El ultimátum para designar a dos magistrados para el Tribunal Constitucional antes de los tres meses desde que caducó el mandato de los magistrados salientes no procede directamente del Gobierno, sino de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que en su última redacción, dada el pasado mes de julio, establece ese plazo para la designación de los dos magistrados de la cuota del CGPJ. 

Pero el plazo ha expirado este martes y ni siquiera hay visos de acuerdo en el seno del CGPJ. De hecho, a primera hora de la tarde de este lunes los vocales José Antonio Ballesteros y Carmen Llombart, designados como interlocutores del bloque conservador, aún no habían contactado con los progresistas Álvaro Cuesta, Rafael Mozo y Roser Bach, elegidos por su sector para representarlo en las negociaciones, según ha podido saber este medio. 

Por lo tanto, todo apunta a que el plazo legal será ampliamente sobrepasado. Incluso algunas fuentes apuntan al próximo mes de octubre para la celebración del pleno del CGPJ del que saldrán las dos designaciones. 

Esta vulneración de la ley, por primera vez, escenificada a través del desafío del sector conservador del órgano del gobierno de los jueces no ha contado, de momento, con la respuesta del Gobierno, que parece que esperará a que el Consejo se tome su tiempo para nombrar a los dos magistrados que le corresponde designar para el TC. 

Así lo manifestó este lunes el ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que pidió respeto para el CGPJ, indicando que el Gobierno no se plantea otro escenario distinto a que el órgano de gobierno de los jueces respete la ley  "a pesar de que el PP les esté "instigando" a que no cumpla".

Hace una semana, el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes, advirtió de que no iba a tolerar la rebeldía en el órgano. "Yo he sostenido siempre, a lo largo de mi mandato como presidente (casi nueve años) la institucionalidad y el cumplimiento de la ley. Si se ha aprobado una ley [reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial que restituye la función del CGPJ para la elección de dos magistrados del TC] que nos pueden gustar más o menos las circunstancias en las que se ha aprobado, que eso es otra cosa diferente, y yo, por supuesto, me opongo a que esta institución se declare en rebeldía en relación con la Constitución y con la ley", dijo en tono serio. 

Sin embargo, esa rebeldía se habría fraguado ya, puesto que no se ha respetado el plazo que marca la ley para hacer esos dos nombramientos a los que está obligado el CGPJ. Puede ser cuestión de días y eso no implicaría que se esté incumpliendo la ley, indican fuentes del CGPJ a este diario. Sin embargo, otras fuentes de la institución señalan que se podría estar prolongando "deliberadamente" el proceso para alcanzar un consenso. 

Tras el pleno del pasado día 8, que estaba convocado para consensuar los nombres de los dos candidatos entre el sector conservador y el progresista y que acabó sin acuerdo, el Consejo informó de que no se convocaría un nuevo pleno hasta que no existiese un acuerdo previo entre ambos sectores. 

Por otro lado, La vicepresidenta de la Comisión Europea Vera Jourová ha hecho referencia, en una carta dirigida al presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Lesmes, a la "desesperada situación" en la que se encuentra el Poder Judicial español después de casi cuatro años en funciones y ha asegurado que el correcto funcionamiento de las instituciones del Estado "no debe formar parte del debate político y menos aún ser rehén de ese debate".