Cristina Fallarás se enfrenta este jueves a la primera fase del proceso judicial abierto en su contra tras ser denunciada por el rapero Ayax. El cantante ha iniciado un procedimiento contra la escritora por "vulneración del derecho al honor" después de que esta publicara en redes el testimonio de una mujer que relataba una agresión sexual. La publicación no incluía el nombre del rapero ni datos personales, pero sí la experiencia de la víctima, narrada de forma anónima y en primera persona.

El caso abre la puerta, de este modo, a la criminalización de quienes difunden testimonios de víctimas de violencia machista, incluso cuando estos se presentan de forma anonimizada. "Mañana lo que se va a hacer es un trámite de conciliación, que es la fase previa a interponer una querella o una demanda por vulneración al honor", explica la abogada de Fallarás, Carla Vall, que insiste en que la comunicadora "no mencionó en ningún momento a ninguna persona".

Vall enmarca esta denuncia en una estrategia más amplia de acoso judicial conocida como SLAPP (Strategic Lawsuit Against Public Participation, demandas estratégicas contra la participación pública). "Hace mucho tiempo que estamos delante de lo que se llaman SLAPPs, es decir, todas estas conductas judiciales que al final lo que hacen es frenar la libertad de expresión e intentar reducir la protesta, ya sea contando testimonios o de cualquier otra forma", subraya en declaraciones para Público.

Este tipo de litigios se han utilizado históricamente contra militantes para desgastarlos con procesos largos y costosos, generando un efecto disuasorio en el resto de la sociedad. Según Vall, "estamos delante de una SLAPP más" cuyo objetivo último es intimidar y silenciar a quienes defienden los derechos de las mujeres.

Aunque se muestra optimista, la abogada advierte de las implicaciones: "Creo que queda muchísimo como para hablar de riesgo de condena. Soy optimista en relación con el resultado y me gustaría pensar que este proceso no podrá salir adelante". Vall, no obstante, recuerda que en España y en Europa existen múltiples ejemplos de enjuiciamientos a activistas y feministas: "Intentar que el sistema de justicia resuelva una cuestión que es absolutamente de carácter social no puede surtir efecto". En este sentido, la letrada considera especialmente paradójico que la querella se dirija contra Fallarás, cuando "precisamente ella no está dando ningún nombre".

Para Victoria Rosell, magistrada y exdelegada del Gobierno contra la violencia de género, este caso "plantea un conflicto del que hemos reflexionado todavía poco. Por un lado, el derecho de las mujeres a narrar las violencias que han sufrido, la memoria feminista sobre las violencias, el 'se acabó' del silencio y la impunidad de los agresores. Y, por otro lado, el derecho al honor, que nos retrotrae más bien al pasado", señala a preguntas de este medio.

Rosell opina que cuanto más autoritario es un Estado, mayor es la tendencia a proteger el derecho al honor por encima de la libertad de expresión. Si bien recuerda que la Constitución reconoce en su artículo 20 la libertad de expresión como un derecho fundamental que constituye la base de cualquier democracia: "Nuestros tribunales comenzaron haciendo un equilibrio entre el derecho al honor y el derecho a la libertad de expresión en democracia, hasta inclinarse a una preponderancia democrática y constitucional evidente de la libertad de expresión frente al derecho al honor individual".

"Me parece evidente que esto tiene un impacto disuasorio, tanto para defensoras de los derechos como Cristina Fallarás como para otras personas", advierte Rosell, quien pone ejemplos recientes como la condena civil contra la ministra Irene Montero por una demanda del marido de María Salmerón, a pesar de que nunca mencionó su nombre. "Esperamos que esas condenas sean una excepción y no la regla general", sostiene.

Rosell explica que las amenazas legales -como las demandas por derecho al honor o los burofaxes exigiendo la retirada de testimonios- tienen, sin duda alguna, un claro efecto de silenciamiento: "A las mujeres las retraen de contar la verdad. Pero es muy importante que tengamos en cuenta que la verdad no es exclusiva judicial. El poder judicial tiene la exclusiva de penar al agresor, pero no de decir quién ha sido víctima de violencia". 

Para Rosell, relatar las violencias es uno de los actos más antiguos y revolucionarios del feminismo. "Una vez comenzado este camino, sin duda intentarán cortarlo; pero espero que no lo consigan y menos utilizando al poder judicial para ello", concluye. Como señala Carla Vall, "lo que se está intentando es culpabilizar a una persona que reprodujo un relato sin que se persiga a los verdaderos responsables".

"Las mujeres hemos tenido pocos cauces para contar nuestra verdad"

Fallarás, por su parte, sitúa el marco en el significado que han tenido canales como su perfil de Instagram para comunicar "la verdad de las mujeres": "Para mí uno de los grandes problemas es que las mujeres hasta ahora hemos tenido muy pocos cauces para decir nuestra verdad".

"Si cogemos la tríada verdad, justicia y reparación", propone la escritora, "que aplicamos a los derechos humanos nos damos cuenta de que no puede haber justicia ni reparación si no hay verdad, y los cauces de las mujeres para decir la verdad no pueden circunscribirse a lo judicial y a lo policial", advierte Fallarás. Entre otras cosas, lamenta, "porque nos hemos dado cuenta, sobre todo desde el MeToo, de que no funcionan". "De las mujeres que me escriben, un alto porcentaje ha pasado por los tribunales y se dirigen a mí porque los tribunales no les han dado la credibilidad o el apoyo necesario". 

"Si estamos abriendo canales para relatar la verdad de las mujeres, es imprescindible que se respeten. O, por lo menos, que no se criminalicen. No hay un ánimo punitivo, lo que hay es un ánimo de generar una memoria colectiva que nos permita manejar una idea de violencia nuestra. No una idea de violencia que sea la de las instituciones patriarcales", expresa la periodista. "Me preocupa mucho que se cierre", concluye Fallarás.

Público se ha puesto en contacto este miércoles con el equipo jurídico de Ayax Pedrosa para poder incluir sus valoraciones, pero hasta la fecha de publicación de este artículo no ha recibido respuesta.