El fiscal de Huelva encargado de la sección de Delitos de Odio y Contra la Discriminación considera "profundamente desafortunadas" las declaraciones sobre la migración que hizo en redes sociales el alcalde del municipio fresero de Cartaya, Manuel Barroso, especialmente por la "relevancia pública y social" de quien las hace. Sin embargo, ha archivado la denuncia por un presunto delito de incitación al odio presentada contra él por una organización humanitaria, al entender que las expresiones no son suficientemente graves ni reiteradas, según la resolución de las diligencias a la que ha tenido acceso Público. 

En la denuncia presentada ante la Fiscalía onubense por la asociación La Carpa, que ha llevado toneladas de enseres, comida y agua a los asentamientos de temporeros extranjeros de los municipios freseros de Huelva sin acceso a vivienda, se adjuntaba la transcripción de las declaraciones que el alcalde popular hizo en un vídeo publicado en su cuenta de Facebook el pasado 23 de junio, en el cual exhibe cuchillos, destornilladores, barras de hierro y otras herramientas que identificó, según él, como armas incautadas a migrantes en situación irregular. 

En ese vídeo, el alcalde responde a las manifestaciones de la subdelegada del Gobierno en Huelva, María José Rico, quien había tachado de "irresponsables" y "xenófobas" unas declaraciones previas del regidor municipal realizadas en otro vídeo grabado en el despacho de la alcaldía el 20 de junio, donde Manuel Barroso muestra su indignación tras el apuñalamiento del propietario de una imprenta de su municipio, que resultó herido grave. 

"Tenemos un gran problema en Cartaya, en Andalucía, en España, al que no se está poniendo remedio. Estamos desesperados, muchos alcaldes de muchos grupos políticos. La desesperación es bestial", dice en el vídeo Barroso, que culpa de la situación al Gobierno de Pedro Sánchez. "Tenemos gente durmiendo en los polígonos, en las plazoletas, en las calles mendigando. Son personas que se dedican solo a delinquir, a hacer el mal. Están saturando la sanidad, la educación. Es tanto el daño que nos está haciendo que no podemos hacer absolutamente nada, porque el Gobierno de España no echa a nadie", añade el alcalde. 

En la misma grabación subida a las redes sociales, Manuel Barroso afirma, sin ninguna prueba o dato que lo respalde, que "el 80% de los delitos" que se cometen en Cartaya son de "personas ilegales que están delinquiendo para sobrevivir". "Tenemos una inmigración ilegal que viene a hacer daño nada más. ¿Qué hacemos los alcaldes con estas personas que vienen a destrozar nuestros municipios? Los padres están asustados, no pueden dejar solos a sus hijos por la calle, porque la inmigración ilegal no para de hacer daño", concluye el regidor municipal. 

Sin embargo, solo un día después de haber recibido la denuncia contra el alcalde cartayero, trasladada por el fiscal jefe de Huelva, el fiscal delegado de Delitos de Odio y Contra la Discriminación, Pablo Belda, firmó el decreto de archivo de las diligencias de investigación al entender que no concurren en las palabras del regidor municipal factores determinantes para la comisión de un delito de incitación al odio por razones xenófobas, contemplado en el artículo 510 del Código Penal. 

La argumentación de la Fiscalía   

El fiscal considera que los hechos enjuiciados son "atípicos", en primer lugar, por el contexto de las declaraciones denunciadas: "Se enmarcan -dice- en una alocución del alcalde de la localidad de Cartaya, dirigida a la ciudadanía, en relación con ciertos hechos indiciariamente cometidos por personas en situación irregular en España. Y si bien es cierto que el denunciado utiliza expresiones que parecen confundir dos fenómenos de naturaleza diferente, como son la delincuencia y la inmigración irregular, ha de reseñarse que, en todo momento, el denunciado muestra su preocupación por el fenómeno de la delincuencia, sin pretender culpar de aquella a toda la población inmigrante", precisa en el decreto de archivo de las diligencias. 

Entiende el fiscal delegado de Delitos de Odio que el alcalde (PP), pretendía "más bien dirigir una crítica a las políticas del Gobierno central en materia de inmigración irregular", al señalar que es el ejecutivo de Pedro Sánchez (PSOE), el que tiene que buscar una solución al problema. 

A juicio del Ministerio Público, el alcalde de Cartaya tampoco utilizó de forma reiterada durante la grabación del vídeo las expresiones que califica como "profundamente desafortunadas", reiteración o persistencia que, subraya, resulta determinante para, de acuerdo con la jurisprudencia, apreciar la concurrencia del delito de incitación al odio. 

En los fundamentos de derecho del decreto, el fiscal Belda incorpora una sentencia del Tribunal Supremo del 19 de mayo de 2022, en la que se exige que las expresiones vertidas contra una persona sean "graves". "No todo mensaje inaceptable o que ocasiona el normal rechazo de la inmensa mayoría de la ciudadanía ha de ser tratado como delictivo por el hecho de no hallar cobertura bajo la libertad de expresión", cita expresamente el fiscal del fallo del Alto Tribunal. 

En el decreto de la Fiscalía no se entran a valorar, en cambio, las imágenes del alcalde exhibiendo sobre una mesa cuchillos, alicates, destornilladores y otras herramientas, que, según él, habían sido intervenidas por la policía como "armas" a migrantes en situación irregular, a quienes en todo momento denomina como "ilegales". En un momento de la grabación, Barroso muestra a la cámara un cuchillo de gran tamaño que, asegura, se le ha requisado a uno de esos migrantes. "Lo máximo que podemos hacer -dice- es quitárselo en la comisaría. No podemos ni denunciarlo. Lo mínimo que deberíamos hacer es mandarlo a su país". 

El presidente de la asociación que ha presentado la denuncia, Alfonso Romera, se ha mostrado sorprendido por la celeridad con la que la fiscalía ha resuelto su denuncia, lo que a su entender, podría dar a entender que se ha hecho un estudio del caso de una manera "muy superficial" para una investigación y un delito de "esta magnitud". El responsable de La Carpa había advertido, al presentar la denuncia, de la supuesta ilegalidad en la que había incurrido el alcalde al mostrar en un vídeo de una red social unas armas intervenidas en operaciones de las fuerzas de seguridad y que, por tanto, deberían de estar bajo custodia policial o judicial. 

Además de la subdelegada del Gobierno en Huelva, el sindicato CCOO y la formación de IU en Cartaya criticaron duramente las declaraciones del alcalde del PP. La secretaria general provincial de ese sindicato, Julia Perea, mostró su "más absoluto rechazo" por un discurso que tachó de "insolidario y xenófobo, que deshumaniza a las personas migrantes". Por su parte, Izquierda Unida anunció que iba a presentar también una denuncia ante la fiscalía por las declaraciones del mandatario municipal, que enmarcó en una "espiral de violencia verbal sin precedentes".