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Emergencia del coronavirus Por qué no es viable el "confinamiento total" de un país como España

Los presidentes autonómicos de Andalucía, Catalunya y Murcia se ponen en evidencia al intentar agitar el panorama político en plena pandemia con planteamientos inconcretos, de dudosa viabilidad y que entrañan riesgos económicos y sanitarios de calado para la población y el sistema productivo.

Un empleado repone fruta en un supermercado
Un empleado repone fruta en un supermercado.

¿Puede resultar viable el "confinamiento completo, no a medias", que reclaman, entre otros, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, el catalán Quim Torra  o el murciano Fernando López Miras? ¿Qué significa, y que consecuencias tendría, "parar el país salvo los servicios esenciales"? Nadie lo sabe, ya que se trata de conceptos tan inconcretos como carentes de definición jurídica, y con una inconsistencia propia del debate político en la era de internet, aunque, por otra parte, no deja de ser la misma con la que este martes rechazaba el ministro de Sanidad, Salvador Illa, endurecer las medidas de confinamiento y restricción de la movilidad derivadas del estado de alarma: "Hay unos servicios esenciales que tienen que seguir funcionando". ¿Y qué son los "servicios esenciales"?

Las propuestas de los tres presidentes autonómicos se enmarcan en el escaso espacio que una pandemia deja para el debate partidista, con una orden firmada pero no publicada en el caso del murciano, ya que las decisiones de ese tipo las toma el Gobierno central, constituido en "autoridad competente" sobre el coronavirus desde la declaración del estado de alarma del 14 de marzo.

"Si los sanitarios y los epidemiólogos dicen que hay que cerrar, hay que cerrar. Eso es una decisión epidemiológica", señala el economista Juan Torres López, catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Sevilla, quien, como el resto de expertos consultados para elaborar esta información, echa en falta un detalle: "Hay que definir qué se entiende por servicios esenciales, ya que no hay una norma objetiva sobre eso. No hay nada escrito. Tendría que definirlo el Gobierno, y ahí entraría lo que entraría".

Los efectos de una medida de ese tipo también pertenecen, en consecuencia, al plano de las incógnitas. "Dependiendo de qué se considera esencial, las consecuencias serían de un tipo u otro", explica Torres, que llama la atención sobre el hecho de que "el impacto económico y social está siendo grave, y lo será más cuantos más cierres haya". No obstante, anota, "la decisión entre lo sanitario y lo económico es moral, no política".

El secretario general de UGT, Pepe Álvarez, se pronunció en una línea similar. Según indicó en una entrevista en la Cadena Ser , se trata de una cuestión "que tienen que resolver los científicos, las personas que tienen conocimiento" y sobre la que "habría que ver cómo y de qué manera" se ponía en práctica. "Hay una parte del país que ya está parado", recordó.

En cualquier caso, las propuestas de Moreno, Torra y López Miras carecen ahora mismo de respaldo. "España ha tomado las medidas más drásticas"  y "tiene un nivel de cumplimiento muy alto", dijo Illa, que añadió que "la mejor medida que podemos adoptar es pedir a los ciudadanos que sigan mostrando ese grado de cumplimiento". La ministra portavoz, María Jesús Montero, deslizó que la salida del confinamiento se realizaría mediante "medidas paulatinas".

Una definición pendiente cuatro décadas después

Sea como sea, la determinación de qué son o en que consisten los servicios esenciales sigue siendo una tarea pendiente de los legisladores españoles cuando ya han pasado más de 40 años desde que les fue encomendada en los artículos 37 y 128 de la Constitución.

"En España no hay una definición de qué son servicios esenciales, que serían los necesarios para ejercer los derechos fundamentales. Eso procede del ámbito laboral y lo ha ido perfilando el Constitucional a base de jurisprudencia en asuntos sobre huelgas y servicios mínimos", explica Alberto Valdez, profesor de Derecho del Trabajo en la Universidad Complutense de Madrid, que añade que a esa definición, o indefinición, se le suma la de las "infraestructuras críticas", que procede de la Ley de Seguridad Nacional.

Esta señala como los "ámbitos de especial interés" para el país aquellos que resulten "básicos para preservar los derechos y libertades, así como el bienestar de los ciudadanos, y para garantizar el suministro de los servicios y recursos esenciales", lo que incluye varios tipos de seguridad como la cibernética, la económica y financiera, la marítima, la del espacio aéreo, la ultraterrestre, la energética y la sanitaria, junto con la preservación del medio ambiente. A estos se les une "la garantía del suministro de recursos energéticos, agua y alimentación, medicamentos y productos sanitarios, o cualesquiera otros servicios y recursos de primera necesidad o de carácter estratégico" por parte de las administraciones.

