"Este 12 de mayo se decidirá si quién lidera el país es un president de Catalunya o un delegado de la Moncloa". Con esta frase fijaba su estrategia, en un acto preelectoral, el president de la Generalitat y candidato de ERC a las elecciones catalanas, Pere Aragonès.

Y es que ERC basará su estrategia electoral en la confrontación con el PSC más que con Junts, en una pugna demoscópica en que los socialistas van en primer lugar y los republicanos se disputan el segundo y tercer puesto con los de Puigdemont de forma muy ajustada. El candidato socialista, Salvador Illa, mantiene una estrategia de menor polarización dado el primer lugar destacado en las encuestas y Puigdemont ha centralizado de momento las críticas en ERC pugnando por la hegemonía del independentismo.

Pero las catalanas serán unas elecciones donde primaran cuestiones muy centrales en Catalunya. Temas como el sistema de financiación para la Generalitat, la defensa del catalán, el traspaso de Rodalies, las infraestructuras e inversiones, la limitación a los precios de la vivienda o la resolución del conflicto político entre Catalunya y el Estado, centrarán buena parte de la campaña. En especial respecto a la confrontación entre republicanos y socialistas, pero donde Puigdemont se verá también obligado a fajarse.

Todas las fuerzas políticas defenderán obviamente su modelo para Catalunya pero es especialmente relevante en el caso de los tres candidatos con opciones a la presidencia de la Generalitat. Y Aragonès, como president en funciones, quiere contrastar especialmente con el candidato socialista y jefe de la oposición, Salvador Illa, cada vez más destacado en las encuestas, en lo que se refiere a propuestas de país, dado que Puigdemont no está en el día a día de la gestión del país y plantea una campaña más identitaria en clave de restitución de la presidencia que ostentaba en 2017, cuando fue destituido mediante el artículo 155 de la Constitución.

Para afrontar los grandes retos que tiene planteados Catalunya, la Generalitat necesita instrumentos que dependen del Estado y que deben ser o activados o traspasados. Y en Esquerra tienen el convencimiento de que uno de los puntos débiles de Illa y el PSC es que para conseguir que el Gobierno español ceda en muchos de los temas de gestión que hay sobre la mesa se requiere una presión que los socialistas catalanes, si Illa es president, no podrán ejercer respecto a un Gobierno encabezado por el PSOE como el de Pedro Sánchez. Mientras que Esquerra sí tiene herramientas de presión dada la coyuntura aritmética del Congreso de los Diputados. Junts también tendría esta capacidad de presión con el Gobierno español, pero los republicanos intentarán focalizar en los déficits del candidato Puigdemont en los temas de gestión, después de más de seis años en el exilio.

Sistema de financiación

Para ERC, el sistema de financiación "singular" para Catalunya que ha redactado la consellera Natàlia Mas Guix es una de las principales banderas de campaña. A grandes rasgos se basa en que la Generalitat pase a recaudar el 100% de los impuestos y se establezca un cupo por los servicios del Estado, al estilo del País Vasco, pero añadiendo una cuota pactada para la solidaridad interterritorial.

Respecto a Junts la propuesta de recaudación del 100% de los impuestos está incluida en el pacto de investidura con el PSOE como una opción a explorar, pero sin concretar poco más. El PSC se mantiene en la defensa de una mejora de la financiación pero rechaza la propuesta de los republicanos junto al PSOE y apuestan por un modelo conjunto pactado entre todas las comunidades.

Ello ha despertado ya las duras críticas del president en funciones, Pere Aragonès contra Salvador Illa. Aragonès acusa a Illa de defender los intereses de los barones socialistas, el Gobierno español y los barones autonómicos del PP en el debate sobre la financiación de Catalunya, una propuesta que asegura que cuenta con un "amplísimo apoyo".

En cambio Illa aseguraba este domingo en una entrevista en La Vanguardia: "Con toda humildad, el único president de la Generalitat que puede conseguir una financiación justa y efectiva, que aporte más recursos a Catalunya soy yo mismo y es lo que haré. Negociando, con lealtad y sin buscar privilegios". El PSC apuesta por desarrollar el consorcio tributario que ya se incluye en el Estatut y que permitiría un acuerdo con el Estado para la mejora de la financiación.

Rodalies

El desastroso servicio ferroviario en el interior de Catalunya, tanto el de Rodalies del área metropolitana de Barcelona como el regional que conecta las principales ciudades catalanas, también será un punto clave para la estrategia de Esquerra. El Govern de ERC incluyó en el acuerdo de investidura de Pedro Sánchez el traspaso "integral" de este importantísimo servicio de transporte público. Pero su complejidad hace que en estos momentos todo esté aún en un punto muy incipiente. Los republicanos aseguran que una presidencia socialista no tendrá la capacidad de presión para contrarrestar las muchas reticencias que en Madrid y en Renfe hay para culminar el complejo traspaso.

La lentitud necesaria en un traspaso que debe hacerse por fases lleva a Junts a descalificar el acuerdo y minimizarlo considerándolo absolutamente insuficiente. Por su parte, los republicanos responsabilizan al PSC del mal servició que presta Rodalies ya que es responsabilidad del Gobierno estatal del PSOE, mientras el PSC defiende que los problemas que sufre Rodalies son fruto de la endémica desinversión provocada por los gobiernos del PP que el Gobierno actual de Pedro Sánchez, aseguran, está compensando.

Inversión en infraestructuras

El elevado déficit inversor en las infraestructuras catalanas por parte del Estado es un clásico que volverá en esta campaña. Especialmente en lo que se refiere a la baja cifra de ejecución presupuestaria, en la cola de las comunidades autónomas del Estado y muy por debajo de las de Madrid. En 2022 el Estado sólo ejecutó el 42,6% de lo que estaba presupuestado en Catalunya, mientras que en Madrid lo hizo en un 166%.

