Cuando Francisca Granados recuerda los últimos nueve años acompañando a Juana Rivas y a sus hijos, de sus palabras se desprende un enorme cansancio acumulado. Desde su posición como directora y asesora jurídica del Centro de la Mujer de Maracena (Granada), la experta en intervención de la violencia machista ha vivido cada paso del proceso judicial y humano del caso, desde los primeros intentos fallidos de protección en España hasta la reciente noticia de que Francesco Arcuri, expareja de Rivas y padre de sus hijos, se sentará en el banquillo. "Estamos tremendamente contentas con esta decisión", expresa Granados.

En Italia, la Fiscalía consiguió, por primera vez en Cerdeña, revocar a un fiscal por no proceder correctamente en sus labores: "No es que hiciera mal su trabajo, es que no lo hizo", dice Granados sin rodeos. Se trata del fiscal responsable de que las denuncias de Rivas en Italia se fueran acumulando una tras otra en un cajón, desestimándolas "sin realizar las investigaciones necesarias". Su inacción permitió que prevaleciera la vía civil, donde una perito seguidora del desacreditado Síndrome de Alienación parental (SAP), negaba sistemáticamente la existencia de violencia machista en este caso.

Granados recalca que aunque en cualquier sistema moderno, el procedimiento penal debe prevalecer sobre el civil, dado que en él se dirimen las situaciones más graves, aquí nada ocurrió así. De hecho, "se silenció" la violencia en el ámbito civil, y en lo penal "no se hizo nada".

El cambio llegó en mayo de 2022, cuando fue nombrado el nuevo fiscal de Cagliari. Tras revisar el expediente y escuchar al hijo mayor de Rivas, Gabriel, concluyó que existían indicios claros de una violencia habitual ejercida por Francesco Arcuri contra sus hijos. Y, ahora, "tres años más tarde, un juez italiano ha decidido llevar a Arcuri a juicio por maltrato físico, psicológico, vejaciones y amenazas de muerte". "No hablamos de una cosa banal", subraya Granados, "hablamos de cosas muy graves".

Pero la historia no empieza en Italia. El caso Juana Rivas comenzó a fracturarse en España. "El primer gran error fue aquí", sentencia Granados. Cuando Rivas regresó a su país desde Italia con sus hijos, huyendo de un entorno de violencia ya documentada por una sentencia penal en su contra en 2009, "el sistema judicial español falló estrepitosamente". La primera respuesta que se encontró la granadina fue la de "la jueza del juzgado de violencia nº 2 de Granada que desconocía la legislación vigente en 2016, que desde 2015 reconocía que los hijos e hijas de las víctimas de violencia de género son también víctimas. No la aplicó. No sólo ella, tampoco la fiscal y la abogada de oficio", recuerda Granados. "Hay magníficos profesionales en todos los ámbitos, también en el judicial. Ahora bien, los datos nos demuestran que hay cosas importantes que están fallando, y aquí falló todo", precisa la asesora. "Se les negó, a Juana y a sus hijos, cualquier clase de protección", lamenta.

En paralelo, se construyó un relato mediático de "madre secuestradora", que borraba cualquier posibilidad de escuchar a una mujer que huía del horror y estaba pidiendo ayuda. Pese a todo, el discurso del SAP y la manipulación maternal empezó a instalarse con mucha rapidez. "El punto de inflexión fue la sentencia del juez Manuel Piñar en 2018 por sustracción de menores", indica Granados: "No permitió hablar de maltrato porque, según él, no era el objeto del proceso". Esa sentencia sería luego utilizada en Italia "como prueba de la supuesta manipulación de Rivas".

Granados relata, con pesar y detalle, momentos clave que, a su juicio, determinaron el curso del caso. En julio de 2017, después de recibir la orden de entrega de los niños, la asesora pasó más de cuatro horas con Rivas. Ella misma reconoce que le aconsejó que cumpliera la orden, le ofreció acompañarla a Italia para encontrar defensa jurídica. Pero la madre granadina, devastada, se negó: "Mi hijo se ha tirado al suelo, me ha dicho: 'Mamá, si nos entregas, ya sabes lo que va a pasar'. No puedo hacerlo". Una desesperación que se la había trasladado un mes antes el propio niño, Gabriel, de 11 años, cuando pidió a Granados que intercediera: "Ayude a mi madre. Si me entrega, mi infancia se habrá acabado".

Granados presentó múltiples solicitudes de protección, denuncias, informes, advirtiendo que se estaba ignorando el contexto de violencia que rodeaba tanto a la madre como a sus criaturas. "Nos hemos pasado nueve años pidiendo que se apliquen las leyes. Sólo eso. No hemos pedido privilegios, sólo que se cumplan las normas vigentes", afirma. El caso Juana Rivas, insiste, no es ni mucho menos una anomalía: "España tiene un marco legal muy avanzado, pero la aplicación práctica es profundamente deficiente".

Granados ha participado en el grupo de expertas que recientemente ha entregado un informe al Gobierno con propuestas para modificar la LOPIVI (Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia). Entre otras cosas, abogan por eliminar incoherencias legales que permiten situaciones como la vivida por Rivas y sus hijos. Cita un ejemplo: el artículo 94 del Código Civil, reformado en 2021, obliga a suspender el régimen de visitas si hay un procedimiento abierto por violencia de género. Pero permite, a discreción del juez, mantenerlas en base al "interés superior del menor".

"¿Cómo puede ser interés superior de una víctima que conviva con su agresor?", se pregunta Granados: "Ninguna ley lo permitiría en el caso de un adulto. Pero en los menores, esa racionalidad desaparece". El informe propone desarrollar con claridad el Estatuto de la Infancia para reconocer a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos, no sólo como testigos de lo que ocurre a su alrededor. El escrito, adelanta Granados, recoge ante todo propuestas desde una perspectiva técnica, jurídica y de derechos humanos de las infancias, y recuerda: "Ninguna ley en nuestro país brinda el derecho de los progenitores sobre las infancias. Lo que se recoge es el derecho de los menores a ser protegidos. El interés superior del menor ha de servir de inspiración para el resto de leyes, pero con perspectiva de infancia, no minorizando sus derechos o subordinarlos".

Al final de la conversación, Granados retoma las ideas que planteaba en un inicio: "Creo profundamente en el Estado de Derecho, por eso lucho para que se apliquen las leyes de violencia de género, para que funcione como debe. Lo que me entristece es que tantas luchas hayan conseguido que tengamos el sistema más avanzado del mundo, pero luego tengamos estos resultados tan terribles. España no se merece esta no aplicación de las leyes". "El 'paterfamilias' sigue siendo columna vertebral de nuestro ordenamiento jurídico. Hasta que no nos reciclemos y las personas expertas nos recoloquemos y se actúe según los principios de igualdad e infancia, no se solucionará. Es un problema de rigor, de metodología científica y de aplicación de la perspectiva de género. Aparte, existen personas que lo hacen mal y lo que no puede ocurrir es que en el sistema jurídico permanezca la impunidad. Hay operadores jurídicos que están desobedeciendo las leyes constantemente. Cuando nos dicen que somos nosotras quienes espantamos a las víctimas, lo que habría que decirles es que son sentencias como la de Juana Rivas las que disuaden a las víctimas", termina Granados.