El Gobierno de Malta anunció este jueves su decisión de no permitir usar sus puertos a las organizaciones humanitarias que operan en el Mediterráneo central, después del caso del barco de la ONG Lifeline, al que dio puerto para desembarcar 234 inmigrantes.

La Valeta tomó la decisión "hasta que se aclare" la investigación iniciada a la ONG alemana Lifeline, que el pasado 21 de junio salvó frente a Libia en aguas internacionales a 234 inmigrantes y a la que finalmente ha permitido el atraque tras seis días en alta mar.

Malta indagará sobre si la nave portaba bandera holandesa de modo legal, pues el Gobierno de Holanda lo niega, y sobre si su capitán actuó conforme a la ley internacional al asistir a los náufragos pese a las indicaciones de que lo harían los guardacostas libios.

"Dado que hay investigaciones en curso por parte de autoridades independientes, y hasta que se aclaren estas cuestiones, Malta no puede permitir que las entidades, cuya estructura podría ser similar a la investigada, utilicen Malta como puerto de operaciones", dice el comunicado.

El Gobierno del laborista Joseph Muscat necesita "asegurarse de que las operaciones realizadas por las entidades que usan sus servicios portuarios y operan dentro de su área de responsabilidad se ajustan a las normas nacionales e internacionales".

"Esto incluye, entre otros aspectos, la certificación o el registro de los buques implicados", agrega el texto.

En este sentido el país insular europeo justificó esa decisión "a la vista de procesos judiciales que podrían derivarse" y para que "no se considere que las autoridades maltesas aprueban sistemas de operaciones que podrían ir contra sus reglas nacionales e internacionales".

La tripulación del Lifeline, que llegó en la tarde del miércoles al puerto de La Valeta, ha sido interrogada por la política, aunque por el momento nadie ha sido arrestado.

El diario maltés Times of Malta en su versión digital asegura que el capital de esa embarcación, Claus-Peter Reisch, será imputado cuando comparezca ante un tribunal el próximo lunes.

Por su parte la ONG Sea Watch, que tiene su centro de operaciones en territorio maltés, tomó nota de la decisión del Gobierno, aseguró que no ha recibido ninguna notificación y que la Policía subió hoy a bordo de su nave para controlar sus documentos, todos "en regla".

El fundador de la ONG española Proactiva, Óscar Camps, denunció en Twitter que "Italia y Malta niegan el acceso al buque" Open Arms solo con tripulantes españoles, sin inmigrantes, lo que "viola también todas las normas del derecho internacional y comunitario".

Los 230 inmigrantes salvados por el Lifeline, que pasaron 6 días en alta mar, serán divididos entre si tienen o no derecho a asilo y los primeros serán reubicados en ocho países de la Unión Europea (UE), que pactaron repartirse a los refugiados.

Estos países son Malta, Irlanda, Italia, Luxemburgo, Portugal, Francia, Bélgica y Holanda, y a los mismos se ha sumado Noruega, que no es Estado miembro de la UE pero forma parte del Espacio Económico Europeo (EEE).