Aragonès arremete también contra los socialistas: "Quien defenderá a Catalunya en términos de inversión no serán los partidos que lleven incumpliéndolo en los últimos cuatro años", en referencia al PSOE. Por su parte, El PSC responde que "las inversiones del Estado en Catalunya han aumentado muchísimo con los gobiernos socialistas", en palabras de Illa, i sitúan el incremento en un 40%. En cuanto a Junts, comparte con ERC las críticas a los socialistas por el bajo nivel inversor en Catalunya pero responsabiliza a ERC de no haber forzado más al Gobierno estatal en la legislatura pasada cuando era clave para la gobernabilidad.

La defensa del catalán

El catalán siempre es materia sensible en la política catalana. Ya hace tiempo que se rompió el pacto tácito de no utilizar la lengua en la confrontación política y en las contiendas electorales. Y seguramente también en la campaña para el 12 de mayo estará presente la cuestión lingüística, a pesar de que ERC, Junts y PSC coincidieron en la reforma legislativa que permite mantener blindada la inmersión lingüística en las escuelas frente a la ofensiva judicial de sectores españolistas.

El PSC aprobó en su reciente Congreso una ponencia de impulso del trilingüismo (catalán, castellano e inglés) con el objetivo de "desactivar la lengua como una fuente de conflicto partidista e identitario". Un concepto muy parecido al que ha estado utilizando durante la última década Ciudadanos en su cruzada contra el catalán. Tanto ERC como Junts consideran que la política lingüística de la Generalitat debe focalizarse en la defensa e impulso del catalán como lengua débil y con importantes descensos en su uso social.

Ambos partidos independentistas están de acuerdo, pero se lanzan críticas mutuas por su respectiva acción al frente de la política lingüística de la Generalitat. Aragonès es tajante en su crítica a Illa en este tema: "No necesitamos un delegado de la Moncloa que deje de lado el catalán y apueste por el trilingüismo".

Vivienda

El nuevo índice del precio del alquiler de la vivienda en las zonas tensionadas también fijará una fuerte confrontación entre republicanos y socialistas. El Govern de ERC enviará un requerimiento al Gobierno estatal socialista para reclamar que en la aplicación del tope del precio del alquiler se combine el índice catalán y el español y no sólo éste último, que incluye un baremo con un índice mínimo y uno máximo. Según fuentes de la Generalitat, éste es el paso previo a la presentación de un contencioso administrativo en la Audiencia Nacional si el Ministerio de la Vivienda no da respuesta en el plazo estimado. El pleito podría llegar a las puertas de la campaña electoral del 12 de mayo.

El Govern de la Generalitat sostiene que el hecho de que se aplique un índice homogéneo para todo el Estado contraviene la disposición adicional primera de la propia ley española de la vivienda y asegura que una combinación de ambos índices permitiría abaratar más el precio del alquiler. El Govern de Esquerra ha liderado este tema convirtiendo a Catalunya en la única comunidad que ha puesto en marcha los mecanismos que prevé la nueva ley de la vivienda estatal. Por su parte Junts se mantiene en contra de los topes en los precios del alquiler que considera contraproducentes, porque según defienden los de Puigdemont provocará la retirada de pisos de alquiler del mercado, generando más dificultades a los usuarios para encontrar pisos disponibles.

Resolución del conflicto político

Finalmente, aunque el independentismo intentará fijar también su estrategia de campaña en el conflicto político entre Catalunya y el Estado, todo apunta que este será un tema a tener en cuenta, pero no central como lo ha venido siendo desde las elecciones al Parlament del 2012. La amnistía no será un punto de controversia entre los tres grandes partidos catalanes, dado que surge de un pacto a tres bandas entre socialistas, ERC y Junts. En cualquier caso habrá más disputa por atribuirse la autoría e impulso de la ley que otra cosa.

La confrontación entre los tres grandes partidos con aspiraciones presidenciales en Catalunya vendrá en este ámbito respecto a las consecuencias de la amnistía. Tanto para ERC como Junts, esta ley es el paso previo e imprescindible para afrontar la resolución del conflicto por una "vía democrática". ERC ya hace tiempo que plantea la necesidad de un referéndum acordado entre la Generalitat y el Estado, y ahora Junts también se suma a esta propuesta después de haber defendido durante la legislatura española pasada la unilateralidad. En el acuerdo con el PSOE, Junts incluso incluye que el referéndum sería constitucional.

Y la polémica sobre una posible negociación de ERC y Junts con el PSOE para un referéndum de autodeterminación acordado ya ha hecho acto de presencia en la precampaña. Tanto el propio Carles Puigdemont por parte de Junts, como la secretaria general de Esquerra, Marta Rovira, aseguran que en sus respectivas negociaciones con el PSOE en Ginebra ya se está tratando sobre el referéndum acordado. Desde el PSOE, niegan la mayor de forma tajante: "El PSOE no está en ninguna negociación que hable de ruptura, de referendo y de divisiones", asegura la portavoz del partido Esther Peña, que atribuye las declaraciones sobre el referéndum de ERC y Junts a la coyuntura electoral y la disputa entre ERC y Junts por la hegemonía en el independentismo.

Desde el PSC se defenderá la bondad de la amnistía para "recuperar la convivencia en Catalunya". Aunque los votantes socialistas están muy divididos respecto a la aceptación de la amnistía no parece que ello afecte a las aspiraciones electorales de los socialistas, que apostarán como proyecto para Catalunya por el "desarrollo estatutario", de un Estatut que se aprobó en 2006 y que se ha mantenido en la UCI desde que fue recortado por el Tribunal Constitucional en 2010.