Tras semanas de discrepancias e intentos de bloqueo, y con el visto bueno de un tercio de los senadores de la Cámara Alta, ha echado a andar en Brasilia la comisión parlamentaria de investigación sobre la pandemia, que rastrea la actuación del Gobierno Bolsonaro durante los últimos 14 meses. Los senadores Omar Aziz, Randolfe Rodrigues y Renan Calheiros han sido elegidos presidente, vicepresidente y relator, respectivamente, del comité que trabajará durante tres meses para dar respuestas a la población brasileña.

Entre las cuestiones que protagonizarán la comisión destacan la negligencia y críticas a la vacuna Coronavac por parte del Gobierno Federal, el rechazo a la compra anticipada de 70 millones de dosis de la vacuna de Pfizer en agosto, el negacionismo constante del presidente, la falta de adopción de medidas restrictivas, la promoción y financiación de tratamientos sin comprobación científica, la negligencia en la crisis de falta de oxígeno medicinal en el estado de Amazonas, la militarización del Ministerio de Sanidad –con gestores no especializados–, la propagación de noticias falsas, y la lentitud y los problemas a la hora de poner en marcha el ingreso económico del auxilio emergencial para la población más necesitada. Las cifras actuales de la covid-19 en Brasil suman más de 15 millones de casos confirmados y casi 420.000 víctimas mortales, con un 16% de la población que ha recibido una primera dosis, y un 8,19% que ha recibido la vacuna completa.

Más allá de los encontronazos, los escarmientos y los duelos ocasionalmente generados, en este tipo de comisiones todos los citados a declarar están obligados a decir la verdad –no puden negarla, ni callársela–, es delito realizar afirmaciones falsas. Para esta fiscalización a la Administración Pública –que no es vinculante, como tampoco lo es en España– pueden ser convocados presencialmente ministros del Gobierno, y se puede tomar declaración a cualquier autoridad federal. El informe final se coloca en manos de la Fiscalía, para que pueda promover, si fuera el caso, responsabilidades civiles o penales.

El equipo del senador Randolfe Rodrigues (Rede Sustentabilidade) ha confirmado a Público que de esa lista de autoridades federales que podrían ser llamadas a declarar queda excluido el presidente Jair Bolsonaro. Aseguran desde la Vicepresidencia de la comisión que el informe final, además de ser enviado a la Fiscalía, puede llegar a servir como contenido para que un tercero decida presentar otra petición de impeachment (juicio político) contra el presidente. Esta petición de impeachment se uniría a las más de 100 que se han ido acumulando en el despacho del presidente de la Cámara de Diputados –antes Rodrigo Maia y ahora Arthur Lira– durante los dos años y medio de legislatura de Bolsonaro. Eso sí, el pedido de impeachment resultante de esta comisión de investigación tendría un peso político mayor que cualquier otro.

El senador Tasso Jereissati (Partido de la Social Democracia Brasileña, PSDB), que ha apoyado con todas sus fuerzas la creación de esta comisión de investigación, no ve razonable, sin embargo, que el objetivo final sea el impeachment. En primer lugar, por plazos: la comisión durará hasta septiembre, entrando en el último trimestre de un año preelectoral, y un proceso de impeachment duraría otro medio año como mínimo. En segundo lugar, porque tanto Jereissati como otros pesos pesados del PSDB está trabajando para la articulación de una candidatura de centro que dispute las elecciones a Bolsonaro y a Lula da Silva en octubre de 2022, y un impeachment pondría todo patas arriba.

Los cuatro primeros llamados a declarar como testigos

Los primeros cuatro testigos llamados a declarar en la comisión han sido los cuatro ministros de Sanidad que han pasado por el cargo durante la pandemia. Luiz Henrique Mandetta fue cesado a mediados de abril del año pasado, con tan solo un mes de crisis pandémica; Nelson Teich dimitió tras 29 días en el cargo; el general Eduardo Pazuello, sin ninguna experiencia previa en el ámbito de la salud, fue sustituido el pasado mes de marzo, cuando los errores se acumulaban y la presión externa era insostenible, amplificada por el efecto Lula. La cartera está ahora en manos del cardiólogo Marcelo Queiroga.

