Los sobres, las balas, las amenazas, la confusión, el clima distópico, azuzado por la insensibilidad y la xenofobia de la ultraderecha, a la que el PP –y Ciudadanos– blanquean día a día, se ha adueñado de nuevo de la campaña electoral en Madrid.

Fernando Grande Marlaska, ministro del Interior, María Gámez, directora de la Guardia Civil, Pablo Iglesias –por dos veces–, líder de Unidas Podemos, Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad y candidata del PP, y José Luis Rodríguez Zapatero, expresidente del Gobierno, han recibido o iban a recibir sobres con munición dentro, inequívocas amenazas de muerte. A Reyes Maroto le fue enviada una navaja aparentemente ensangrentada.

"Esas balas van dirigidas contra la convivencia, contra la democracia. Debemos detener esta espiral de odio que ataca directamente a nuestros valores. No permitamos que la rabia se instale en la sociedad", escribió el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en su cuenta de Twitter.

Para Pablo Iglesias, el asunto está claro: "¿Tú crees que nos atacarían, insultarían, mentirían sobre nosotros y amenazarían si estuviéramos proponiendo bajar los impuestos, privatizar más la sanidad y la educación y protegiéramos los intereses de los especuladores inmobiliarios? Pues claro que no. Si nos llevan atacando 7 años, nos montaron las cloacas y ahora intensifican sus ataques recurriendo a la deshumanización, el odio y amenaza fascista es por las cosas que proponemos y porque saben que les podemos ganar".

"En España no hay un problema de convivencia sino un problema de polarización instigada por un Gobierno desesperado porque va a perder estrepitosamente las elecciones en la Comunidad de Madrid", dijo Pablo Casado, presidente del PP. Luego, instó a tomárselo con "serenidad".

Las elecciones de Madrid se han transformado, de este modo, en un desconcierto en el que las propuestas –que los líderes siguen planteando acto tras acto– han quedado oxidadas en una atmósfera tóxica, en la que Díaz Ayuso, que va en cabeza, evita perderse. Este miércoles soltó una de sus perlas –"puedes cambiar de empresa y puedes cambiar de pareja y no volver a encontrártela nunca más", lo que "es libertad"– en una entrevista en Onda Cero, que tuvo entretenida a mucha gente.

Mónica García, la candidata de Más Madrid, tal vez la que más incomoda a la presidenta, la pilló al vuelo y replicó: "Que no te cruces con tu expareja por la calle... En su caso no tiene problema porque su pareja siempre ha sido la ultraderecha". "Vivir a la madrileña es otra cosa: es empatía, solidaridad, cuidados, una Comunidad abierta en la que no se discrimina a nadie, en la que unos y otros se encuentran en la calle sin que el odio y la intolerancia sean parte del Consejo de Gobierno", agregó García.

La presidenta tiene claro su objetivo: todos los votos posibles. Y si le toca entenderse con Vox, sin problemas, lo tiene claro –"no he visto en Vox barbaridades que sí están cometiendo muchos líderes de Podemos"–. Entre otras cosas, por eso convocó las elecciones, para merendarse a Ciudadanos, el que hasta entonces era su socio de Gobierno.

García lo expresó con estas palabras: "La que ha convocado elecciones para ir con la señora [Rocío] Monasterio [candidata de Vox] es ella. La que tiene una pulsión de gobierno con la ultraderecha es la señora Ayuso. La que tendría que abstenerse es ella. Ella tiene una pulsión a la ultraderecha, nosotros una repulsión".

Impuestos y una carta

En medio de este enredo, que está por ver qué consecuencias provoca –¿desaparecerán las cartas amenazadoras? ¿Cuándo? ¿Mañana? ¿Cuando termine la campaña? ¿Cuando deje de hablarse de ellas, como ha dicho Ayuso? ¿Será correcta la reflexión del ministro José Luis Ábalos: "las acciones vienen siempre precedidas por los discursos"?– y el efecto electoral que va a tener –los partidos de izquierda no dan ni mucho menos por perdido el partido y van a echar el resto hasta el 4 de mayo, martes, día de la votación: Iglesias confió en una movilización masiva–, el candidato de Ciudadanos, Edmundo Bal, cuyo partido se juega la vida en estos comicios, metió la cabeza por primera vez en la campaña y envió una carta a los demás líderes con un pacto por el "respeto y la conciliación" frente a la violencia.

Ángel Gabilondo, el candidato del PSOE, le respondió en Antena 3 que le parece bien que haga una carta, pero que él tiene "otra que mostrar", que es "toda una vida luchando por los acuerdos, el consenso y la convivencia" ante algunos que le miraban "como ingenuo".

"¿Firmaría un manifiesto contra la crispación? Sí pero es un poco una estrategia de Ciudadanos abstracta. Es un manifiesto a favor de la paz pero ¿en qué se manifiesta eso?", se preguntó García. "¿Eso qué? ¿Luego qué hacemos? ¿Pactamos con Vox?, partido al que acusó de haber "puesto con su política de odio al colectivo LGTBI en la diana, a los menores no acompañados, a las mujeres, a la violencia machista". "¿El señor Edmundo Bal haría lo mismo que Ciudadanos en el gobierno anterior con el PP y la supervisión de Vox? Aterricemos las cosas, no seamos cínicos", remachó, en una entrevista en la cadena Ser.

Antes de que las balas y las amenazas –amplificadas por la resistencia de la ultraderecha a empatizar con sus rivales políticos– se adueñaran de la campaña, uno de los temas a debate, uno capital y que permite comparar propuestas y modelos de sociedad, era el de los impuestos y los servicios públicos que podrían financiarse con ellos en función de su configuración. Unidas Podemos lo recuperó este miércoles y criticó que los "privilegios fiscales" a las rentas altas aplicados por el PP en la Comunidad de Madrid suponen una merma de ingresos superior a los 4.100 millones de euros anuales, según recoge Europa Press.

Eso supone que ese "paraíso fiscal", a juicio de Unidas Podemos, haya generado que, pese a tener la mayor renta per cápita del país, los servicios públicos se hayan visto "erosionados", sobre todo en lo referido al gasto sanitario. Sostiene el área económica de Podemos que esos beneficios fiscales aplicados por el PP en Madrid, se concentran en el Impuesto de Sucesiones y Donaciones –2.663 millones de euros–, Patrimonio –996 millones– e IRPF –504 millones– que se acumulan "en manos de la población que más recursos tiene".