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Las consecuencias del Covid-19 Los partidos piden al Gobierno medidas más drásticas y mayor protección social frente al coronavirus

La mayoría de los grupos del Congreso pide ampliar las medidas contenidas en los decretos aprobados por el Gobierno para luchar contra el oivid-19. Los partidos exigen más ayudas sociales, la paralización de toda la actividad laboral que no sea imprescindible y más impuestos para las grandes fortunas y los bancos.

Nadia Calviño en el Congreso
La vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, este miércoles en el Congreso / EFE, pool

"Si a alguien le parecían desmedidas las primeras reformas de los decretos" para luchar contra el coronavirus, "ahora parecen de Perogrullo". Así constataba el diputado de Unidas Podemos Txema Guijarro el cambio de marco y percepción que los grupos parlamentarios de la oposición han experimentado respecto a las medidas para luchar contra el coronavirus.

La gran mayoría de los partidos con representación parlamentaria han exigido al Gobierno este miércoles en el Congreso más medidas de protección social y económica frente a la pandemia y sus consecuencias, así como el endurecimiento de las ya decretadas.

Ninguno de los grupos ha votado en contra de los tres decretos aprobados por el Ejecutivo en las últimas semanas y que contienen las medidas de confinamiento y restricción de movimientos de los ciudadanos, destinadas a reducir el número de contagios diario; así como las medidas económicas para paliar las consecuencias económicas que está provocando la parálisis de la economía.

Desde Bildu, ERC o Más País hasta Ciudadanos o Navarra Suma han exigido más contundencia al Ejecutivo en las medidas de confinamiento y han propuesto una serie de reformas económicas de protección social, ya que entienden que las que se han puesto en marcha son insuficientes. El portavoz de los Republicanos catalanes, Gabriel Rufián, ha advertido que "si no ampliamos desde ya las medidas de estos decretos, la crisis-estafa de 2008 quedará en un juego de niños".

La mayoría de los partidos soberanistas han coincidido en la necesidad de poner en marcha una serie de reformas en el ámbito económico, productivo y fiscal. Entre estas medidas destacan la prohibición de los despidos por motivos económicos durante la emergencia sanitaria (como ha ocurrido en Italia), la moratoria del pago de los alquileres para aquellas personas afectadas por las consecuencias del Covid-19, la paralización de toda la actividad económica "no esencial" y la flexibilización de la regla de gasto para que los ayuntamientos puedan invertir sus superávits para luchar contra el coronavirus.

En materia fiscal, estos grupos han coincidido en la subida de impuestos de manera excepcional a las grandes fortunas y a los bancos. Desde ERC se ha propuesto una "renta de confinamiento para las personas en situación de vulnerabilidad", una medida que "ya está encima de la mesa en Reino Unido", según ha explicado Rufián. También ha exigido un "impuesto solidario de confinamiento sobre aquellas compañías digitales e intermediarias de distribución y reparto que estos días ven aumentar sus ingresos, para plataformas como Glovo".

PP pide una bajada de impuestos para las empresas

Desde Ciudadanos se ha apoyado que se deje a los ayuntamientos invertir su superávit, y que los autónomos no paguen ningún impuesto, incluida la cuota, hasta que se termine la emergencia sanitaria. Su diputada presente en la sesión plenaria, María Muñoz, también ha defendido que la moratoria fiscal anunciada por el Gobierno se extienda a todas las empresas, "independientemente de su tamaño".

El PP, por su parte, ha pedido una reducción del 50% en el Impuesto de Sociedades de todas las empresas afectadas por el Covid-19. También que se amplíe el plazo de presentación del IRPF y se analice la "posibilidad de rescatar los fondos de inversiones". 

"Hemos adoptado las medidas más duras de nuestro entorno", ha insistido la vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Economía, Nadia Calviño, que también ha matizado que el Gobierno trabaja para ampliar las medidas que ya se han puesto en práctica a través de la aprobación de los decretos.