Esas definiciones incluyen un amplio abanico de sectores, lo mismo que ocurre en el plano laboral con los decretos de servicios mínimos ante las convocatorias de huelgas generales, que son lo más aproximado a un listado de los esenciales. Para la del 30 de enero de este año en Euskadi, su Gobierno autonómico incluyó la sanidad, con sus call center; las emergencias y la seguridad, incluida la Protección Civil y las quitanieves; los servicios sociales, con la atención a los dependientes; la enseñanza, el transporte, el suministro de energía, las telecomunicaciones, los medios de comunicación públicos y la Administración.

Se trata, se mire como se mire, de un listado mucho más escueto que el que figura en el decreto del Gobierno italiano, que establece las normas para el "confinamiento total", y al que parecen apelar los tres presidentes: incluye un total de ochenta actividades económicas entre las que se encuentran el sector agroalimentario (industria incluida), la extracción de carbón y gas, la fabricación de embalajes y la de maquinaria, la industria química, la farmacéutica, la del vidrio y la del plástico, la recogida y el tratamiento de residuos, los trabajos de mantenimiento, el suministro de agua, el transporte por tierra, mar y aire, la venta de alimentos y de prensa, las farmacias o los servicios veterinarios.

Es decir, que, en este ámbito, Italia adopta para endurecer su confinamiento medidas similares a las que el Gobierno de coalición PSOE-UP comenzó a aplicar el día 14.

"¿Cuántos sectores intervienen para producir un bote de garbanzos?"

"Hay que ser sensatos en una situación como esta", destaca Agustín Martín, secretario de la Federación de Industria de CCOO, para quien "el mensaje de parar el país en una situación de grave daño a la economía como esta no tiene sentido. Me parece populista. Me gustaría saber qué es lo que dicen que hay que parar".

En este sentido, apunta que "convendría que cuando se lanzan esas proclamas se dijera claro a qué se refieren, ya que nos podemos encontrar con una pandemia sanitaria superpuesta con otra económica".

"Hay que ser sensatos, y cuando alguien habla de parar algo debería saber de qué habla ¿Plantea el presidente murciano cerrar el sector hortofrutícola y dejar caer las cosechas? ¿Y la industria del plástico? Eso puede crear un problema grave de abastecimiento?", añade, al tiempo que plantea un sencillo ejercicio de toma de conciencia: "¿Cuántos sectores intervienen para que alguien pueda tener en su casa un bote de garbanzos cocidos? La agricultura, la industria agroalimentaria, el vidrio, el metal, el papel, las artes gráficas, el transporte, el comercio, y antes y después la química, el sector energético, y unos cuantos más. Se puede entender que la industria del vidrío o la del plástico no son esenciales, claro, pero si nos quedamos sin envases…".

David Pac, sociólogo de la Universidad de Zaragoza, destaca que "el sector primario en esencial", al tiempo que alerta sobre el riesgo que entrañan algunas decisiones, como, por ejemplo, las consecuencias sanitarias de una eventual mortandad masiva de cabezas de ganado ante un cierre del sector agropecuario o, también, los efectos que puede tener en el futuro la suspensión de pruebas e intervenciones sanitarias que la pandemia impide llevar a cabo. 

"El político se aferra al científico, pero eso se cae"

Para el sociólogo, "los límites de lo que se considera esencial varían, se mueven; depende de si miras a lo sanitario o a lo económico y lo social, y la decisión que se tome ahora puede tener consecuencias en la salud en el futuro".

Así, anota, "ni los propios técnicos se ponen de acuerdo en qué es esencial. La definición de ‘esencial’ viene condicionada por el modelo epidemiológico que se decide seguir". Sin embargo, añade, "los políticos se aferran a los científicos para salvaguardar sus decisiones, pero eso se cae porque entre los científicos no hay un criterio unánime sino que hay varios distintos".

"¿Dónde está la frontera entre esencial y no esencial?", plantea, también en la misma línea, Valdez, para quien "hemos superado con creces el estado de alarma y estamos acercándonos al de excepción con las restricciones a la movilidad". "El país no es viable sin servicios como la alimentación o el transporte; sí podría haber una reducción drástica, pero no un cierre", añade, mientras pone sobre la mesa los requerimientos que tendría el aprovisionamiento previo a ese confinamiento total.

Torres, por su parte, coincide con Martín en apuntar la necesidad de reorientar la producción de algunas fábricas locales hacia artículos de primera necesidad en el ámbito sanitario, ya que el aumento de la demanda a nivel global por la expansión de la pandemia puede provocar fallos en la cadena de suministros.