Andalucía exige expresamente evitar desdoblamientos de género "abusivos" en los libros de texto

El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos y presidido por Juanma Moreno, ha lanzado a principios de noviembre una instrucción  sobre los criterios que utilizará para seleccionar los libros de texto que se podrán trabajar en los centros docentes –públicos y concertados, todos los sostenidos con dinero público– de Andalucía.

En ella se recoge que el procedimiento de selección de esos libros –la noticia la avanzó el diario ABC– se realizará "considerando aquellos en los que, en función de la materia tratada, se cumplan" diferentes criterios, entre los que incluye el siguiente: "Utilización de un lenguaje equitativo, usando términos genéricos que mantengan la neutralidad, evitando los desdoblamientos abusivos".

La inclusión de la expresión "abusiva" vinculada a los desdoblamientos en lugar de a lo que es realmente "abusivo", el uso excesivo del masculino genérico, ha indignado a la izquierda andaluza, que considera que lo que el Gobierno busca con ella es estigmatizar e invisibilizar la lucha por la igualdad y por la implantación del lenguaje inclusivo.

Lo que recogían las indicaciones anteriores a las editoriales y las previsiones legales no eran, obviamente, una referencia expresa a los desdoblamientos, sino al uso de un lenguaje inclusivo y no sexista, que no implica en ningún caso un uso "abusivo" del lenguaje ni de los desdoblamientos, sino exactamente lo contrario, un uso equilibrado, según, se puede, por ejemplo, leer, en esta guía elaborada por la ONG Intermón Oxfam y La Marea.

Así, la Fundéu –una fundación patrocinada por la Agencia Efe y la Real Academia Española, cuyo objetivo es colaborar con el buen uso del español en los medios de comunicación y en Internet– señala que, frente al punto de vista "normativo"  –el de la RAE– "muchas instituciones han elaborado en los últimos tiempos manuales de lenguaje inclusivo".

"La idea –describe la Fundéu– es que la discriminación que sufren determinados colectivos debe ser erradicada mediante políticas de igualdad; una parte esencial de estas es precisamente la transformación de las pautas de comunicación para asegurar que estas sean incluyentes". La Fundéu añade: "En estas guías el desdoblamiento es una de las opciones ofrecidas para evitar hacer uso siempre del masculino genérico. Conviene aclarar que estos manuales no proponen que se desdoblen sistemáticamente todos los determinantes, nombres, adjetivos, etc., que tienen flexión, sino que el desdoblamiento es una opción, entre muchas otras, a la que se puede acudir en ocasiones, siempre teniendo en cuenta que su empleo recurrente en textos redactados genera confusión y hastío en el lector".

La ley de Igualdad

Más allá de la gramática, la Ley de Igualdad andaluza, que votaron PP y Ciudadanos a favor la legislatura pasada, es muy clara. El artículo 9 habla de "lenguaje no sexista e imagen pública" y recoge la previsión de que "las Administraciones públicas de Andalucía garantizarán un uso no sexista del lenguaje y un tratamiento igualitario en los contenidos e imágenes que utilicen en el desarrollo de sus políticas, en todos los documentos, titulaciones académicas y soportes que produzcan directamente o bien a través de personas o entidades. Todas las publicaciones y emisiones en las que la Junta de Andalucía participe garantizarán un tratamiento inclusivo y no discriminatorio de las mujeres".

Hay un aspecto de la Ley de Igualdad que la administración no ha cumplido: la creación de una comisión que estudie los libros de texto

Hay además un aspecto de la Ley de Igualdad andaluza que la administración que preside Moreno –tampoco la anterior– no ha cumplido. Esta norma recoge la creación de "una comisión de personas expertas en coeducación, en la que participará el Instituto Andaluz de la Mujer, para el seguimiento del lenguaje, de las imágenes y de los contenidos de los materiales curriculares y los libros de texto que se utilicen en el ámbito del sistema educativo de Andalucía. Esta comisión emitirá un informe anual, que remitirá para su conocimiento al Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres". Esa comisión jamás se ha puesto en marcha, ni con el anterior gobierno, en manos del PSOE, ni con este, de PP y Ciudadanos, que lleva ya dos años y medio. Fuentes del PSOE indicaron a Público que no se hizo porque no les "dio tiempo" a hacer la comisión, al perder las elecciones en 2018, meses después de la aprobación de la norma. Sin embargo, fuentes de la administración de Moreno asumieron que la comisión no se había creado nunca "porque no resultaba operativa". "Hay que tener en cuenta que son miles de libros. Se encarga de ello la inspección educativa en coordinación con las direcciones generales de Ordenación y Evaluación y de Participación e Igualdad", agregaron estas fuentes.

