El próximo 31 de enero se cumplirá un año del asalto al Ayuntamiento de Lorca (Murcia, 93.000 habitantes) por parte de unas cincuenta personas relacionadas con el sector porcino, la principal actividad de la localidad, para impedir por la fuerza la celebración de un pleno que iba a modificar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) para impedir que este tipo de establecimientos ganaderos pueda ubicarse cerca del casco urbano. 

El pleno se suspendió ante una turba violenta que gritaba a los concejales: "¡Gandules, os vamos a matar!" Los asaltantes provocaron lesiones a tres policías, que están personados en la causa.

Detrás de los asaltantes (tanto ganaderos como empleados de las granjas porcinas) la sombra de la ultraderecha enseguida se dejó ver. Responsables de Vox justificaron inmediatamente el ataque a la democracia. "Esta es la imagen de la desesperación del pueblo que se ve sometido por las políticas globalistas, comunistas y de izquierdas. Se ven en la ruina y reaccionan", escribió en sus redes sociales Rodrigo Alonso, portavoz adjunto de Vox en Andalucía. 

La jueza Cristina Ojados, del Juzgado de Instrucción 7 de Lorca, quiere saber si los 18 investigados por aquel violento asalto fueron instigados por los partidos de derechas de la localidad (PP y Vox). Este miércoles ha decretado la prórroga de la instrucción por otros doce meses, aunque su investigación está prácticamente concluida. Los 18 investigados fueron identificados por las grabaciones de las cámaras de seguridad. En un primer momento, se detuvo a siete de ellos, que quedaron en libertad con cargos; seis meses después se identificó a otros once.

La última declaración la tomó la jueza este martes, según fuentes cercanas a a investigación. Se trata de un ganadero que ha asegurado que no sabía realmente a lo que iba aquella mañana al Centro de Desarrollo Local, donde se había constituido el consistorio por la situación de la pandemia. El investigado sostuvo que entró en el edificio municipal detrás de otros y que lo hizo por la preocupación sobre la situación que podía atravesar el sector. 

Una larga instrucción judicial

Pese a lo avanzado de la instrucción, esta no se puede cerrar a corto plazo. Están pendientes unos recursos ante la Audiencia Provincial de Murcia interpuestos por el letrado Pedro Víctor Montes, que representa a tres investigados, por la presunta vulneración del derecho de defensa al no suspender la jueza la declaración de cinco de los imputados el pasado mes de noviembre ante la imposibilidad de que este abogado estuviera presente. 

"Tenía un juicio en Albacete el mismo día y era imposible que pudiera estar en Lorca para los interrogatorios, con lo que se vulneró el derecho de defensa. Esto lo tiene que resolver la Audiencia Provincial y puede tardar en torno a tres meses", explica a este diario el letrado Pedro Víctor Montes.

El alcalde de Lorca, el socialista Diego José Mateos, no tiene duda de que la derecha tiene parte de responsabilidad en el asalto de hace un año. El regidor ha dicho estas navidades, al hacer el balance del año 2022, que las personas que invadieron el pleno para boicotearlo "fueron manipuladas y desinformadas, en palabras de ellos mismos, por parte de los grupos políticos de la derecha".

Pero a través de las declaraciones que a lo largo de 2022 han ido realizando en el juzgado las personas imputadas se va dibujando un relato que quiere exonerar a los políticos ultras y que presenta el asalto como una manifestación "espontánea" de enfado, lejos de un acto preparado previamente.  

Las 18 personas investigadas están acusadas de desórdenes públicos, penado este delito con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses. La calificación de los hechos es provisional. 

Como testigo ha declarado Francisco Román, presidente de la Agrupación de Defensa Sanitaria de Ganado Porcino y padre de uno de los investigados. Su organización, con 800 socios, fue una de las convocantes de la protesta de los ganaderos que precedió al asalto al pleno.

"Lo que está quedando claro es que no se trató de una acción premeditada", dice el abogado Montes, y pone como ejemplo el testimonio de hace unos días de dos policías que dijeron que el asalto no parecía responder a un "plan preconcebido". 

Reuniones previas con el PP y Vox

Para el concejal de Izquierda Unida (IU) Pedro Sosa, personado en la causa como perjudicado por los daños que sufrió su moto durante el asalto, el suceso no fue algo espontáneo, sino planificado. Dice a este diario que "no tiene duda" de que los implicados fueron instigados por el PP y Vox. "Hubo reuniones previas de los cabecillas del asalto con concejales de Vox y del PP. Yo espero que esto no se pase por alto". 

Pedro Sosa ha declarado dos veces ante la jueza. Recuerda que el miedo inicial que sintió el 31 de enero de 2022 cuando vio a policías tirados en las escaleras del edificio municipal donde se celebraba el pleno se disipó en cuanto reconoció a los asaltantes. "Yo trabajo en el matadero y conozco a algunos de los implicados. En cuanto los vi, les recriminé lo que estaban haciendo y la cosa perdió fuelle", cuenta a Público Pedro Sosa. 

Fuentes del Ayuntamiento de Lorca, que también está personado en la causa, cuentan a este medio que el ambiente en la localidad es de total tranquilidad y que no hay problemas de convivencia con los implicados en el asalto ni con el sector porcino, en general. 

Un año después de que el pleno sobre la nueva regulación que afecta a las granjas porcinas fuera suspendido ante la irrupción de los ganaderos exaltados, "no se ha cerrado ninguna instalación, cuando se les dijo que se iban a cerrar todas sus granjas", ha dicho el alcalde de Lorca en rueda de prensa estas navidades. Diego José Mateos opina que la nueva regulación para impedir que nuevos establecimientos ganaderos se ubiquen cerca de los núcleos de población era "necesaria" y que "beneficiará a la convivencia de las granjas y los vecinos".