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El Gobierno andaluz pone en marcha rebajas fiscales en contra de las últimas recomendaciones internacionales

El Parlamento autonómico aprueba con los votos de Vox, PP y Ciudadanos reducir los impuestos de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados mientras se tramitan deducciones en IRPF, se profundiza en la supresión del Impuesto de Sucesiones y se tocan las tasas al juego. El impacto total, según el Ejecutivo, será de 329 millones

El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo (PP), este miércoles en el Parlamento de Andalucía.
El consejero andaluz de Hacienda, Juan Bravo (PP), este miércoles en el Parlamento de Andalucía. Parlamento de Andalucía

El Gobierno andaluz, formado por una coalición de PP y Ciudadanos, en pleno deterioro de los servicios sanitarios públicos y universales a causa de la pandemia, ha decidido proseguir –de acuerdo con su socio parlamentario Vox– con las rebajas fiscales de tenor ideológico que patrocina desde que llegó al poder a principios de 2019.

Expresiones como "sablazos"; "meter la mano en el bolsillo del contribuyente"; "esto no va de ideología, va de Andalucía"; "uno tiende a subir impuestos cuando no saben gestionar"; "al bajar impuestos, recaudamos más"; "nosotros somos de bajar impuestos"; "no sé cuánto más le quieren quitar [a las rentas más altas]" pronunciadas por portavoces de la derecha y del gobierno, se escucharon este miércoles en el Parlamento de Andalucía.

Las decisiones del Ejecutivo que preside Juanma Moreno (PP), pactadas con su socio Vox, se producen en la dirección contraria a la de las últimas recomendaciones de los organismos internacionales –FMI, OCDE– que salvaguardan la ortodoxia económica, y de la propia administración Biden en EEUU. Ahora, lo que toca, según estas instituciones, es atender la desigualdad y recaudar lo necesario para poder hacer frente a los estragos de la covid.

Así dice, por ejemplo, el último informe monitor, la biblia fiscal del FMI: "Las respuestas de política económica deben reconocer los distintos aspectos de la desigualdad (ingreso, riqueza, oportunidades) que se refuerzan mutuamente y crean un círculo vicioso. […] Las economías avanzadas pueden incrementar la progresividad de la tributación del ingreso y aumentar el recurso a impuestos sobre sucesiones/donaciones y la tributación inmobiliaria. También pueden considerarse contribuciones para la recuperación de la Covid-19 e impuestos sobre beneficios empresariales "excesivos". Pueden plantearse también impuestos sobre el patrimonio si las medidas anteriores no son suficientes".

Los planes del gabinete de Moreno son exactamente los contrarios a lo que recomienda el FMI para las "economías avanzadas", entre las que se considera que está la española. El Gobierno andaluz ha decidido mantener la reducción de las progresividad acometida en 2019 en el IRPF, profundizar en la supresión del impuesto de sucesiones y donaciones y bajar el impuesto del patrimonio para contribuyentes con discapacidad. Y también tocar la tributación inmobiliaria, el impuesto para algunos medios de transporte, y las tasas al juego. Todo ello viene recogido –además de en las regulaciones aprobadas en el año 2019– en las que están ahora en tramitación en el Parlamento y que aun no se han aprobado.

De momento, este miércoles, Vox convalidó un decreto-ley del gobierno que  rebaja el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) al 7% del valor de la compraventa y el de Actos Jurídicos Documentados (AJD) al 1,2%. Esto supone un ahorro, por un lado, para todos los compradores, pero será mayor cuanto más caro sea. Así, para un inmueble valorado en 120.000 euros, el comprador se ahorra 1.200 euros; si es de 180.000 euros, 1.800 euros; para uno de 600.000 euros, 8.000, y para otro de 1.200.000, 25.000 euros. El impuesto de actos jurídicos lo pagan los bancos, con lo cual es una rebaja para esas entidades, como recordó el diputado Guzmán Ahumada, portavoz de Unidas Podemos.

La derecha defendió en la Cámara con uñas y dientes su política fiscal, que llega además en un contexto en que el déficit del Estado se ha disparado para permitir que las comunidades autónomas, responsables de la sanidad, pudieran hacer frente a la pandemia. Sin embargo, el Gobierno andaluz lleva tiempo asegurando que es su buena gestión la que permite abordar una rebaja fiscal en este momento. La secretaria general del PP andaluz, Loles López, fue muy clara: "[Nos dicen:] ¿Para qué quieren el superávit? Para bajar impuestos y que el dinero esté en el bolsillo del contribuyente", dijo. 

Un fondo buitre

El Gobierno andaluz defiende que la reforma del ITP y el AJD sitúa los tipos en el mismo nivel que había en el año 2011 y que pretende "impulsar la reactivación del sector inmobiliario" e "incentivar la oferta de obra nueva a precios más asequibles, mediante la reducción de los costes fiscales", según manifestó el consejero de Hacienda y Financiación Europea, Juan Bravo.

"Imaginemos lo que deja de pagar un fondo buitre que compre de segunda mano promociones o urbanizaciones enteras... Hablamos de millones de euros", dijo el portavoz del PSOE, Antonio Ramírez de Arellano.

Bravo, por su parte, defiende que Andalucía era hasta 2019 una de las comunidades con "mayor presión fiscal". El objetivo declarado del Ejecutivo con estas amplias rebajas, que afectan a todas las capas sociales –aunque benefician más a quien más tiene, o más gasta– es doble: impulsar la demanda interna, "sobre la base de mayor disponibilidad de rentas", y atraer "fuentes de riqueza deslocalizadas".

El Gobierno afirma que su amplia rebaja fiscal, que contiene variadas deducciones en la cuota autonómica del IRPF tiene claros componentes "sociales", como "favorecer el acceso a la vivienda, desarrollar políticas de apoyo a las familias, a los jóvenes, a las víctimas de violencia doméstica –el uso de este término por el consejero Bravo provocó una polémica con Ahumada, el portavoz de IU– y a las víctimas del terrorismo". En total, el Ejecutivo calcula que el impacto para las arcas públicas de las deducciones, bonificaciones y bajas en los tipos, será de unos 329 millones de euros.

Para Ramírez de Arellano, el Gobierno "utiliza los impuestos como un objetivo político y no como un instrumento de política económica": "Emplean en la fiscalidad una dialéctica irresponsable de medias verades, que tiene beneficiarios siempre muy concretos". 

Para el portavoz del PSOE, la reforma fiscal no va a afectar a las clases trabajadoras. "Veamos las consecuencias, por ejemplo, en el IRPF. Con una renta de 20.000 euros, el ahorro es sólo 63 euros de cuota fija, pero si usted pertenece al muy exclusivo club andaluz de los 160.000 euros de renta, su tipo marginal habrá bajado 2,4 puntos y se habrá ahorrado 1.728 euros. Una tomadura de pelo. Una renta solo 8 veces superior tiene un ahorro fiscal más de 30 veces más grande. No engañan a los andaluces, que al terminar esta legislatura se preguntarán: ¿Y qué me ha tocado a mí de la bajada masiva de impuestos? Y descubrirán la realidad", remachó Arellano

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