedro Castillo (2021-2022), además de Boluarte.


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