Políticos, asociaciones y ONG denuncian la situación de Pablo González cuando cumple un año de prisión en Polonia

"Créame, no está abandonado". Con estas palabras defendía recientemente en el Congreso el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, las gestiones que está haciendo el Gobierno español en el caso de Pablo González cuando se cumple un año de su detención.

La madrugada del 28 de febrero de 2022, un grupo de agentes de la Agencia de Seguridad Interna de Polonia (ABW, por sus siglas en polaco) entraron en la habitación del hotel donde se alojaba Pablo González en la ciudad de Przemyśl para detenerlo. Desde entonces, el periodista no ha vuelto a pisar la calle.

Przemyśl ha ocupado últimamente las portadas de muchos diarios porque es la ciudad polaca a través de la cual mandatarios internacionales como Joe Biden o el propio presidente español Pedro Sánchez han viajado en tren hacia Kiev. Precisamente, Pablo González cubría hace un año, en esa estación, el éxodo de migrantes desplazados por la guerra que abandonaban Ucrania en los primeros días del conflicto.

Las autoridades polacas arrestaron al reportero después de que hubiera estado informando sobre lo que estaba pasando en esa terminal ferroviaria. Es decir, Polonia detuvo a un periodista que estaba ejerciendo su profesión.

El 4 de marzo, el tribunal de Tribunal Regional de Rzeszów formalizó los cargos contra el reportero y le acusó de ser un agente de la Dirección Principal de Inteligencia del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa (GRU) y de haber espiado para Moscú.

"Las acusaciones, se lo pueden preguntar a cualquiera de sus tres abogados, son acusaciones muy graves", decía el martes pasado el ministro Albares en la Comisión de Exteriores del Congreso. Y, efectivamente, lo son. El delito de espionaje en Polonia se paga, según el artículo 130.1 de su Código Penal, con hasta 10 años de prisión. Sin embargo, como queda patente, este es el tipo penal en el que se enmarcan las investigaciones que está llevando a cabo la fiscalía polaca. No las pruebas.

Las únicas supuestas pruebas que se han puesto encima de la mesa las presentó aquel 4 de marzo el portavoz del ministro coordinador del Servicio Secreto de Polonia, Stanisław Żaryn, que aseguró a un medio de ese país que González fue detenido con "dos pasaportes y dos tarjetas de pago de bancos rusos para dos identidades diferentes".

Las dos supuestas identidades de Pablo González también aparecieron reflejadas en el auto de prisión provisional como una de las pruebas con las que contaba la Justicia polaca para reforzar su acusación. Sin embargo, tal y como explicó Público, había explicación para todos los nombres que aparecían reflejados en ese documento. Uno de ellos era el nombre su padre (Aleksey Rubtsov) y el otro era el nombre ruso del reportero (Pavel Rubtsov), que tiene doble nacionalidad.

Pablo lleva un año en prisión y hace tan solo unos días Público ha podido demostrar cómo las autoridades polacas siguen buscando rastros de alguna infracción en el hecho de que Pablo González tenga nacionalidad española y rusa.

Más allá de esos detalles, no ha trascendido nada. Sin embargo, las autoridades polacas, en cada solicitud de prórroga de la prisión provisional alegan que todavía están investigando. Y el ministro de Exteriores español, ante esto, asegura que "la investigación está dentro del plazo legal para una investigación que hay en Polonia".

Desde Podemos, Pablo Fernández, ha denunciado que lo que está pasando con el periodista Pablo González es "escandaloso" y que "esto suceda en la Unión Europea"; y ha subrayado que en el año que lleva en prisión "ni siquiera ha podido hablar con los tres hijos que tiene".

El coportavoz estatal de uno de los partidos que conforman el Gobierno ha mostrado la inquietud de su formación sobre el caso: "Estamos asistiendo a un proceso que consideramos puede estar trufado y plagado de irregularidades". De hecho, Fernández ha apelado a la otra parte del Gobierno y ha hecho "un llamamiento al Ministerio de Exteriores para que intensifique las labores diplomáticas".

Un año sin pruebas

El derecho a la información está reconocido en la Constitución española como uno de los derechos fundamentales. Por ello, el caso de Pablo González no es un caso más. Legalmente Polonia puede mantener la prisión provisional mientras realiza sus investigaciones pero en el caso de la detención de un periodista que se encontraba trabajando cuando fue arrestado deberían extremarse las precauciones ante posibles detenciones arbitrarias y se debería exigir que se presenten pruebas cuanto antes.

Así lo expresaba este mismo lunes Edith Rodríguez, vicepresidenta de Reporteros Sin Fronteras, que aseguraba que las autoridades polacas tenían dos opciones en relación con Pablo González: "o sustentan las acusaciones, o lo ponen en libertad". Y añadía: "Todo lo demás ya es violentar, vulnerar los derechos fundamentales".

También Amnistía Internacional ha aprovechado que se cumple un año de la detención del periodista para mostrar "su preocupación por las condiciones de su detención en régimen de aislamiento y pide su puesta en libertad a la espera de juicio". La ONG ha subrayado que "Pablo González fue acusado de espionaje y se encuentra recluido en régimen de aislamiento desde el 28 de febrero de 2022" y que esto puede suponer "un trato inhumano" por parte de la Justicia polaca.

El periodista mantiene comunicación con sus abogados polacos y ha tenido una decena de encuentros con el cónsul español en Varsovia. Además, en noviembre, la madre de sus hijos, Oihana Goiriena, pudo visitarlo en la cárcel. Sin embargo, en todo este año, Pablo no ha podido ver a sus hijos y las noticias del exterior fuera de estos canales le llegan por carta.

Por eso, Amnistía Internacional en su comunicado denuncia que "las personas detenidas, incluidas los que se encuentran bajo custodia policial o en prisión preventiva a la espera de juicio, deben recibir todas las facilidades razonables para comunicarse con sus familiares y amistades y recibir visitas de ellos. En el caso de Pablo González no se habrían cumplido estas condiciones por parte de las autoridades penitenciarias".