Dos años después de la irrupción de la pandemia, España (también Europa) afronta una nueva situación de crisis económica derivada de la invasión de Ucrania por parte de Rusia. Y, de nuevo, como ha ocurrido a lo largo de la legislatura, en el seno del Gobierno de coalición se abre una nueva brecha en torno a la búsqueda de consensos para tomar medidas que hagan frente a la emergencia energética.

En aras de contener el alza de los precios de la luz, el gas y la gasolina, el Consejo de Ministros aprobará el próximo 29 de marzo un Plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra. Para llegar a ese punto, las dos almas que integran el Ejecutivo de coalición tienen que ponerse de acuerdo en las recetas que ayuden a mitigar los efectos de esta nueva crisis, un conjunto de medidas que posteriormente tendrán que pasar por el Congreso para ser avaladas. 

Y otra vez vuelve a estar sobre la mesa la aritmética parlamentaria que divide al Ejecutivo en las reformas profundas y de calado. En este sentido, el PSOE busca un pacto de Estado, un gran acuerdo con todas las fuerzas políticas, para dar una respuesta conjunta a la invasión y a las consecuencias derivadas de la situación en Ucrania.

Por otro lado, Unidas Podemos acepta que el Ejecutivo y el PP lleguen a determinados acuerdos, pero, en cualquier caso, su apuesta sigue siendo el bloque de la investidura, esto es, que la recuperación económica cuente con el apoyo de los aliados habituales en el Congreso, como ERC, PNV, EH Bildu, Más País y Compromís.

Otras pruebas de fuego

La votación de la reforma laboral fracturó el bloque de investidura con el que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa y aprobó sus Presupuestos Generales de 2021 y 2022, ya que la norma estrella del Ejecutivo salió adelante gracias al error de un diputado del PP al votar telemáticamente y contó con el rechazo de ERC, PNV y EH Bildu.

Pero a pesar de este aviso, que demostró la inestabilidad de la denominada geometría variable (la vía por la que apuesta el PSOE de llegar a acuerdos con la derecha y las izquierdas en virtud de la materia a tratar), estos socios siempre han defendido mantener los puentes con el Gobierno por el "miedo" a la alternativa, es decir, un gobierno de PP y Vox.

Previamente, otros dos precedentes llegaron a tensar de manera clara las relaciones entre el Ejecutivo y la mayoría que lo sustenta en la Cámara Baja: las sucesivas prórrogas del primer estado de alarma (un escenario en el que irrumpió Cs al apoyar varias votaciones parlamentarias) y el acercamiento posterior de Sánchez al partido de Inés Arrimadas para negociar las cuentas públicas de 2020 (finalmente, Cs se autoexcluyó tras el acuerdo de Pablo Iglesias con el líder de EH Bildu para sacarlas adelante).

Nuevo escenario de mayorías

La coyuntura económica y política abierta por la guerra vuelve a abrir un nuevo escenario de mayorías, y, dada la magnitud del problema, el objetivo que se marca el PSOE es buscar un pacto de Estado, como se pretendió hace ahora dos años con los planes para la reconstrucción abordados en el Congreso para hacer frente a la pandemia del coronavirus.

De los cuatro planes elaborados para reactivar la economía española después de tres meses de trabajo en el seno de la Comisión para la Reconstrucción Social y Económica, dos cosecharon amplios apoyos (las medidas sanitarias y las relativas a la UE), mientras que la oposición tumbó las medidas sociales para los más vulnerables, y, por un error en la votación, también cayeron las económicas.

De cara al Plan nacional de respuesta a las consecuencias económicas de la guerra, el Gobierno comenzó el pasado miércoles una ronda de reuniones con los diferentes grupos del arco parlamentario para amarrar su apoyo a las medidas, que, en cualquier caso, estarán enfocadas en bajar los impuestos para reducir los elevados precios de los hidrocarburos.

A la espera de cómo se desarrolle la ronda política, que comenzó con el PP, Cs y PNV (Vox ha declinado nuevamente sentarse a negociar con el Gobierno) y continuará esta semana con el resto de grupos, y de los resultados de la misma, la principal incógnita que plantean los socios parlamentarios del Ejecutivo es a costa de quién y cómo se atajará este complejo escenario, para cuya solución se requieren medidas de gran calado social y con una "visión de izquierdas".

En este sentido, formaciones como ERC, EH Bildu, Más País y Compromís exigen acometer una reforma profunda del sistema energético, ya que el alza de los precios no es nuevo. Por tanto, más allá de las intenciones adelantadas por el presidente del Gobierno de desacoplar el precio del gas de la electricidad y rebajar la fiscalidad aplicada a los hidrocarburos, ponen el foco en las eléctricas para que sean quienes soporten la crisis con impuestos especiales en favor de la clase trabajadora.

En definitiva, unas soluciones que distan de las recetas de la derecha y que alejan la posibilidad del pacto de Estado al que aspira el PSOE, y, por ende, se volverá a poner a prueba las relaciones con la mayoría progresista para que las medidas frente a la crisis reciban luz verde de la Cámara Baja.