Este artículo se publicó hace 3 años.
¿Qué consecuencias tendría la victoria de los presos del 'procés' en el Tribunal de Estrasburgo?
Expertos juristas vaticinan el éxito en las demandas ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos y auguran fuertes indemnizaciones del Estado español a los condenados del 'procés', además del impedimento para juzgar a Puigdemont si finalmente se anula la
Madrid-
Con los indultos a la vuelta de la esquina para los líderes independentistas catalanes condenados por sedición en el juicio del 'procés', la presión sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) parece que flojea: una vez que los presos hayan recuperado la libertad, el Tribunal de Estrasburgo ya no tendrá urgencia para resolver los recursos de los condenados.
Así lo consideran los juristas consultados por Público, que vaticinan el éxito para las demandas que lleguen a Estrasburgo contra las condenas de entre 13 y 9 años de prisión para los líderes independentistas por el referéndum del 1-O. "Pero que no haya urgencia por los inminentes indultos no significa que las consecuencias de una previsible condena a España por la sentencia del 'procés' sean menores o que no haya que tenerlas muy en cuenta", opina José Antonio Martín Pallín, magistrado emérito del Tribunal Supremo. Este eminente jurista advierte del carácter histórico del asunto que debe resolver Estrasburgo: "En sus más de 60 años, el TEDH no ha tenido un caso igual que la condena por sedición del 'procés': una condena por un proceso anunciado en una campaña electoral, la de 2015, y votado en un parlamento".
Martín Pallín cree que "por su naturaleza tan excepcional, el Tribunal de Estrasburgo va a abocar este asunto a Sala Plena para darle mayor rapidez"; y augura "fuertes indemnizaciones para los condenados", si el TEDH anula la sentencia.
De momento, son dos los presos independentistas catalanes que han recurrido al Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Jordi Cuixart, presidente de la entidad Òmnium Cultural, condenado a nueve años de prisión, y el exconsejero Jordi Turull, condenado a doce; ambos por sendos delitos de sedición. En ambos casos, pese a que el Tribunal Constitucional (TC) les dio la espalda en sus recursos, cuentan con el voto particular esgrimido por dos magistrados que razonaron que sus condenas fueron "desproporcionadas".
El plazo normal para que el TEDH resuelva está en cuatro o cinco años. Para Javier Pérez Royo, catedrático de Derecho Constitucional en la Universidad de Sevilla, ya no hay prisa y descarta que Estrasburgo considere que dentro de dos años habrá elecciones generales en España. "No es un asunto que le preocupe al TEDH; en todo caso, si su sentencia contraria a España se dicta antes de las elecciones, el perjudicado, sin duda, será el Partido Popular", sostiene Pérez Royo.
Retraso 'deliberado' del TC
Las posibles consecuencias de un sentencia estimatoria del Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen más encaje en un sentido moral que en la práctica, según apunta el profesor de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla Joaquín Urías. "La sentencia de Estrasburgo puede llevar a la anulación de la sentencia condenatoria, pero no es algo automático, sino que tienen que pedirlo los afectados y puede tardar un tiempo (ellos piden la anulación al Supremo y éste tiene que tramitarlo). En la práctica, lo más probable es que para entonces la sentencia del TEDH solo les sirva para anular la pena de inhabilitación, o incluso ni eso", dice Urías.
Este jurista incide en la importancia de los tiempos. "De hecho, el retraso deliberado del Tribunal Constitucional en resolver los recursos de amparo de los condenados del 'procés' después se admitirlos tiene toda la pinta de una maniobra para dilatar el procedimiento y quitarle efectos a una eventual sentencia estimatoria europea".
El especial caso de los 'Jordis'
Para el catedrático Pérez Royo, la sentencia del 'procés' es una "monstruosidad jurídica", típica de un "dudoso" Estado de Derecho y compara a España con países tales como Rusia, Hungría y Turquía, a cuyos tribunales de Justicia el TEDH ha desautorizado en más de una ocasión. "Concretamente por su interpretación del derecho de reunión incompatible con la democracia", dice este jurista, que pone el foco en la "vulneración del derecho de reunión" de los 'Jordis', Jordi Sànchez, líder de la Assemblea Nacional Catalana (ANC), y el presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. "Claramente se ha vulnerado su derecho de reunión. Ellos no adoptaron ninguna decisión política, porque pertenecían a la sociedad civil. Los magistrados del Supremo y los del Tribunal Constitucional saben perfectamente que Estrasburgo va a tumbar la condena por vulneración de derechos fundamentales".
Lo mismo opina José Antonio Martín Pallín, que destaca la calidad del voto discrepante de los magistrados María Luisa Balaguer y Juan Antonio Xiol en la reciente sentencia del Tribunal Constitucional que avaló la condena a los 'Jordis'. El voto particular de ambos magistrados destaca que el fallo supone una amenaza de "empobrecer nuestra democracia", además de situar a España en la órbita de "sociedades disciplinadas por el abuso del sistema penal en la represión de conductas que se desenvuelven en el ámbito de los derechos fundamentales".
Consecuencias para Puigdemont
Si el TEDH les da la razón, los líderes independentistas podrían solicitar al Estado español una indemnización por mal funcionamiento de la Justicia; y para que se anulara su condena, tendrían que instar al tribunal sentenciador, es decir, al Supremo, para que procediera a revisar su sentencia y dejar sin efecto las penas, incluidas las inhabilitaciones, por el delito de sedición, que para entonces podría estar ya reformado, con una considerable rebaja de las penas que conlleva, tal y como planea hacer el Gobierno.
Pero otra de las consecuencias que puede tener una posible condena a España por la sentencia del 'procés' afecta directamente al expresidente catalán Carles Puigdemont. "Sería muy difícil procesar a Puigdemont si se anulan las sentencias de los líderes del 'procés'", sostiene Pérez Royo, que incide en que la reciente medida del Tribunal General de la UE admitiendo las medidas cautelares solicitadas por Puigdemont y otros dos eurodiputados de Junts que, así, conservan, de momento, su inmunidad parlamentaria "es algo histórico e indicativo de que quizá no se pueda proceder contra Puigdemont", indica este jurista.
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