Los dos primeros exministros se sinceraron con detalle, cada cual a su manera, durante siete y seis horas respectivamente. Queiroga sufrió durante nueve horas, intentando no incomodar a su jefe. El general Pazuello, que tiene todas las de perder, grandes posibilidades de pagar los platos rotos, está intentando retrasar lo inevitable, y ha aplazado su comparecencia alegando estar en cuarentena por haber mantenido contacto con un caso positivo de covid-19.

El exministro Mandetta declaró ante la comisión parlamentaria de investigación que el presidente actúa orientado por un "consejo asesor paralelo". Eran habituales, al comienzo de la crisis, "reuniones de ministros en las que el hijo del presidente, que es concejal en Río de Janeiro [Carlos Bolsonaro], estaba sentado atrás tomando notas". Carlos Bolsonaro es uno de los investigados por la articulación del denominado "Gabinete del Odio", la maquinaria de difusión de noticias falsas del clan Bolsonaro a través de Internet. En una de estas reuniones con ministros y con médicos que Mandetta ni conocía, y que iban a apoyar el uso de medicamentos sin eficacia comprobada, se colocó sobre la mesa un borrador de decreto presidencial para que la Agencia de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) modificara el prospecto farmacológico de la Cloroquina, incluyendo su efecto contra la covid-19. Según Mandetta, el presidente de Anvisa, Antonio Barra Torres –incluso siendo aliado de Bolsonaro–, se negó por completo. Barra Torres será el siguiente en testificar, el próximo martes 11 de mayo.

Estos tratamientos precoces de nula eficacia han formado y forman parte de la estrategia negacionista de Bolsonaro, más preocupado en que el país salve ciertos índices económicos que de cuidar a su población. Con el mismo negacionismo se topó el exministro Teich, que abandonó el cargo a la cuarta semana, en cuanto percibió que poco podría aportar: "No tuve autonomía". Bolsonaro nunca le presionaba directamente, pero ante los medios de comunicación y ante sus seguidores repetía con insistencia, incluso citándole, que el ministro debería estar alineado con él. Respecto a su sustituto al frente del Ministerio, el general Pazuello, Teich se lo encontró como secretario ejecutivo del Ministerio. Dada su experiencia en logística militar, declaró el más breve de los exministros, el general podría ser útil para la distribución de material sanitario. Lo que descolocó a Teich fue ver que Pazuello luego ascendía en el escalafón: "En la posición de ministro, sería más adecuado un conocimiento mayor sobre gestión sanitaria".

El sufrimiento del actual ministro de Sanidad, el cuarto desde que comenzó la crisis, Marcelo Queiroga, respondiendo a senadores opositores, aliados e independientes, ha surgido sobre todo a la hora de verse obligado a regatear con acrobacias las preguntas que podrían enfrentarle a Bolsonaro. Por eso se ha negado a dar su opinión sobre la postura del presidente acerca del uso, recomendación y financiación de medicamentos ineficaces. Pero ese no ha sido su peor momento en la comisión: el ministro ha tenido que reconocer que no ha sido consultado sobre el decreto que el Ejecutivo está preparando para prohibir las medidas de distanciamiento social en los estados y municipios. También ha admitido errores en la divulgación del número de vacunas contratadas por el Gobierno brasileño. Su ministerio había anunciado la compra de 560 millones de vacunas por parte del Gobierno Federal. Queiroga, en vivo y en directo, aseguró que en realidad son 430 millones de dosis.

El actual ritmo de vacunación en Brasil está muy lejos del que ha conseguido alcanzar en otras campañas de vacunación a lo largo de las últimas décadas. En centenas de municipios se ha suspendido la aplicación de segundas dosis, incluidas varias capitales estatales, porque no se reservaron en su momento. Se gastaron todas las existencias. La orden de que así se hiciera vino dada por el exministro Pazuello. Esta decisión, que contrariaba las recomendaciones sanitarias, y la negligencia en la asistencia al estado de Amazonas, incluso habiendo sido avisado Pazuello con antelación de la escasez de oxígeno medicinal, ocuparán unas cuantas horas de la maratoniana sesión que le espera al general en el Senado, con nueva fecha confirmada: 19 de mayo.