La Guardia Civil se aferra a una causa judicial ya cerrada para no dar datos sobre la muerte impune de Mikel Zabalza

Un túnel largo, oscuro y sin final. Desde hace 34 años y siete meses, los familiares de Mikel Zabalza se preguntan quiénes, cómo y por qué. Y desde hace 34 años y siete meses, confirman que el Estado no tiene ni una sola respuesta para ninguna de sus preguntas sobre la extraña muerte de ese joven, que apareció ahogado en el río Bidasoa tras su paso por el cuartel de Intxaurrondo. No hay respuestas ni tampoco luz: en un expediente redactado en junio pasado, la Dirección General de la Guardia Civil se resiste a aportar, vía Ley de Transparencia, la documentación relativa a este caso.

26 de noviembre de 1985. Madrugada. Agentes de la Guardia Civil entran a la vivienda del barrio donostiarra de Alza donde vivía Mikel Zabalza, un joven de 33 años oriundo de Orbaizeta (Navarra). En aquel operativo, enmarcado en la "lucha antiterrorista", la Benemérita detuvo también a Idoia Aierbe, novia de Zabalza, y a un primo de éste, Manuel Bizkai. En el marco de aquella redada también fue detenido Ion Arretxe, quien trascendería como un conocido escritor vasco. Ellos volvieron a ver la luz del día. Mikel apareció 20 días después flotando en el Bidasoa.

Arretxe, fallecido en marzo de 2017, contó que durante el periodo en el que estuvieron en Intxaurrondo escuchó gritos de dolor. "Alguna vez algún guardia civil dirá qué le pasó a Mikel Zabalza", afirmó el escritor en un sentido discurso pronunciado en 2015, durante el acto por los 30 años de aquel caso.    

Nunca se supo oficialmente qué ocurrió con Mikel. La versión difundida entonces señalaba que el joven se había escapado y, en esa fuga, terminó ahogándose. Su cuerpo apareció 20 días después en un lugar que, supuestamente, ya había sido examinado por los agentes a cargo de su búsqueda. "¿Cómo se explica que no le encontraran en el primer rastreo?", preguntó una periodista al entonces responsable de Interior, José Barrionuevo. "Me parece que es una pregunta que habrá que realizar a quien sea experto en submarinismo", respondió el ministro.

Distintas investigaciones periodísticas –fundamentalmente de Egin, Diario 16 y El Mundo– apuntaban hacia las presuntas responsabilidades de la Guardia Civil en la muerte de este joven. En concreto, se relacionó a los agentes Enrique Dorado y Felipe Bayo, condenados en otros procedimientos relacionados con crímenes del GAL. "Según testigos presenciales, Zabalza murió mientras Dorado Villalobos y Bayo Leal le practicaban la bañera", reveló El Mundo a finales de octubre de 1995.

Causa cerrada

Los tribunales tampoco echaron luz sobre el asunto. En abril de 1988, el juez Antonio Giménez Pericás dio por buena la versión de la Guardia Civil y decretó el archivo de la causa. En noviembre de 1995, el juez Fernando Andreu –entonces titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Donostia, en el que se encontraba archivado el caso– ordenó la reapertura. Casi quince años después, en junio de 2010, la Audiencia Provincial de Gipuzkoa confirmó nuevamente el archivo de la investigación sin que se aclarase lo sucedido ni se determinasen responsabilidades.

La causa está, por tanto, cerrada. Sin embargo, la Guardia Civil afirma a día de hoy lo contrario para rechazar el pedido de información formulado vía Ley de Transparencia por un ciudadano o ciudadana cuya identidad no aparece en el documento recogido por Público.

"Necesitamos información relacionada con su arresto, desaparición y muerte", remarcaba la petición

El 9 de marzo de 2020, el Gabinete Técnico de la Dirección General de la Benemérita recibió una solicitud a través del portal de Transparencia, en la que se requería "toda la documentación y expedientes relativos al caso de Mikel Zabalza". "Necesitamos información relacionada con su arresto, desaparición y muerte", remarcaba la petición.

La resolución de la Guardia Civil fue emitida el 11 de junio de 2020 y está firmada por el General de División Manuel Llamas Fernández, jefe del Gabinete Técnico. En dicha respuesta, la Guardia Civil rechaza aportar dicha información alegando que "la documentación solicitada forma parte de la instrucción de las diligencias". 

"En el año 1995 se acordó la reapertura de las citadas diligencias y por Auto de 23 de septiembre de 1997 se convirtieron en el Sumario 3/97. Por lo tanto, al existir un procedimiento judicial abierto, toda la información que se facilite al respecto, puede conllevar una injerencia perjudicial para el buen fin de las investigaciones", sostiene Llamas, obviando en su respuesta que la causa en los juzgados está ya cerrada. Unos párrafos después alega desconocer "el estado en el que se encuentra el procedimiento", cuyo archivo fue publicado en distintos medios de prensa en 2010.

En las últimas horas, Público ha tenido acceso al mencionado sumario judicial, al final del cual consta precisamente su archivo. Este periódico se ha puesto en contacto con el área de Prensa de la Guardia Civil para conocer su valoración sobre este asunto. De momento no ha habido respuesta.

"Alto grado de protección"

En su resolución, el jefe del Gabinete Técnico también asegura que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) "reconoce el carácter reservado de las informaciones policiales que puedan afectar al funcionamiento de los cuerpos policiales en varias sentencias, las cuales son vinculantes para los Estados Miembros".

En concreto, cita una sentencia relativa a un caso proveniente de Países Bajos para remarcar que "en virtud de las tareas confiadas a los servicios de seguridad interior hay que reconocer que éstos gozan de un alto grado de protección en lo relativo a la divulgación de las informaciones que afecten a sus actividades".