Indignación en la izquierda

"El lenguaje inclusivo no fuerza el desdoblamiento abusivo. No se debe abusar de los desdoblamientos. Eso no significa que no se pueda utilizar el desdoblamiento cuando es necesario", afirma Soledad Pérez, diputada del PSOE.

"Quien abusa –prosigue Pérez– es el que usa siempre el masculino. El lenguaje inclusivo equilibra la lengua para que no exista un abuso y una predominancia. Quien retuerce el lenguaje es Educación a demanda de Vox: esto es desconocimiento mezclado con mucha mala intención. Decir que abusa es retorcer para estigmatizar y mentir porque lo que busca el lenguaje inclusivo es el equilibrio: si no, todo sería masculino".

"Lo que están definiendo como lenguaje inclusivo no lo es", abunda Pérez. "Desconocen lo que es el lenguaje inclusivo y lo que está buscando es justo eso. Todas nuestras recomendaciones y nuestros manuales de estilo dicen que el lenguaje inclusivo no es el que abusa sino el que los utiliza cuando se quiere hacer una alusión más directa a un colectivo específico, y que debe utilizarse por riqueza al contexto. El visibilizar a las niñas no es una cuestión de desdoblamiento, sino de visibilización".

La portavoz de Unidas Podemos por Andalucía, Ana Naranjo, indicó que "no hay ninguna contradicción entre que haya lenguaje inclusivo y que se utilice el lenguaje genérico en las aulas", por lo que ha asegurado que esta orden de la Consejería de Educación esconde "una concepción de las derechas y de la ultraderecha de la educación vinculada a la segregación y que rechaza la coeducación".

Naranjo agregó que "el Gobierno andaluz se sitúa frente a los valores de tolerancia, respeto e igualdad que han de ser protagonistas en la educación del alumnado". Según Naranjo, lo que esconde esta norma es "que el Gobierno andaluz niega la coeducación como un principio educativo".

Naranjo recordó que "el lenguaje inclusivo no solo es un mandato legal en Andalucía, sino también a nivel estatal en la Ley de Igualdad, donde uno de los criterios generales de actuación de los poderes públicos es "la implantación de un lenguaje no sexista en el ámbito administrativo y su fomento en la totalidad de las relaciones sociales, culturales y artísticas".

"El Gobierno andaluz niega la coeducación como un principio educativo"

Para Teresa Rodríguez, de Adelante Andalucía, "el lenguaje no es neutral, no solamente describe la realidad sino que también la construye". "Hay problemas que hasta que no se nombran no existen y por tanto no se resuelven ni se toman medidas, ha pasado mucho tiempo por ejemplo con la resistencia a llamar a la violencia machista como tal. En el lenguaje también se libran las batallas por lograr que avance la sociedad", asegura.

"Con el uso del masculino genérico –agrega Rodríguez– las mujeres han soportado una una especie de lugar provisional en el idioma. Las niñas necesitan referenciarse en mujeres y reconocerse en el lenguaje para poder aspirar a cualquier lugar que jerárquicamente ha estado reservado para los hombres. No nos sorprende que este gobierno con la presión de Vox intente seguir metiendo la mano en la educación, como el pin parental que funciona de manera encubierta. El problema es que se están quedando atrás porque el lenguaje inclusivo es ya hoy una realidad, le pese a quien le pese".

Para los sindicatos, esta decisión es otra muestra más "de la involución" del Gobierno andaluz, que, según Yolanda Carrasco, de CCOO; "esconde la visbilización de las mujeres detrás de una supuesta neutralidad".