El futuro de siete jóvenes de Altsasu vuelve a depender de una resolución judicial. Este miércoles, el Tribunal Supremo analizará los recursos formulados por cada uno de los condenados por la pelea de bar registrada en octubre de 2016 en esa localidad navarra y en la que se vieron involucrados dos guardias civiles fuera de servicio. Desde la cárcel alavesa de Zaballa, los presos de este mediático caso aguardan con expectación, tanta como la que mantienen sus familiares.

“Estamos ante uno de los momentos más importantes del proceso”, dice a Público Bel Pozueta. Su hijo, Adur Martínez de Alda, lleva más de 1030 días encarcelado, los mismos que Oihan Arnanz y Jokin Unamuno. Otros cuatro están en prisión desde el 5 de junio de 2018, justo después de que la Audiencia Nacional diera a conocer las condenas de entre 2 y 13 años de prisión por los delitos de atentado a la autoridad, lesiones, desórdenes públicos y amenazas.

Martínez de Alda, Unamuno e Iñaki Abad –otro de los condenados– mostraban esa misma esperanza en una entrevista ofrecida en agosto pasado a Público. En una de las respuestas enviadas desde Zaballa, los tres señalaban que la vista de este miércoles en el Supremo constituye “el hito más importante del proceso”.

Pozueta, que este martes se encontraba en la sede del Parlamento Europeo en Estrasburgo junto a Edurne Goikoetxea –otra de las integrantes del grupo de madres y padres de Altsasu–, no ocultaba su esperanza. “El Tribunal Supremo puede ser el final de este sufrimiento. Hay posibilidades de acabar con esto”, afirmaba desde allí.

Con esas expectativas sobre la mesa, la jornada de este miércoles en Madrid centrará la atención de los presos y de sus familiares. Los abogados, por su parte, confirman que se trata de un momento clave.

Valoración “racional” de la prueba

“Cada uno de los recursos presentados está articulado en varios motivos. La cuestión central radica en determinar si se ha realizado –o no– una valoración lógica y racional de la prueba”, explicó a Público una de las abogadas de los acusados, Amaia Izko. En tal sentido, precisó que uno de los puntos principales será precisamente determinar “si la declaración de las personas perjudicadas como única prueba puede sostener una condena”.

Ese es, precisamente, uno de los puntos que subrayaban Unamuno, Martínez de Alda y Abad en la entrevista con este periódico. “En la sentencia solo se refleja la versión de los denunciantes –la que sostuvo COVITE (que ejerció como acusación particular)– sin que haya una prueba objetiva que apoye o ratifique dicha versión, y omite nuestras declaraciones, así como las de los testigos y pruebas que presentamos”, remarcaban. “Si se lee la sentencia, cualquiera podría pensar que en el juicio no hubo ni acusados ni defensa”, añadían.

Agravante de “odio”

La madre de Adur Martínez de Alda considera de vital importancia que el TS revise la aplicación del agravante de odio que figura en la sentencia. Para los magistrados que dictaron la condena, los acusados actuaron “movidos por la animadversión y menosprecio hacia la Guardia Civil y por motivos claramente ideológicos”.

“Es una de las cuestiones más sorprendentes y destacables de la sentencia”, señaló Izko pocas horas antes de la vista en el Supremo. En tal sentido, la letrada considera que en este caso “se trae de modo absolutamente artificial la agravante por discriminación u odio, que está pensada y escrita para proteger a los grupos especialmente vulnerables de actuaciones contra sus derechos”. A su juicio, en el caso de Altsasu se aplica “con la única intención de exacerbar y llevar las condenas al máximo”.

A su juicio, mediante la sentencia contra los jóvenes de la localidad navarra “están tratando de abrir un recorrido para que los delitos de odio, cuya filosofía es otra, sean un instrumento del Estado para blindar la impunidad de los cuerpos policiales y también para que cualquier crítica pueda ser condenada a través de esos tipos penales”. “Todo eso es muy preocupante”, subrayó Izko.

El camino del TEDH

No está claro si la decisión del Supremo se conocerá este mismo miércoles o si tardará algo más en llegar. En cualquier caso, los jóvenes presos y sus familiares prevén llegar al Tribunal Constitucional en caso de que se desestimen sus recursos. Luego quedaría el camino del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), una vía que no transmite tranquilidad a las familias. “Hablar de Estrasburgo significa hablar de ocho o diez años. ¿Y mientras tanto?”, remarca Pozueta.

Apoyo desde Europa

En vísperas de la vista en el TS, las reacciones en torno a este caso han llegado precisamente desde Europa. Tras reunirse con Pozueta y Goikoetxea, parlamentarios de Podemos, IU, EH Bildu, PNV, ERC y Sinn Fèin mostraron su “total apoyo” a los jóvenes de Altsasu y advirtieron sobre “la perplejidad y las denuncias” que provocó este tema “entre muchos sectores políticos, sociales e institucionales en Navarra y en todo el País Vasco”.

Los firmantes del texto conjunto –que fue presentado por las madres y padres de Altsasu y firmado por todos los parlamentarios que asistieron a la reunión mantenida este martes en Estrasburgo– mostraron su esperanza ante la vista en el TS, reclamaron “proporcionalidad, imparcialidad y un juicio justo” e hicieron hincapié en la necesidad de que las sentencias sean “compatibles con los valores europeos, como se destaca en la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE en su artículo 47”, el cual hace alusión precisamente al derecho a un “juicio justo”.

Petición a la Comisión Europea

Asimismo, recordaron que en julio de 2017 “52 eurodiputados de cinco grupos parlamentarios diferentes firmaron una carta solicitando la intervención en el caso del presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, en aras de la proporcionalidad, la equidad y la justicia”. Con esos antecedentes, los firmantes se comprometieron a “realizar un seguimiento del caso de Altsasu y pedir una vez más a la nueva Comisión Europea que vigile de cerca el desarrollo del proceso judicial”.

Precisamente, la europarlamentaria de ERC Diana Riba llevó este asunto al pleno del pasado lunes. En su intervención, la representante catalana pidió a la nueva CE que “tome las medidas necesarias si el Estado español no actúa conforme a la Carta de los Derechos Fundamentales de la UE”.