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Financiación de Vox Vox incumplió la ley de financiación de partidos: usó una cuenta personal para recaudar fondos

El coordinador de la formación en Cartagena, Luis Armada Dorda, utilizaba una cuenta bancaria distinta a la abierta por el partido. Esto supone una infracción "muy grave", según dicta la Ley Orgánica de Financiación de Partidos (LOFP). 

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Imagen de la inauguración de la sede de Vox en Cartagena. /Vox Cartagena

El coordinador de Vox en Cartagena, Luis Armada Dorda, utilizaba una cuenta bancaria distinta a la abierta por el partido para la recaudación de impuestos, según ha informado La Marea. Esto supone una infracción "muy grave", según dicta la Ley Orgánica de Financiación de Partidos (LOFP), que en su artículo 4.2.b especifica que las donaciones solo podrán realizarse en cuentas específicas para este fin. De este modo, el partido ultraderechista podría ser sancionado por el Tribunal de Cuentas.

Según informa el citado diario, Luis Armada, con el conocimiento del secretario de Vox en Murcia, Francisco Carrera, y de Pascual Salvador, presidente de Vox en la misma comunidad autónoma, creó una cuenta personal a la que llamaron "la hucha". La cuota oficial de este partido es de nueve euros, cuando los afiliados la pagan este dinero va directo a las cuentas de la formación en Madrid, pero, luego de esa cantidad se derivan cinco euros a las cuentas de Vox en Murcia. El partido se niega a aclarar si tenían conocimiento sobre estas prácticas irregulares. 

Pero las irregularidades continúan. Luis Armada le dio a una militante los datos personales de los afiliados para llevar a cabo una campaña de recaudación de fondos. Algunos miembros del partido, no contentos con esta actuación, le pidieron explicaciones a Armada, pero él se negó a responder. 

Los miembros que se mostraron en contra protestaron ante el partido a nivel nacional y han escrito a la presidente de Vox en Madrid, Rocío Monasterio para informarle de la situación irregular que se vive en Cartagena. 

Hace 11 años Luis Armanda formaba parte del PP de Madrid y ya para entonces contaba con un historial judicial por actuaciones presumiblemente irregulares o al menos controvertidas, como que se autoconcedió una licencia para la reforma de su palacete familiar, en el número 9 de la madrileña calle de La Bola, que en 2002, siendo ya gerente de Urbanismo, le permitió levantar una planta más en un edificio protegido.

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