La transición en Túnez afronta el lastre de una grave crisis económica

Con los más de 200 muertos que quedaron por el camino entre diciembre y enero, con su lucha en las calles, los tunecinos lograron desembarazarse el 14 de enero del dictador Ben Alí. Pero los mercados entienden poco de revoluciones, por justas que estas sean, y ahora están haciendo pagar un alto precio a una sociedad tunecina empobrecida por el expolio de la dictadura.

Túnez no sólo tiene que afrontar sin ninguna experiencia democrática la preparación de los comicios para elegir la asamblea constituyente, sino que al mismo tiempo trata de evitar un estallido social provocado por la calamitosa situación económica.

Desde el inicio de las revueltas, la economía tunecina ha perdido unos 1.600 millones de euros, el 4% del PIB, según cifras oficiales. Los ingresos del turismo han caído un 41% en el primer trimestre del año y, como asegura a este diario desde Túnez Fathi Chamkhi, portavoz de ATTAC en el país, la llegada de un verano que no traerá el habitual maná turístico, "agravará el contexto de desempleo y pobreza".

La pauperización de las clases medias y trabajadoras del país ha tenido su reflejo en las últimas semanas en constantes huelgas y protestas, que se suman a la incertidumbre sobre la fecha de las elecciones constituyentes, objeto de pugna entre la Comisión Electoral y el Gobierno interino. Mientras la primera insistía en aplazar los comicios al 16 de octubre, el Ejecutivo se obstinaba en celebrarlas el 24 de julio, como estaba previsto. Finalmente, el primer ministro, Beji Caid Essebsi, concedió el viernes que, "si fuera necesario", las elecciones se aplazarán "unas semanas" y reconoció que existen "problemas técnicos".

El presidente de la Comisión de Reforma Política, el jurista Yadh Ben Achour, había resumido la semana pasada esos problemas: Túnez precisa "6.000 agentes y 1.500 centros de inscripción; hay que elaborar el censo de electores, tarea que se prolongará al menos un mes; hacen falta 8.000 colegios electorales y un total de 40.000 empleados para el escrutinio".

Aunque el aplazamiento de las elecciones parece obedecer a dificultades logísticas más que a cálculos políticos, partidos como el islamista En Nahda lo rechazan pues consideran que prolongaría la inestabilidad en el país.

Organizar unas elecciones es también un esfuerzo económico, pero el dinero prometido tardará en llegar. Además, las promesas de ayuda financiera de la UE y el G-8 esconden que una parte del dinero será sólo un préstamo. "Desde enero, Túnez no ha recibido ni un euro. Los préstamos, que agravarán la enorme deuda contraída por Ben Alí que ahora pagan los tunecinos, no son la solución", dice el portavoz de ATTAC.