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Zelaya no se pliega ante la presión del Ejército

El presidente de Honduras sigue adelante con su plan de celebrar el domingo una consulta declarada ilegal por el Congreso. Fuerte presencia militar en la calle

PÚBLICO / AGENCIAS

El presidente de Honduras, Manuel Zelaya, mantuvo ayer el pulso político que le enfrenta al Congreso, a la Justicia y al Ejército y animó a la población a participar el domingo en la consulta, declarada ilegal, sobre la necesidad de reformar la Constitución a través de la creación de una asamblea constituyente.

El Ejército, que se opone a los planes del presidente, mantuvo ayer una fuerte presencia en las calles, oficialmente para proteger edificios públicos y evitar enfrentamientos entre partidarios y detractores de Zelaya. Reservistas de las Fuerzas Armadas participaron en las manifestaciones a favor de la actual Constitución y en contra del presidente que se celebraron en el centro de Tegucigalpa, según informó la prensa local.

La situación política "sigue siendo difícil, pero es superable mediante el diálogo", dijo ayer el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, el general Romeo Vásquez, cuya destitución ordenó el miércoles el presidente Zelaya después de que el Ejército se negara a apoyar logísticamente la consulta popular del domingo y distribuir las urnas por los centros electorales.

Todos aguardan el resultado de la reunión de urgencia que la Organización de Estados Americanos (OEA) celebraba con carácter urgente para abordar la crisis política en la que se ha precipitado Honduras. La OEA estudia una resolución que establezca el envío de una comisión especial a Honduras.

De momento, algunos socios de Honduras en la Alianza Bolivariana para las Américas (ALBA) Venezuela, Bolivia, Nicaragua y Ecuador salieron ayer en defensa del presidente hondureño.

El Mercosur, formado por Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay, expresó ayer su respaldo "al orden constitucional" de Honduras y pidió "de inmediato un proceso de diálogo y concertación".

"La situación está más calmada que el jueves. El Ejército vigila el Congreso y otras zonas, pero se percibe menor actividad. Las calles están casi vacías. La gente está muypreocupada", dijo a Público por teléfono desde Tegucigalpa la española Noelia Martínez, de la Asamblea de Cooperación por la Paz.

La clave de la crisis que afecta al país reside en la llamada cuarta urna. El presidente Zelaya quiere que en las elecciones generales del 29 de noviembre en las que se elige presidente, legisladores y ediles locales se añada una urna más. En ella se preguntaría a los ciudadanos si desean o no que se convoque, tal y como han hecho países como Ecuador, una asamblea constituyente que reformela Carta Magna.

Los detractores del presidente creen que éste busca cambiar la Constitución para poder presentarse a un nuevo mandato.

Ayudado por voluntarios, Zelaya participó ayer en la distribución de unas 15.000 urnas y otro material para la celebración de la consulta.

Según el diario La Prensa, varios centenares de personas se manifestaron ayer en el parque central de Tegucigalpa, para respaldar la Constitución actual y oponerse a los planes de Zelaya.

Los movimientos sociales están divididos. "Zelaya es el primer presidente que ha escuchado a la sociedad civil y ha incluido todas sus demandas en la propuesta de asamblea constituyente", explica Martínez. "Por ello, los movimientos sociales apoyan en general al presidente, aunque son conscientes de que éste puede tener su propia agenda e intentar perpetuarse", añade la cooperante.

El domingo, Zelaya quiere celebrar una consulta popular para mostrar el apoyo social que respalda la cuarta urna. Pero el Congreso aprobó esta semana una nueva ley que regula los referendos y plebiscitos y, al prohibir la realización de consultas 180 días antes y después de las elecciones generales, convierte de facto en ilegal la consulta que pretende celebrar Zelaya.

El presidente siguió adelante con su plan y buscó la cooperación del Ejército. Cuando éste se negó a distribuir urnas, Zelaya destituyó al jefe de las Fuerzas Armadas, añadiendo leña al enfrentamiento institucional. El estamento judicial entró en la refriega el viernes: la Corte Suprema de Justicia declaró ilegal y anuló la destitución de Vázquez.

Los diputados de la oposición de derechas del Partido Nacional planean impugnar al presidente y pedir al Congreso que le declare "incapaz para gobernar".

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